Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión cada uno. Segundo Juan Villalobos Guevara, un operador maderero a quien la fiscalía acusó de ordenar el asesinato de Inuma, fue condenado a 28 años y cuatro meses. Jerly Saboya Saboya, quien fue declarado culpable como cómplice, fue condenado a 15 años.
Inuma, un líder kichwa de 50 años, fue asesinado a tiros el 29 de noviembre de 2023 mientras regresaba en bote a su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu, en la región amazónica norte de Perú , en San Martín. Regresaba de una reunión nacional de defensores del medio ambiente y la tierra. Una mujer que viajaba con él también resultó herida de bala.
El fallo se produjo casi 1.000 días después del asesinato de Inuma. Tom Younger, coordinador del programa en Perú del Programa de Pueblos del Bosque, calificó las sentencias como un “paso decisivo hacia la justicia” y afirmó que demostraban que la impunidad por los asesinatos de defensores indígenas “no es inevitable”.
Según la fiscalía, Inuma fue atacado por sus esfuerzos para detener la tala ilegal en las tierras de su comunidad. Acusaron a Villalobos, a quien Inuma había denunciado por la tala ilegal, de ordenar el asesinato, y a los demás hombres de planificar y ejecutar el ataque.
Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal con sede en Lima, que ha acompañado a organizaciones indígenas y a las familias de las víctimas desde el asesinato de Inuma, calificó el fallo de "sentencia ejemplar" y dijo que las largas penas de prisión podrían sentar un precedente importante para otros casos que involucren a defensores ambientales en Perú.
Gavancho afirmó que se trataba del primer caso en Perú relacionado con el asesinato de un defensor indígena que resultaba en sentencias tan severas.
Inuma había advertido repetidamente a las autoridades sobre las amenazas.
El juicio comenzó el 20 de enero y se prolongó durante casi ocho meses. En marzo, los jueces viajaron desde Lima a la ciudad amazónica de Tarapoto para tres días de audiencias, donde escucharon el testimonio de los familiares de Inuma, otros testigos y un sobreviviente del ataque.
Inuma llevaba años denunciando la tala ilegal, el narcotráfico y la invasión del territorio de su comunidad. Entre 2016 y 2023, miembros de Santa Rosillo de Yanayacu presentaron 13 denuncias ante la fiscalía por delitos ambientales y narcotráfico, según el Instituto de Defensa Legal.
El Ministerio de Justicia de Perú clasificó a Inuma como persona de alto riesgo en 2021 y ordenó protección policial para él y su hermano. Las autoridades locales también le otorgaron medidas de protección contra grupos que se dedicaban a la tala ilegal. Sin embargo, la policía reconoció posteriormente que no pudo realizar patrullajes preventivos en el remoto territorio debido a la falta de fondos para embarcaciones y a la difícil geografía, según documentos citados por el Instituto de Defensa Legal.
Kevin Arnol Inuma, el hijo de 30 años del líder asesinado, dijo que su familia recibió el veredicto con una mezcla de alegría y tristeza después de esperar casi tres años para que se hiciera justicia.
“Antes, el Estado no respondía, así que no tenían miedo de matar”, declaró a la Associated Press en una llamada telefónica justo después del veredicto. “Ahora esto sienta un precedente para los pueblos indígenas, un precedente para los defensores del medio ambiente”.
Otro líder indígena asesinado un día antes del veredicto.
La muerte de Inuma se convirtió en un símbolo de los peligros que enfrentan los pueblos indígenas que protegen los bosques y las tierras ancestrales en la Amazonía peruana , donde la tala ilegal, el narcotráfico, la minería y el acaparamiento de tierras han penetrado en territorios remotos con escasa presencia estatal.
Esos peligros quedaron nuevamente de manifiesto apenas un día antes del veredicto del lunes. Américo Pascuala Tomisha, un líder indígena ashéninka de 57 años y exjefe de la comunidad indígena onconashari, fue asesinado a tiros el domingo mientras patrullaba el territorio de su comunidad en la región amazónica peruana de Ucayali, según la organización indígena regional ORAU.
ORAU informó que Pascuala se topó con personas ajenas a la comunidad que supuestamente extraían aceite de árboles de copaiba dentro de su territorio y que, tras un enfrentamiento, recibió un disparo. La organización indicó que Pascuala ya había denunciado incursiones de colonos y otras personas ajenas a la comunidad, y el lunes instó a las autoridades a investigar su asesinato y a fortalecer la protección de los líderes indígenas.
El asesinato de Pascuala se produjo semanas después de que las comunidades asháninka de la frontera entre Perú y Brasil alertaran sobre incursiones armadas en territorios indígenas. En julio, líderes indígenas del vecino Brasil solicitaron protección gubernamental luego de que cinco hombres armados con ametralladoras ingresaran a su territorio, amenazaran a las familias y buscaran a los líderes comunitarios. Posteriormente, Brasil y Perú acordaron intensificar la cooperación para proteger los territorios indígenas a lo largo de su frontera común en la Amazonía.
La familia afirma que los riesgos persisten a pesar de las condenas.
El tribunal también ordenó el pago de 750.000 soles (unos 223.500 dólares) como indemnización para los herederos legales de Inuma y 250.000 soles (unos 74.500 dólares) para Axeldina Barbarán Tapullima, quien resultó herida en el ataque. Los pagos solo se harán efectivos si la sentencia, que es apelable, se vuelve firme, indicó Gavancho. Los acusados tienen cinco días a partir de la recepción del fallo escrito completo del tribunal para interponer un recurso de apelación.
Para Gavancho, el fallo fue significativo no solo por las penas de prisión, sino también por la indemnización que el tribunal reconoció para la familia de Inuma y la mujer que sobrevivió al ataque.
“Creo que este caso emblemático puede servir de precedente para otros casos que involucren a defensores del medio ambiente en Perú”, dijo Gavancho.
Pero Inuma afirmó que su familia aún no se siente segura y teme lo que podría suceder si los condenados fueran finalmente puestos en libertad.
Según contó, su padre había dedicado años a defender el territorio que las generaciones anteriores habían legado a la comunidad, y esa responsabilidad había pasado ahora a su familia y a otros.
Dijo que esperaba que otras familias de defensores asesinados no tuvieran que esperar tanto tiempo para que sus casos avanzaran en el sistema judicial peruano.
“Aunque ya no pueden devolvernos a nuestros familiares, queremos justicia para los demás defensores cuyos casos aún están en curso”, dijo. “Ahora mi padre puede descansar en paz porque se ha hecho justicia”. AP
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