"El presidente Alberto Fernández propuso ‘hambre cero’ en Argentina y para eso es la puesta en marcha de la tarjeta alimentaria que va a ser un soporte a los grupos sociales más vulnerables, para la gente que más lo necesita”, expresó Manzur en conferencia de prensa.

El Primer Mandatario recordó que “son 70 mil tarjetas, 70 mil familias que serán asistidas en Tucumán por este programa nacional con un aporte mensual de $354 millones de pesos” que ingresarán a la economía local.

“Este es el trabajo en conjunto entre la Nación y la Provincia que ya se empieza a cristalizar en este acto concreto. Es un primer paso muy importante y va a permitir generar una inyección de recursos y una ayuda a muchas familias que lo necesitan”, agregó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindará este miércoles en la Cámara de Diputados un informe sobre la ley de reestructuración de la deuda pública en una sesión especial en la que responderá preguntas de la oposición y el mismo día que una misión del FMI llega a la Argentina en el marco de la negociación sobre el endeudamiento que impulsa el gobierno.

 

Guzmán se referirá a la sustentabilidad de la deuda, una semana después de que el Senado aprobara por unanimidad la ley de Restauración de la Sostenibilidad.

Cómo será la sesión especial

Guzmán se presentará a las 17 en el recinto de Diputados para brindar un informe de alrededor de una hora sobre la ley sancionada por el Congreso la semana pasada, en medio de la negociación que emprendió el gobierno de Fernández con los acreedores para reestructurar la deuda pública.

Ante los legisladores, el ministro se referirá a la sustentabilidad de la deuda, una semana después de que el Senado aprobó por unanimidad la ley de Restauración de la Sostenibilidad.

La intención del gobierno nacional es presentar a fines de marzo su propuesta a los deudores y, en ese sentido, Guzmán dará a conocer ante los diputados cómo está compuesta la deuda y su historia.

Fuentes parlamentarias precisaron que Guzmán irá al plenario acompañado por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre.

El papel de la oposición

El Interbloque de Juntos por el Cambio anticipó que participará de la sesión, aunque aclaró que sus integrantes no hablarán en el recinto y que se referirán al encuentro en una conferencia de prensa posterior.

En un comunicado emitido tras una reunión realizada esta noche, la principal bancada opositora dejó así en evidencia su malestar con el formato dispuesto por el oficialismo para la sesión en la que el funcionario expondrá ante los diputados.

Esa saga comenzó el lunes, cuando los integrantes de Juntos por el Cambio amagaron con abandonar una reunión de presidentes de bloque para definir los tiempos de cada bancada para expresarse y realizar las preguntas al equipo económico, disgustados "por los escasos minutos" que se les asignaban.

La llegada de la misión del FMI

La sesión informativa de Guzmán en la Cámara baja, desusada en el Parlamento en el caso de un ministro de Economía, se llevará a cabo el mismo día en que arriba al país una misión del FMI en el marco de la negociación con el equipo económico, y en una jornada en la que agrupaciones de izquierda programaron protestas contra el pago de la deuda.

El Ruso no podrá contar con Fabián Monzón para enfrentar al equipo boliviano, el lateral sufrió una contractura en el recto anterior y quedó descartado para jugar mañana. Nicolás Aguirre  tampoco estará a disposición de Zielinski, el volante continúa recuperándose de la lesión que sufrió en el partido ante Defensa y Justica.

 

El Decano debe ganar el encuentro por una diferencia de tres goles o más para avanzar a la próxima etapa, quien espera por el ganador del DIM de Colombia y Deportivo Tachira de Venezuela, el conjunto ‘Cafetero’ ganó en la ida por 4-0. 

La nómina completa de convocados es la siguiente: Cristian Lucchetti, Guillermo Ortiz, Gustavo Toledo, Federico Bravo, Marcelo Ortiz, Tomás Cuello, Guillermo Acosta, Leandro Díaz, Matías Alustiza, José Fernández, Lucas Melano, Dylan Gissi, Gabriel Risso Patrón, Yonathan Cabral, Ariel Rojas, Leonardo Heredia, Augusto Lotti, Cristian Erbes, Javier Toledo, Ramiro Carrera, Alejandro Sánchez y Camilo Albornoz.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recortó el presupuesto del programa de salud Refuerzo Estival y disparó así la crisis que derivó en, hasta el momento, ocho niños wichi muertos y cientos en riesgo extremo. Con el Memorándum 5/20 del ministerio de Salud provincial, se estableció que los médicos debían pagar de su sueldo los gastos de viáticos, traslado y alojamiento si querían acceder a lugares alejados de los centros urbanos para atender a las comunidades más vulnerables.

Los recortes de Sáenz afectaron a la base aérea sanitaria ubicada en el aeropuerto de General Mosconi, los viáticos de los médicos, camionetas cargadas de alimentos, vehículos cisterna para abastecer de agua potable a las distintas localidades -uno de los principales problemas de la comunidad wichi y pueblos originarios salteños-, entre otros gastos que disminuyeron en casi seis millones de pesos el presupuesto de Refuerzo Estival. Este programa se encarga de acceder a los pueblos más alejados, en áreas rurales, que debe reforzarse en verano con el crecimiento del monte.

La ministra de Salud de Sáenz, Josefina Medrano, firmó el polémico Memorándum el 6 de enero y dispuso que a partir de ese día “se informa que la movilidad en cuanto a los destinos asignados a los Profesionales Asistentes para el año de devolución posterior al Ciclo Docente Básico queda a cargo del profesional, quedando sin efecto la competencia de traslado a cargo del Ministerio. Cualquier incumplimiento de lo aquí dispuesto será responsabilidad del profesional”.

Los profesionales residentes pidieron una audiencia con las autoridades pero lo único que consiguieron fueron reuniones individuales usadas como "estrategias de manipulación y hostigamiento apelando a las situaciones personales de cada uno/a, incluso responsabilizando a compañeros de los posibles eventos adversos que pudieran suscitarse en las diferentes Áreas Operativas si no accedían a ir”. Las zonas más vulnerables están lejos de los centros urbanos y con acceso restringido por lo que si el Estado no cubre los costos, es prácticamente imposible asistir.

Los residentes deben viajar dos semanas al mes a sus destinos designados en el interior y otras dos semanas en hospitales de cabecera en la capital. Pero con esta decisión, acceder a los sitios vulnerables de la provincia -como San Martín, Santa Victoria Este, Rivadavia, Orán- pasó a depender de sus propios ingresos.

Para acompañar el crecimiento de la villa en materia turística, Sebastian Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo, ha impulsado una serie de obras de revalorización en la Gruta de Lourdes, las cuales se inauguraron recientemente -junto al vicegobernador Osvaldo Jaldo– y conforman el Parque Interpretativo San Pedro. Este nuevo espacio, fue escenario de miles de fieles que se acercaron a celebrar la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, y que se espera, sigan confluyendo hasta la finalización de la misma.

Para la edición de este año del Festival del Quesillo la cartelera contará con artistas como Lázaro Caballero, Guitarreros, Los Arrieros, Marisol Martínez, Renzo Rumilla, Melina, Maxi Mendieta, Dualma, Christian Herrera & Matacos y Silvina Rosa, entre otros. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en www.paseshow.com.ar .

Con una temporada de verano que resalta y que ya posiciona a la Sucursal del Cielo como uno de los destinos de mayor éxito con una ocupación hotelera del 77% durante todo el mes de enero y picos que escalaron hasta el 99%, este festival congregará a cientos de turistas y tucumanos a disfrutar de los exquisitos productos regionales al son del folclore.

Además, desde la comuna local, se desarrollan obras en conjunto con otros organismos del Gobierno de Tucumán con el fin de renovar la terminal de ómnibus, para mayor comodidad, con nuevos sanitarios, y crear un espacio propio para los artesanos, entre otros trabajos.

La investigación judicial que analiza irregularidades en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), bajo la gestión de Mauricio Macri, quedó reorientada este, tras la incorporación de nuevos elementos de prueba a la causa, a develar si existió o no “un sistema de corrupción” al que se desviaron los fondos subejecutados para el fomento del cine, según denunciaron diferentes entidades de cineastas.

Cuatro denuncias fueron promovidas el año pasado por Documentalistas Argentinos (DOCA), Directores Independientes de Cine (DIC) y la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI) sobre incumplimientos a la Ley de Cine y apuntan al ex presidente del Instituto, Ralph Haiek, y el ex gerente general, Juan Francisco García Aramburu.

En la última semana, se sumaron nuevos elementos de prueba sobre el destino final de los fondos, por lo que, ahora, los denunciantes afirman que, además de la “malversación de fondos”, hay elementos para acreditar “un sistema doloso de corrupción y propaganda”.

En diálogo con Télam, Juan Mascaró, presidente de DOCA, precisó: "Hay pruebas suficientes en contra de Haiek para que se lo llame a declaración indagatoria. Estamos seguros de que durante el desarrollo del proceso se seguirán encontrando pruebas a través del relevamiento que tiene que hacer la propia Justicia, con la que la gestión actual del Incaa prometió colaborar”.

A raíz de las denuncias, hay cuatro expedientes abiertos en los juzgados federales de Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello, Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo, pero fuentes de Comodoro Py observaron que, "más tarde o más temprano, las investigaciones derivarán en una causa integral que acumule a todas".

Si bien los denunciantes señalan múltiples hechos por diferentes incumplimientos de la Ley de Cine, en todos los casos están relacionados con una subejecución de los fondos de fomento que, afirman, alcanza los 800 millones de pesos.

En la documentación a la que accedió Télam se observan como principales imputaciones a Haiek y Aramburu el incumplimiento de la ley que obliga a destinar el 50 por ciento de los fondos de fomento del cine al subsidio de películas nacionales, la negativa a otorgar créditos en los dos últimos años de gestión y el abandono del control sobre las salas de exhibición que tienen que cumplir con una cuota mínima de películas nacionales.

Por esos hechos, se señalan los delitos de “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “malversación de fondos”, que tienen penas de hasta dos años de prisión.

Pero DOCA, APRI y DIC esta semana fueron más allá y ahora enfatizan sobre el destino venal de ese dinero no invertido.

“Se organizó y perfeccionó un sistema doloso de corrupción” y, como parte de él se destinó a “pagar los pasajes en primera clase de los funcionarios del Incaa, sobreprecios en contrataciones y en obras innecesarias, especialmente las del cine Gaumont, en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica)” y en las contrataciones para el Festival de Mar del Plata y Ventana Sur”, consigna la denuncia.

En ese sentido, Mascaró explicó: “Hay un dinero del que tendrán que dar respuesta, que no se sabe dónde está y que tiene que ver con la subejecución de los rubros de los gastos del instituto, el que iba a la producción cinematográfica y a los gastos y presupuestos que desde las asociaciones nos negamos a aprobar porque los balances no tenían detalle interno”.

Las denuncias son previas a la llegada a la presidencia del Incaa del cineasta Luis Puenzo, quien adelantó la promoción de una auditoría interna y colaboración con el proceso judicial. El nuevo titular se negó a suscribir el balance 2019 que le legó la administración anterior.

Las irregularidades en las contrataciones incluyen en la documentación exhibida a la justicia datos de color: el pago de 300.000 pesos por un pato inflable para colocar sobre el lobo marino de la Rambla de Mar del Plata, en la edición 2017 del Festival Internacional de Cine de esa Ciudad, o el gasto de 2 millones de pesos en cajas de navidad en una cantidad que duplica el número de trabajadores del Instituto.

Para el presidente de DOCA, el Incaa fue "históricamente un territorio de impunidad" y afirmó sobre ese punto: "Pareciera que las cosas se pueden hacer sin demasiado control por la autarquía y autonomía que tiene. Cada vez que cambia la gestión hay un borrón y cuenta nueva, no se audita ni se controla lo que hizo la anterior y eso para nosotros es inaceptable".

Mascaró analizó que la existencia de una investigación judicial en curso significará "una forma de control tácito a cualquier gestión y nuestro seguimiento desde el lugar de realizadores sobre un dinero que pertenece a todos y que debe ser democratizado con una lógica más distributiva del plan de fomento”.

Las entidades denunciantes solicitaron constituirse como querellantes en todas las investigaciones judiciales y el pedido deberá resolverse en los cuatro juzgados federales actuantes en los próximos días.

Las lluvias y tormentas pueden generar un aumento en la aparición de animales ponzoñosos. Por este motivo, Salud recomienda prestar especial atención a los cuidados que cada ciudadano debe tomar como medidas preventivas.

La jefa del Programa Integrado de Salud, Graciela Lavado, se refirió al tema y expresó: ¨Se puede distinguir la aparición de alimañas según la zona: en la ciudad generalmente aparecen arañas y alacranes en las viviendas, por lo que la gente debe tratar de tener su hogar lo más limpio posible para no atraer la aparición de las mismas. Y en áreas rurales, existen más posibilidades de aparición de víboras, por lo tanto, se recomienda que la población no ande descalza y, en el caso de ser picados que se coloque hielo como antiinflamatorio¨.

Con respecto a cómo actuar ante la picadura de cualquiera de estos, Lavado recomendó recurrir al centro sanitario más cercano a su domicilio. ¨El Sistema de Salud está preparado y tiene en stock sueros anti arácnidos, anti escorpiones y los hospitales de cabecera, cuentan con sueros antiofídicos para tratar estos casos¨, aseguró.

Los hospitales que poseen antiveneno son:

Hospital del Niño Jesús

Hospital Padilla

Hospital Centro de Salud

Hospital de Monteros

Hospital Regional de Concepción

Hospital Eva Perón

Hospital Avellaneda

Hospital de Tafí del Valle

 

Para prevenir accidentes por escorpionismo:

Tapar todos los resumideros (baño, cocina, patio) o colocar rejilla de trama fina.

 

Fumigar las viviendas utilizando compuestos de comprobada efectividad contra arácnidos.

 

No acumular basura, escombros, madera.

 

Ante un accidente acudir lo antes posible al centro asistencial más próximo.

 

Desinfectar las viviendas periódicamente. Evitar la acumulación de escombros, ladrillos o maderas.

 

Sacudir las sábanas antes de acostarse, ubicar las camas alejadas de paredes y cortinas.

 

No caminar descalzo, revisar el calzado y la vestimenta antes de usarla.

 

Ante la picadura de un alacrán se recomienda:

No entrar en pánico, no esperar a tener síntomas y acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

 

De ser posible, llevar el ejemplar para que pueda ser identificado a fines de realizar el tratamiento adecuado.

 

Para evitar la presencia de serpientes es necesario:

Limpiar las malezas de los alrededores de las viviendas.

 

No introducir las manos entre los arbustos, huecos de árboles o grietas.

 

Usar pantalones con botamanga ancha y botas.

 

Para evitar la presencia de arañas es necesario:

Limpiar la vivienda periódicamente.

 

Dejar las camas separadas de las paredes.

 

No colgar ropas en las paredes, es necesario examinar y sacudir las prendas y calzados antes de usarlo.

Examinar todo objeto que pueda ofrecer albergue de arañas e inspeccionar 

cuidadosamente los medios de locomoción y transporte (vehículos, bolsos y valijas).

 

Tener precaución al remover escombros, troncos caídos y piedras.

 

No introducir las manos en huecos de árboles, paredes o debajo de piedras.

“Fue una reunión altamente positiva donde se proyectaron obras en beneficio de la provincia y también para potenciar a toda la región”, deslizó el mandatario tucumano. Ambos coincidieron en estructurar una Argentina federal donde no haya “centros ni periferias”.

Por otra parte, en horas de la siesta, el titular del Ejecutivo tucumano visitó al ministro del Interior, Wado de Pedro (foto izquierda), con quien trazó un análisis de la situación actual de la provincia y las líneas de acción para el corto y mediano plazo.

"Con muchísima expectativa esperamos el impacto de la Tarjeta Alimentar en Tucumán para cuidar y contener a muchas familias en la provincia. Desde el Gobierno estamos haciendo un trabajo junto con la Cámara de Supermercadistas y el Centro de Industriales Panaderos, a través de la Dirección de Comercio Interior, para poder mejorar la oferta de productos en cuanto a los precios, para que de esta manera se pueda acceder a la mayor cantidad de productos alimentarios, acompañado siempre por el asesoramiento desde lo nutricional y el uso de la tarjeta”, expresó Vargas Aignasse tras el encuentro.

La ministra agregó que se espera que la tarjeta “no solo sea un beneficio individual para las familias que la vayan a recibir, que la necesitan y mucho, sino también un impacto para la economía local, para los distintos sectores, que debe ir acompañado de no solamente del uso correcto de la tarjeta, sino también de una modificación de hábitos y costumbres en lo nutricional”.

Yedlin, por su parte, aseguró: “La tarjeta va a comenzar a repartirse en toda nuestra provincia este miércoles, luego de una firma de convenio que estará encabezada por el gobernador Juan Manzur y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Es muy bueno el ejemplo solidario que dan estas empresas, al igual que todos los sectores con los que conversamos que se mostraron predispuestos a colaborar. En este caso puntual no sólo quieren colaborar sino generar oportunidades de ofertas y descuentos”. “Son 300 millones de pesos por mes que llegarán a la provincia para el consumo de la gente”, remarcó el ministro.

En menos de un mes, en Salta, fallecieron por desnutrición seis niñxs pertenecientes a distintas comunidades wichís. El Ministerio de Salud Pública de Salta emitió un comunicado donde responsabiliza a lxs madres y padres, mientras que el secretario de Servicios de Salud, Antonio de Los Ríos, redujo la problemática a una "cuestión cultural" y sostuvo que "esconden a los enfermos en el monte". Sin embargo, la realidad desmiente las versiones oficiales. La escasez de agua potable, la pobreza estructural y la falta de acceso al sistema de salud son las verdaderas causas de estas muertes. El genocidio indígena continúa cuando el Estado abandona a las comunidades. 

El 21 de enero, un bebé wichí de ocho meses falleció en Tartagal por desnutrición. Murió en el hospital Juan Domingo Perón. La familia pertenecía a la comunidad originaria de Las Vertientes, municipio de Santa Victoria Este. Tres días después, en la sección “Noticias” de la página oficial del Ministerio, se publicó una nota titulada “Por consulta tardía fallece un menor wichí en Tartagal” y en el desarrollo de la misma afirma que “la familia negó la atención oportuna”. Misteriosamente, la nota fue eliminada de la web.

A este comunicado se le suman los dichos del secretario de Los Ríos, quien dejó clara su postura que denota racismo y desprecio por la cultura de la comunidad: “En realidad no son muertes por desnutrición, sino que la desnutrición es un componente más en el cuadro clínico de los niños. Esto ocurre por múltiples factores relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichís, que son reacias a la atención médica”. Pero nada dijo sobre la falta de acceso a educación, agua potable, vivienda digna y salud. Nada dijo sobre el lugar donde viven las familias, alejadas de todos los centros urbanos, sin ningún tipo de contención.

LA TIERRA DEL OLVIDO ESTATAL

El último fallecimiento en menos de un mes trascendió el domingo pasado: el niño tenía un año y 10 meses y pertenecía a la comunidad wichí El Tráfico, cercana a Embarcación, ciudad del departamento General José de San Martín.

Vicente Gilberto es el presidente de la comunidad donde murió el niño y le cuenta a Cítrica cómo sucedieron los hechos: "El bebé estaba internado en el hospital San Roque de Embarcación y le dieron el alta, pero no estaba curado. La mamá lo llevó a visitar a unos familiares a la localidad Los Blancos y a los pocos días tuvieron que volver a llevarlo al hospital porque cada vez estaba peor. Desde Los Blancos lo trasladaron a Morio y luego de vuelta a Embarcación, pero desgraciadamente la ambulancia tenía fallas y el bebé murió en el camino. Tardaron demasiado y no resistió. Yo también soy wichí y es mentira que nosotros no llevamos a nuestros niños al hospital, ¿cómo vamos a dejar morir a nuestros hijos? El problema es que nosotros nunca recibimos ayuda”.

Mientras Vicente cuenta por teléfono lo sucedido, a su lado está Amalia Pedro, la mamá del niño fallecido; tiene 20 años y el dolor de haber perdido a su único hijo. Agradece el interés y cuenta que para sobrevivir le pide agua a sus vecinos, porque su casa está muy alejada de las zonas donde hay “cañerías”. Con la voz baja y entrecortada, cuenta: "Mi hijito estuvo internado tres días, le hicieron análisis. Me dijeron que no tenía nada y le dieron el alta, pero él seguía débil y decaído. Estoy muy mal".

Graciela Mendoza, presidenta de la comunidad, asegura que en su barrio hay más niños desnutridos, en estado grave, y explica las deficiencias del sistema de salud salteño: "Aquí siempre pasa los mismo, les dan el alta a los chicos, pero no están curados. Internan un día al chico, le ponen suero, nada más, y al otro día le dan el alta, o si no te dan una receta para comprar medicamento, pero nosotros no tenemos plata, los remedios son carísimos y no nos alcanza. El salario universal que reciben los chicos es de dos mil pesos, no alcanza para nada. Acá en la comunidad algunos toman agua contaminada porque solo hay una bomba para cuatro barrios y no da abasto. Son más de 400 familias y así se enferman los chicos”.

Después de conocer las declaraciones del secretario de Servicios de Salud, Graciela le responde: "Es mentira que la gente de la comunidad no lleva a sus hijos al hospital, ninguna mamá va a querer que se muera su hijo. Lo que pasa cuando llegan al hospital es que no hay medicamento, le dan suero, algún calmante y los mandan a la casa. Ahí tienen recaídas y como están con bajas defensas, por más que coman, toman agua contaminada. Estamos muy preocupados y en una situación de emergencia. Esperan que los chicos mueran para venir a vernos. Hace años que no recibimos ayuda de ningún gobierno ni provincial ni nacional".

CONVIVIR CON LA MUERTE

Modesto Rojas es cacique de la comunidad wichí Fwolit, ubicada a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Nacional N° 86, en la localidad de Tartagal, y coordinador zonal de la Asociación Indígena República Argentina (AIRA). Vive cerca de las comunidades donde fallecieron otros tres niños; uno era de la comunidad wichí La Mora 1, el otro de Misión El Quebrachal de Ballivián, departamento de San Martín, y el tercero de Santa Victoria, departamento de Rivadavia. Los tres presentaban signos de malnutrición. 

Semanas atrás, entrevistado por Cítrica, Rojas contaba la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas de Salta: "Dentro de las comunidades originarias no hay agua, no hay comida, no hay trabajo. Nos sentimos muy abandonados por el Estado. Hay comunidades enteras sin agua potable, están a 60 kilómetros de la ciudad de Tartagal, y hay otras que toman agua de las represas o de las cañadas que están contaminadas con bidones de veneno que tiran los empresarios que fumigan los campos de soja y porotos. En vez de quemar ese veneno, lo tiran en las cañadas de corredero de agua; eso pasa en las comunidades wichí de Guamache y Retiro, toda esa gente está sufriendo y hay muchas familias desocupadas. Hay mucha gente indocumentada”. 

¿Cuál es la relación del Estado con esas personas? “Yo, como dirigente, sé que hay más de 700 personas que no tienen DNI. A veces vienen a las comunidades autoridades de Provincia y Nación diciendo que van hacer los documentos, pero en realidad nos entregan una constancia que dice que está en trámite. Hay gente que tiene ese papel desde 2009 y hoy todavía están esperando su documento. Mi preocupación más grande es qué va a pasar con toda esa gente que no tiene DNI y por eso jamás van a recibir una ayuda social. Hay padres y madres que no tienen documento y cuando nace otro hijo y van al registro, no lo aceptan porque ellos también están indocumentados”.

Hubo una cuarta muerte, el 17 de enero, como menciona la agencia de noticias Pelota de Trapo: “La nenita tenía dos años y 8 meses. Murió tras ser trasladada de Morillo (en Rivadavia Banda Norte) al hospital de Orán. Tenía diarrea. Culparon a los padres”. Sí, otra vez.

LA VOZ DE LOS DESPACHOS OFICIALES

Entre las muertes wichís hay que contar también a una mujer de la Misión Santa María, departamento de Rivadavia, quien murió después de dar a luz, debido a una infección, mientras era trasladada al hospital de Santa Victoria Este. Pedro Lozano, cacique de la comunidad, denunció: “En Santa Victoria no tenemos ambulancias, ni insumos para los pacientes. En el hospital hay días que no hay médicos, solo hay enfermeros”. 

El recién nacido fue trasladado de urgencia al hospital de Tartagal, donde hay otros siete niños en estado de desnutrición grave. Desde el día lunes, en reiteradas oportunidades, Cítrica intentó comunicarse con la ministra de salud salteña, Dra Josefina Medrano de la Serna, sin obtener respuesta. Frente a las muertes, el silencio y el abandono, ¿cuántxs niñxs más deberán morir para que lxs funcionarixs actúen?

El lunes pasado, cuando las noticias provenientes del Norte ya habían cobrado protagonismo en los medios nacionales, el gobernador salteño Gustavo Sáenz declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán para responder a las necesidades básicas más urgentes: comida, agua potable y salud.

Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo público encargado de velar por los derechos de las comunidades originarias, aseguran que ya están trabajando en conjunto con las autoridades de la provincia. Su actual directora, Magdalena Odarda, asumió el cargo hace 20 días. Consultada por Cítrica, asegura: “El lunes vamos a recorrer las comunidades y nos vamos a llevar los comunicados que están elaborando los caciques de las personas que están indocumentadas y que por eso no pueden recibir la Asignación Universal por Hijo ni tampoco la tarjeta alimentaria. Vamos a pedirle al ministro del Interior, Wado de Pedro, que instale unidades para documentar de forma rápida y efectiva en las comunidades para que la gente no tenga que movilizarse. También vamos a ir al hospital de Tartagal; llevamos pañales, que es lo que necesitan los niños internados, ropa y todo lo que esté a nuestro alcance. También estamos tramitando subsidios para las familias que están con sus hijos en el hospital”.

Desde el INAI buscan trabajar a nivel nacional para encontrar soluciones a las problemáticas más urgentes de Salta. Una de las propuestas que van a acercarle al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es involucrar a las Universidades Nacionales, principalmente las facultades de Medicina, “para que los médicos residentes atiendan en las zonas críticas” y, en caso de detectar niños con problemas complejos, “tener aviones sanitarios de todas las provincias a disposición para trasladar al niño con su familia o a las personas enfermas al centro de alta complejidad de las universidades”.

Con respecto al déficit nutritivo en las comunidades wichís que no tienen comercios donde usar la tarjeta alimentaria que promueve Desarrollo Social, la directora del INAI propone “construir provedurías cooperativas donde las familias puedan comprar huevos, leche, carne y verduras producidas localmente”. Odarda sostiene que “hay que tener una mirada especial respecto a las comunidades indígenas, porque tienen la tasa de pobreza más alta de Latinoamérica y han estado invisibilizadas durante mucho tiempo”.

El genocidio indígena, que comenzó hace más de 200 años, continúa hasta nuestros días cuando las comunidades son negadas, olvidadas y despojadas de sus territorios y su ancestralidad. Cuando su cultura es cuestionada con argumentos racistas que tipifican sus costumbres como algo inferior. Cuando la expansión agroindustrial para sembrar soja y envenenar los territorios tiene como contracara la muerte. En pleno siglo XXI, los modos de exterminio se han sofisticado, pero todavía siguen marcando la frontera entre quienes merecen vivir o morir. 

La dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, reclamó este lunes que "le pongan el nombre que quieran" a la situación de ex funcinarios o dirigentes del kirchenrismo detenidos por presuntos hechos de corrupción, pero que "lo resuelvan".

"Considero que soy presa política por todo lo que vengo pasando en estos 4 años", aseguró la referente social, que cumple prisión domiciliaria, y se preguntó: "¿No será que están teniendo un pretexto para no resolver?".

"Pónganle como quieran, detenciones arbitrarias o presos políticos, pero que resuelvan", reclamó Sala, en diálogo con FM Futurock, y juzgó como una "discusión entre funcionarios" las distintas posturas dentro del oficialismo sobre este tema.

"Seguimos sufriendo acoso; nuestra familia sufre... Soy de carne y hueso. Tengo sentimientos, hijos, nietos, hermanos, tíos, un marido enfermo...", enumeró Sala y agregó: "Estoy pidiendo justicia, no estoy pidiendo otra cosa. Que resuelvan nuestra situación, porque es agobiante lo que estamos viviendo los presos políticos".

En ese sentido, aseveró que "a esta altura ya no interesa" qué categoría le toca, y hasta ironizó con que "mañana va a aparecer otro que va a decir que no somos presos políticos o que no fue prisión arbitraria, y va a inventar otro slogan".

Con todo, Sala, quien permanece detenida en Jujuy desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri y del mandato de Gerardo Morales en esa provincia, dijo estar convencida de ser una presa política.

"Yo soy una presa política por todo lo que vengo pasando en el transcurso de estos cuatro años y días", señaló y aseveró que así lo demuestra la filtración de audios en los que el titular del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, conversaba con una diputada sobre la condición de detenida de la dirigente social de la Tupac Amaru.

"Con el audio del presidente del Superior Tribunal se ha demostrado por qué me tienen detenida, así que con mucha más fuerza me considero una presa política", puntualizó Sala, que reseñó las palabras de Baca, quien en los audios filtrados dijo a una legisladora que la dirigente social no está presa por las acusaciones que existen en su contra, sino porque "es un problema para el gobierno" de Morales.

Sala fue consultada sobre las declaraciones de Alberto Fernández, quien pidió "prudencia" en la discusión sobre la condición de ex funcionarios detenidos en causas por presuntos hechos de corrupción y afirmó que, en la Argentina, no hay "nadie detenido sin causa a disposición del Poder Ejecutivo", condición necesaria, indicó, para definir a un "preso político".

"Le tengo mucho cariño (al presidente Fernández). Entiendo que a lo mejor está sufriendo una presión muy fuerte. Si a él le ha ofendido que dijera que somos presos políticos, le pido disculpas", afirmó.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, expresó que "la mejor manera de honrar a los tripulantes del submarino ARA San Juan es equipar a la institución", al participar en un acto de recibimiento de la Armada al patrullero oceánico "Bouchard", adquirido en Francia.

"Argentina necesita una política de defensa y siempre es bienvenido el equipamiento nuevo para la Armada Argentina, en este caso para fortalecer la autoestima de la institución", declaró Rossi en el acto.

Acompañado por el jefe de la Armada, Jose Luis Villán, el ministro sostuvo que intención del Gobierno es "dar una política de defensa para que el pueblo argentino esté tranquilo con que las Fuerzas Armadas cuidan la integridad territorial”.

"Es una buena noticia para la Armada, que estuvo signada por la tragedia del ARA San Juan, y esta posibilidad de empezar un reequipamiento es una buena noticia y, sin dudas, un hecho importante que permitirá a la institución mandar a retiro algunos buques que ya cumplieron su periodo de servicio", dijo Rossi.

Respecto del submarino ARA San Juan, el ministro comunicó que se reunirá con familiares de los tripulantes que se encuentran en Mar del Plata y con los que están en la Ciudad de Buenos Aires.

"Necesitamos, con el tiempo, tener un submarino pero ahora dependemos de la realidad en la que se encuentra Argentina", sostuvo.

Rossi aclaró que "el hecho de incorporar este buque como el primero de los cuatro patrulleros oceánicos fue una decisión del Gobierno anterior, que comprometerá fiscalmente a esta administración y a las otras dos, pero nos alegra siempre sumar nuevo equipamiento".

El nuevo patrullero

El patrullero oceánico ARA “Bouchard” es el primero de los cuatro buques comprados en Francia, destinados a "fortalecer la capacidad de control marítimo que tiene la Armada".

La inversión realizada por el Gobierno nacional alcanza los 300 millones de euros y deberá saldarse mediante un financiamiento a 11 años.

La nave fue construida por la empresa Naval Group en el Arsenal de la Marina Francesa en Toulon y fue entregado a la Armada Argentina en diciembre de 2019, luego de una serie de reparaciones.