En septiembre pasado, el entonces magistrado provincial había acusado a un integrante de la Corte provincial por tráfico de influencias y fue destituido.
Tras la destitución en Tucumán del juez Enrique Pedicone, la ONU alertó
sobre la independencia del poder judicial en esta provincia y generó un
pedido de informes al Jurado de Enjuiciamiento, la Corte y el Gobierno. El 6 de
septiembre del 2020 el ex juez de impugnaciones Enrique Pedicone acusó
al juez de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva, por tráfico de influencias, coacción y violación a
los deberes de funcionario público.
Según la denuncia del ex juez había grabadas
dos charlas que tuvieron lugar –la primera-- el 28 de julio pasado, en su
propio despacho en un primer contacto y luego en un bar de la capital tucumana.
Posteriormente ambas grabaciones fueron puestas a disposición de la Fiscalía de
Delitos Complejos.
Leiva le habría pedido al camarista que “regulara
la intensidad” del manejo de un expediente de una causa a Ricardo
Bussi, líder del bloque de Fuerza Republicana en la Legislatura local.
Este complejo proceso que implicó denuncias
cruzadas para ambos magistrados, terminó con la decisión, en un trámite
polémico y veloz de parte del jurado de enjuiciamiento que habría
respondido al vicegobernador Osvaldo Jaldo, de destituir al ahora ex juez de
impugnaciones.
Esto generó de parte de Pedicone y sus
abogados defensores cuestionamientos a la independencia del sistema judicial
tucumano y la atención de parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos que por tercera vez en dos años hace
un pedido de informe a la provincia.
Este, sin embargo, es la primera vez que
la ONU expresa su preocupación por las condiciones de imparcialidad que
habría en la Justicia tucumana. Michelle Bachelet, busca echar luz sobre la
denuncia de Enrique Pedicone, destituido el 17 de febrero último.
Desde la ONU a la Cancillería
Diego
García-Sayán, relator especial de la ONU para la Independencia de los
Magistrados y Abogados, expresó en el comunicado enviado el 24 de febrero al
ministro de Exteriores de la Nación, Felipe Solá: “Quisiera llamar la atención urgente de su
Gobierno sobre la información que he recibido en relación con el proceso de
destitución del juez Pedicone, que se alega fue iniciado por no resolver diversos casos de acuerdo a las instrucciones
recibidas por un alto funcionario de la Corte Suprema” y
añade: “Sin perjuicio de la veracidad de las alegaciones recibidas, quisiera
expresar mi profunda preocupación por la expulsión de Pedicone supuestamente
por no resolver diversos asuntos de conformidad con las presiones e
intromisiones del vocal de la Corte, y por denunciar dichas interferencias en
el ejercicio de su actividad jurisdiccional”.
El comunicado al ministro y jefe de la diplomacia nacional hace hincapié en que “si resultara cierta la alegación, habría una clara violación al principio de independencia judicial según el cual los jueces deben resolver los asuntos con imparcialidad, basados en hechos y en consonancia con el derecho; sin restricción alguna, y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo”.
Fuente: TN - Rodrigo Alegre / José Inesta