“Las tasas de interés son muy altas, no se pueden pagar y eso está dañando el aparato productivo de Argentina”, expresó el mandatario provincial alarmado por el cierre de fábricas.

Y agregó: “Hay que frenar el ajuste porque la gente no aguanta más. No se puede seguir aumentando la luz, el gas, la garrafa. Hoy miramos las noticias y vuelve aumentar la comida. Hay que parar la inflación porque el pueblo ya no aguanta más”.

En esa misma linea, el mandatario comentó que su gestión continuará abocada en cuidar y mejorar la economía tucumana. “Nosotros ayudamos a los pequeños emprendedores y productores a que puedan tener mayor capacidad de desarrollo”, afirmó.

Oposición

En diálogo con la prensa, Manzur remarcó que “no sólo somos oposición al gobierno Nacional, sino que somos lo opuesto porque no hemos tomado un solo centavo de dólar de duda externa y es por eso que esta plata la podemos invertir en educación”, destacó.

“Este es un gobierno que con la plata de todos los tucumanos nos venimos dando vuelta, entonces vamos a cuidar a nuestra gente”, cerró.

El gobierno de Mauricio Macri, salpicado por la mencionada investigación, denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura, lo cual desató la indignación de una parte de la sociedad, que se tradujo en una marcha masiva.

Las consignas de la manifestación se basaron en demandar que Ramos Padilla tenga plena libertad e independencia para llevar adelante la investigación.

En este marco, el juez citó a indagatoria por tercera vez al fiscal Carlos Stornelli, quien se niega a comparecer ante la justicia.

El Poder Ejecutivo formalizó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura luego de la exposición del juez en el Congreso sobre el caso Marcelo D'Alessio, en una comisión de Diputados, a la cual el gobierno de Cambiemos decidió no asistir.

La desocupación abarcó al 9,1% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre de 2018, informó el INDEC en el marco de su informe sobre el mercado de trabajo basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Si bien se mantuvo por debajo de los dos dígitos, el último número oficial es el más alto desde 2005. El problema afecta ya a 1.752.000 de personas a lo largo y ancho del país, y es resultado de un 2018 con devaluaciones, crisis financiera y una recesión que llevó a una caída del 2,5% de la economía.

Aunque el gobierno asegura que en el arranque de este año la tendencia se revirtió no hay datos oficiales y las empresas aseguran masivamente que no tienen planes de contratar personal en este contexto. 

El ente estadístico nacional considera desocupados a los ciudadanos que no tienen empleo pero que lo buscan en forma activa.  

El número de personas desempleadas aumentó respecto al mismo tramo del 2017, cuando marcó un 7,2% y también comparado con el tercer trimestre de 2018, cuando fue del 9%.

En concreto, el porcentaje de la última parte de 2018 se traduce en un total de 259 mil nuevos desocupados teniendo en cuenta la población de los 31 aglomerados urbanos en los que el gobierno recolecta la información.

El número crece hasta unos 410.000 nuevos desocupados si se proyecta esa proporción a la población total, incluyendo la parte que el INDEC no contempla dentro de su informe.

A la par la subocupación demandante, la proporción de personas que trabajan hasta 35 horas por semana pero quieren trabajar más tiempo aumentó desde el 7,2% que marcó en el último trimestre de 2017 al 8,7 por ciento en la fracción final de 2018. La no demandante cayó de 3,3% a 3 por ciento.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata decidió retirar el cuadro del decano de la casa de estudios durante la dictadura, Manuel García Mutto. La decisión se tomó durante la sesión de esta semana del Consejo Directivo de la institución, por mayoría, con la oposición de los representantes de la derecha universitaria que gobernó la facultad hasta el año pasado.

"Se aprobó la resolución de sacar el cuadro de García Mutto, que fue el decano durante la dictadura. Lo llevó adelante el propio decano (Juan Ángel Basualdo). Para nosotros fue un hecho histórico", dijo el secretario académico de la Facultad de Medicina, Efraín Salvioli.

El secretario había adelantado a Tiempo que este miércoles 20 de marzo iban a insistir con esa propuesta que durante años había bloqueado la gestión de Hoja de Roble, una agrupación docente de derecha que gobernó la facultad desde 1993 hasta el año pasado.

Con el cambio de gestión Hoja de Roble perdió espacios de poder y solo logró mantener cinco consejeros en el Directivo que votaron en contra.El proyecto fue presentado por el consejero estudiantil Joaquín García, de la agrupación Viento de Abajo, en representación de los estudiantes.

"En el marco del mes de la memoria, avanzamos hacia la construcción de una memoria institucional del lado de los Derechos Humanos", informó en un comunicado la agrupación Viento de Abajo, que conduce el Centro de Estudiantes de Medicina.

Y completó: "No queremos rendir homenaje nunca mas a figuras cómplices del Terrorismo de Estado.García Mutto fue decano interventor de la Facultad de Ciencias Médicas en la última dictadura cívico militar. Se encargó de facilitar información a las fuerzas del terror sobre estudiantes, docentes y no docentes y de ocultar la real situación de detenidxs, desaparecidxs y asesinadxs".

García Mutto fue interventor entre 1976 y 1983 y durante su gestión se cerraron los ámbitos democráticos de decisión. Su nombre fue recordado ante la justicia como entregador de militantes universitarios por el caso de Marlene Kegler Krug, paraguaya de 23 años que fue secuestrada frente a la Facultad donde cursaba la carrera de Obstetricia. Una nota del diario El Día de la época narró el secuestro y en ella, García Mutto negó que fuera estudiante de la casa de estudios.

La decisión se produjo en el marco del mes de la memoria que se implementa por primera vez en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP y que tendrá un ciclo de charlas que comenzará con la visita de la Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que fue pospuesto para el próximo 27 de marzo.

La pérdida de biodiversidad en Argentina es una constante que, en los últimos veinte años, alcanzó un ritmo que alarma: casi 400.000 hectáreas de bosque nativo se deforestan por año, causando una serie de impactos ambientales como el alud que, en 2009, azotó a la localidad salteña de Tartagal y dejó un saldo de dos muertos, mil afectados, cientos de viviendas destruidas y pérdidas millonarias.

Las tasas anuales de pérdida forestal no solo convirtieron a la Argentina en el segundo país con más desmontes de la región después de Chile, sino que, en provincias como Salta y Santiago del Estero, estas cifras alcanzaron, por momentos, valores 14 veces más elevados que el promedio internacional.

Si bien en 2007 el Congreso de La Nación aprobó la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el geógrafo e investigador de CONICET, Sebastián Gómez Lende, afirma que la norma estuvo lejos de evitar los desmontes: desde su sanción en adelante, casi 1.000.000 de hectáreas fueron ilegalmente deforestadas en Argentina.

En un estudio publicado por la revista Papeles de Geografía, Gómez Lende investigó la progresión de la deforestación a nivel nacional entre 1998 y 2016 y encontró que, en esa etapa de neodesarrollismo, “se perdieron 6.906.160 hectáreas de bosque nativo”.

A su vez, detectó que el 84,45% de la deforestación ilegal tuvo lugar en las cuatro provincias más afectadas por la tala: Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, siendo estas dos últimas las que concentraron la mayor superficie de desmontes clandestinos, aún en momentos posteriores a la sanción de la ley.

Según el geógrafo, el fenómeno del desmonte se sostiene por “la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado, la debilidad regulatoria y la corrupción institucional”, y argumenta que “el pretexto de la federalización de los recursos naturales ha dejado abierta la puerta para la aplicación sesgada de la ley, librada al criterio de los gobiernos provinciales de turno”.

Hecha la ley, hecha la trampa

La Ley de Bosques asumía el objetivo de proteger las superficies forestales y no forestales según grados de importancia estratégica, valor cultural y funciones ecosistémicas, como fijación de carbono y prevención de inundaciones.

A grandes rasgos, el texto divide a estas áreas según la mayor o menor necesidad de conservación. Las categorías varían entre “rojo”, “amarillo” (ambas con prohibición absoluta de desmontes) y “verde”.

En esa línea, las provincias eran las encargadas de clasificar los bosques mediante sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN). Sin embargo, y a pesar de que se estipulaba un lapso máximo de un año para completar los inventarios, el proceso recién se completó en 2017.

Si bien ya cada provincia clasificó sus bosques, no siempre respetan lo previsto para cada categoría. Un informe recientemente publicado de la Auditoría General de la Nación indica que, en Santiago del Estero, la provincia más desmontada del país, se constató la existencia de explotaciones agrícolas y ganaderas habilitadas en áreas clasificadas en la Categoría I (rojo), es decir, donde cualquier actividad productiva es ilegal.

En esa línea, Gómez Lende asevera: “Si la falla del Estado nacional es por omisión, la de las provincias es por acción directa. Por acción u omisión, el gobierno nacional y sus pares provinciales desarrollan políticas que explican este continuo y creciente avance del desmonte ilegal”.

Con respecto al financiamiento, la ley establecía la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que compensaba a las provincias por proteger estas superficies y establecía la asignación anual de partidas que no podrían ser “inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, además del aporte del 2% de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y del sector forestal.

Para el geógrafo, el hecho de que la conservación se financie, en parte, con impuestos a la producción agrícola y forestal, resulta una paradoja. “Las leyes como la Ley de Bosques -señala- cumplen un rol bastante ambiguo que ejemplifica las contradicciones internas del propio Estado, que pareciera debatirse entre el interés por profundizar el modelo extractivo por un lado y limitar sus consecuencias socio-ambientales por el otro”.

En rigor, dos años después de que se reglamentara la ley, el Poder Ejecutivo puso en marcha el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020, que impulsaba el avance de la frontera agropecuaria hasta alcanzar las 42 millones de hectáreas.

Otro dato que surge del estudio es que parte del Fondo de Conservación se destina a agentes privados propietarios de tierras boscosas que quedaron incluidas en las Categorías I (rojo) y II (amarillo) -donde se prohíbe desmontar- a cambio de que conserven los bosques nativos.

“Según fuentes oficiales –explica Gómez Lende- entre 2010 y 2016 se destinaron casi 1.500 millones de pesos a financiar planes de manejo sostenible y/o conservación, de los cuales el 87% fue absorbido por empresas y particulares que en su mayoría tienen interés en la profundización del modelo extractivista”.

A su vez, el financiamiento real percibido por el Fondo de Conservación siempre fue menor a lo planteado por la normativa. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2019 se asignaron $595,5 millones, lo que equivale al 0,01 por ciento del presupuesto nacional. En 2018 y 2017, las partidas significaron un 0,02 y 0,03 por ciento del presupuesto, respectivamente.

En suma, son múltiples los factores que, a doce años de la sanción de una ley de corte proteccionista, impulsada mayoritariamente por organismos medioambientales y sociales, la degradación de los ecosistemas boscosos siga un curso similar a etapas anteriores.

“Ni la Nación ni las provincias velan por el cumplimiento estricto de la Ley de Bosques. Cada gobierno provincial interpretó la norma a su antojo e incorporó significados muy ambiguos y discutibles al concepto ‘sustentable’. Existe una falta de unificación de criterios que distorsiona el espíritu de la norma para beneficiar a los agentes ligados a la expansión de la frontera agropecuaria”, concluye el investigador.

Durante la mañana del jueves, familiares de la víctima se entrevistaron con la doctora Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios I, para ponerse al tanto del estado de la investigación. 

Mientras tanto, continúa la búsqueda de dos sospechosos del crimen, quienes ya están identificados. Desde la fiscalía especializada que investiga el hecho, se solicitó que personal de la División Homicidios lleve adelante esas tareas. 

Las fuentes judiciales agregaron que se trata de sujetos que residirían en la zona donde se registró el crimen de Mariani y que contarían con antecedentes delictivos.

Pormenores del hecho

Mariani fue ultimado de un disparo durante un robo que se registró alrededor de las 15.00 horas, del pasado lunes, en calle 9 de Julio al 2.800, al sur de la ciudad.

Por el hecho fue aprehendido en las primeras horas de la investigación un joven de 24 años, oriundo del barrio Alejandro Heredia. Pero quedó desvinculado de la causa, a partir de los resultados negativos de las pericias practicadas para detectar la presencia de pólvora en su cuerpo y prendas de vestir. 

A partir de datos reservados, los investigadores lograron identificar a los sospechosos que están siendo buscados. 

Sobre el hecho, las fuentes del MPF comunicaron que Mariani llegó hasta 9 de Julio al 2800, a bordo de una camioneta de la empresa CCC, junto a un compañero de trabajo, para dar respuesta al reclamo de un usuario. Tras concluir con sus tareas e intentar emprender el regreso, fueron interceptados por dos individuos que se movilizaban de a pies. Uno de ellos esgrimió un arma de fuego con la que amedrentó a los trabajadores del video cable, apuntando directamente al otro trabajador que se encontraba al volante, exigiéndole sus pertenencias y el dinero que lleva consigo.  

Mariani, que ocupaba el asiento del acompañante, también les entregó su celular. Los ladrones, en ese momento, reclamaron todo el dinero que tuvieren, a lo que la víctima les respondió que no tenía. En esas circunstancias le dispararon y huyeron.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves un relanzamiento de la industria automotriz para optimizar la producción nacional de autos, motos y tractores, entre otros vehículos.

“Venezuela puede llegar a producir 210.000 vehículos al año, como también 1.627.000 motos y 25.400 tractores para renovar el parque automotriz venezolano", afirmó el jefe de Estado al aprobar recursos de financiamiento inicial al Motor Automotriz.

Por decreto presidencial este sector industrial estratégico enmarcado en el Motor Automotriz pasa a integrar la Agenda Económica Bolivariana para fortalecer un “modelo de gestión productivo, eficiente y sustentable”, explicó.

Desde las instalaciones de la empresa mixta Chery de Venezuela, en el estado Aragua, el mandatario venezolano aseguró que este año 2019 estará signado por “un nuevo comienzo industrial, productivo, comercial” para el sector automotriz, en el marco del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.

En este sentido, instruyó al vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, a realizar rondas de negociaciones con las industrias públicas y privadas a fin de lograr acuerdos productivos para el sector.

Es necesario “crear un círculo virtuoso y productivo en esta inmensa industria automotriz que tiene Venezuela”, dijo el presidente al tiempo que exhortó a los empresarios del país al “máximo diálogo económico".

“Gana la industria privada, mixta y pública, el empresario y la clase obrera, gana el país al renovar su parque automotor, se trata de ganar y ganar”, concluyó.

Folclore

En El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) se presentarán Los del Aconquija, Melina Cabocota, Candelaria Romero, Valentín Correa, Las Voces de Lules, Rodrigo y Juanma.

En La 9 (9 de Julio 345) actuarán Romina Barros, Celeste Giselle, Juampi Castillo y Adrián Rivadeneira. 

En La Negra (General Paz y Miguel Lillo) se podrá escuchar Mariana Alsina, Bruno Robledo y Marijó Rotella, con Mauricio Martínez Zuccardi al piano y arreglos, y Rafael Reynals en batería.

En el Virla (25 de Mayo 265) Ariel Celiz repondrá su espectáculo “Las cosas como son” , junto a Rolo Andrada, Nancy Vera Groy y Miguel Miranda en actuación; Carlos Carrizo, Marcela Manov, Ale Muratore, Juan Pablo Gobbo, Negro Burgo, Eugenia Haro, Alfredo Tejerina y Víctor Juárez en música y coros; y los bailarines María Aguilera y Juan Manuel Martínez.

Jazz

En el Patio en Tertulia Bar (Virgen de la Merced 435) actuará el Jazz Guitar Trio, integrado pot Juan Escalante en batería, Matthias Agüero Hinz en contrabajo y Julio González Goytia.

Rock

En la Sociedad de Fomento Cultural Pulsudo (Don Bosco 3.462) tocará Alem que tendrá como invitados a Pupy Nagle, a Silvina De Faveri y al Dj Superstar (Martín Vallejo).

En Olivero Bar (avenida Alem 501, Tafí Viejo) se presentará Skaraway promocionando su nuevo disco "Acción Global".

La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Ecuador citó al presidente de esa nación, Lenín Moreno, junto a 153 personas a comparecer para recopilar información vinculada con la investigación de las cuentas en paraísos fiscales (offshore) de la empresa INA Investment. Del total de los citados, 137 son miembros de la Asamblea Nacional ecuatoriana.

Esta citación se da a raíz del audio filtrado en el que se evidencia la llamada que hiciese la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador (AN), Elizabeth Cabezas, a la ministra de Interior de esa nación suramericana, María Paula Romo, ejerciendo presión para generar un bloqueo político y entorpecer la investigación contra Moreno.

En este sentido, la jueza encargada del caso de demanda constitucional, Jesús Raquel Herrera, fijó la audiencia pública para el 1 de abril de este año, con lo que da paso a un recurso de protección insertado en su despacho.

El antropólogo y activista Felipe Ogaz Oviedo, junto al abogado Richard González, introdujeron la demanda, exigiendo que se investigue al primer mandatario de Ecuador por los supuestos ilícitos que lo relacionan con paraísos fiscales y cuentas en paraísos fiscales en Panamá.

Los demandantes aseveran que "tras el audio filtrado de la conversación entre la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas y la ministra del Interior, María Paula Romo, se evidencian posibles acuerdos políticos que pueden generar una falta de investigación e impunidad".

Asimismo, el audio revela a la presidenta de la AN presionando para que el partido Social Cristiano desvíe su opción de voto a "Abstención y en contra" en lugar de apoyar la opción de moción contra el presidente Moreno.

Junto al exmandatario que impulsara el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, también fueron puestos a la orden de la Justicia su mano derecha, Wellington Moreira Franco, exministro de Minas y Energía, y el coronel João Baptista Lima Filho, amigo personal de Temer.

El pedido de prisión preventiva fue emitido por el juez de la séptima División Federal Criminal de Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, y según trascendió en la prensa brasileña estaría relacionado con el pago de coimas de parte de un ejecutivo de la empresa contratista del Estado, Engevix. La Fiscalía, en su pedido de prisión acatado por Bretas, calificó al expresidente como "jefe de organización criminal".

Temer, quien dejó el poder a principios de año y perdió sus fueros de inmunidad, debe enfrentar al menos diez denuncias por corrupción ante la Justicia brasilera. Cinco de ellas iniciadas durante su periodo al frente de la jefatura de Estado y recientemente activadas en la primera instancia del fuero federal, y otras cinco autorizadas por el juez Luís Roberto Barroso en 2019.

En el pasado la Fiscalía llegó a solicitar la apertura de un juicio político contra Temer por lavado de dinero y sobornos, pero este fue salvado en sucesivas oportunidades por sus alianzas en el Congreso.

¿Qué hay detrás del encarcelamiento de Temer?

 

El arresto del expresidente, de alto impacto mediático y político en Brasil, se produce justo en el momento en que la popularidad del actual mandatario, Jair Bolsonaro, se desploma a raíz de una crisis política en su gabinete de Gobierno, tras acusaciones de corrupción que salpican al Partido Social Liberal (PSL) y fuertes críticas en torno a la posibilidad de la operación de las fuerzas armadas de Estados Unidos (EE.UU.) de la base militar de Alcántara.

La aprobación de la gestión de Bolsonaro cayó 16 puntos, entre enero y marzo, reveló este miércoles un sondeo del Instituto Brasileño de Opinión (Ibope).

La detención de Temer llega asimismo en un contexto de puja y tensiones entre los magistrados al frente de la Operación Lava Jato y el Supremo Tribunal Federal (STF) que recientemente determinó una serie de limitaciones a la megacausa al establecer que los delitos de financiación espuria de campañas políticas son competencia de la Justicia Electoral.

También el STF frenó una iniciativa conjunta del Ministerio Público y el departamento de Justicia de EE.UU. que implicaba dotar de ingentes recursos provenientes de Petrobras a la Fundación Lava Jato.

Por otra parte, la prisión preventiva se produce cuando la figura del actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, quien en su momento lideró las investigaciones del Lava Jato y ordenó la prisión de Lula, aparece fuertemente desgastada tras sostener un enfrentamiento abierto con el presidente de la cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

Moro y el titular de la cámara baja se cruzaron por un paquete de leyes contra la criminalidad que impulsa la cartera de Justicia, y que busca autorizar prácticas de tortura y darle amplias licencias a los efectivos policiales, entre otros polémicos puntos.

El Congreso se enfoca actualmente en otro controvertido proyecto de reforma previsional que implica un importante ajuste y eleva las edades de jubilación.

Lava Jato intenta recuperar iniciativa política

 

En este marco, tras los reveses de Moro y el recorte de las competencias de la Operación Lava Jato que estableció el STF, los jueces involucrados en la que es considerada la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil buscan recuperar la iniciativa y el poder, señalan varios analistas en la nación suramericana.

A través de distintas prácticas de autoritarismo judicial que estos magistrados aplican desde el inicio de las causas en 2014, se logró la concreción del golpe institucional de 2016 y la posterior detención arbitraria y cercenamiento de los derechos políticos del líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, que allanó el camino para la llegada de la ultraderecha al Palacio de Planalto.

El Gobernador Manzur destacó la decisión de los industriales de continuar apostando a la provincia y generar nuevas inversiones. “Sabemos que la economía a nivel nacional es difícil, compleja y a pesar de eso nuestros cañeros siguen adelante con un espíritu emprendedor generando nuevas oportunidades. Hoy nos comunicaron que se realizan inversiones por más de 90 millones dolares en diferentes áreas de los ingenios y del sector.

En ese plano, expresó que las apuestas del sector privado permiten la concreción de subproductos que, por un lado, son ganancias para Tucumán y representan, por otro, la generación de nuevos puestos de trabajo. Posicionó, también, la co-generación de energía como una gran potencialidad tucumana y enfatizó en la producción de alcohol.

Como Gobernador quiero destacar estas nuevas inversiones en este contexto económico nacional tan difícil, porque sin ellas no hay manera de generar trabajo”, sostuvo el primer mandatario y su vez, dijo que “son familias tucumanas que creen y siguen apostando en la provincia”.

Luego de la reunión, el empresario Emilio Luque expresó: “el Gobierno nacional está tomando medidas que afecta mucho a Tucumán. Pero las inversiones nunca se apuestan a un solo año, esto está proyectado a varios años, mas allá de lo difícil que está el país. Nosotros aprovechamos la predisposición del gobernador Juan Manzur para con todas las industrias y es lo que nos alienta a seguir invirtiendo”.

Asimismo, explicó que “apostamos a la parte productiva, estamos esperanzados que va a funcionar bien la actividad azucarera, hoy complementada con el alcohol y la cogeneracón”. Además, añadió que “cuando el Grupo Luque compro los ingenios Concepción y Marapa no tenían deshidratadora-que consiste en sacar el agua al alcohol para poder transformarlo en bioetanol-. Hoy destila 400 mil litros por día. En menos de dos años hemos invertido 22 millones de dólares solamente en el Concepción solo en lo fabril”.

Respecto a la reunión de hoy dijo que: “Fue muy productiva. Manzur defiende al sector, defiende a la provincia, a los que quieren apostar a la provincia. Tenemos la suerte que están preocupados por el sector”.

“Venimos invirtiendo y haciendo los trabajos que sean necesarios para tener una zafra exitosa en cuento a lo productivo. La inversión está a la vista de todos, en lo que se está haciendo en los ingenios”, sostuvo el propietario del Ingenio La Florida, Jorge Rocchia Ferro. Ademas recalcó que: “Manzur fue a Buenos Aires a golpear las manos para que nosotros podamos tener seguridad jurídica en lo que hace al negocio del etanol. Es la tercera vez que nos cambian las reglas de juego, nos están castigando por todos lados. En la medida que todos trabajemos juntos las cosas van  a andar bien. Nos tenemos que cuidar entre todos, la reunión de hoy es importante, fue fructífera y nos van a acompañar”.

El administrador del ingenio Ñuñorco, Juan Carlos Crovella  manifestó que “recibimos el ingenio en un estado de crisis, provocada por una coyuntura nacional, pero la vamos a sacar adelante y a preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo. Siempre es bueno juntarnos, conozco al Gobernador y por eso desembarco nuevamente en Tucumán porque estoy seguro de su capacidad y de la relación de crear alianzas”.

En un nuevo revés judicial para el macrismo, la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social falló en contra de la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada en diciembre de 2017. En concreto, declaró inconstitucional el aumento de 5,71 por ciento de marzo de 2018.

Para esa actualización –que estuvo en el centro de las críticas desde el primer momento-, ordenó que se aplique la fórmula anterior, que elevaba el porcentaje a 14,5%.

Entre piedras y represión, se aprobó a fines de 2017 en el Congreso la nueva fórmula para calcular la movilidad. Según el fallo, la nueva fórmula modificó el cálculo de manera inconstitucional, ya que se aplicó de manera retroactiva, “produciéndose así un atraso de seis meses en el período de referencia, y diferiéndose el último trimestre para el aumento correspondiente a junio de ese año”.

En ese momento, el gobierno emparchó esa diferencia con un bono que promedió los $ 500, el cual solamente fue repartido entre quienes tenían una jubilación menor a $ 10 mil. “Claramente –continúa el fallo- dicho subsidio extraordinario no alcanza a paliar el gravamen producido, desde el momento en que es otorgado por única vez, y no se aplica a la totalidad del universo de beneficiaros”.

“La aplicación retroactiva antes aludida vulnera los principios de progresividad y de no regresividad de los Derechos económicos, sociales y culturales, consagrados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, argumentaron las camaristas Adriana Lucas y Victoria Pérez Tognola.

Las juezas ordenaron que ANSeS pague esa actualización a Lavecchia Roberto con la fórmula anterior. El mismo se suma al que hace unos meses había dictado la Sala III de la misma cámara.