“Creo que es parte de lo mínimo que podemos hacer como Estado, reparar eso que el Estado argentino no vio a pesar de que era una situación tan clara”, argumentó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
En un hecho calificado como histórico, el Estado suscribió el primer acuerdo de solución amistosa con una víctima de violencia de género ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de un acto público en el que además reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron, hace casi 20 años, la neuquina Ivana Rosales y sus hijas Maika y Abril.
El acuerdo incluye garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género, entre ellas el compromiso de realizar acciones concretas para fortalecer el acceso a la justicia, asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento a las víctimas, robustecer los dispositivos territoriales de atención, y capacitar, entre otras.
Junto a @MartinSoria_ y @EliGAlcorta dimos inicio al acto de
pedido de disculpas por parte del Estado argentino ante la @CIDH en el marco del caso Ivana Rosales
por violencia de género.
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— Horacio
Pietragalla Corti (@pietragallahora) September 23, 2021
"Estamos dando un paso institucional histórico en Argentina, nos estamos
comprometiendo ante la CIDH a profundizar la labor del Estado nacional para
prevenir y erradicar la violencia de género a partir de un caso sumamente emblemático",
dijo el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.
El funcionario explicó que el hecho que llegó a la CIDH en 2005 es
paradigmático "no solo por la violencia brutal padecida por Ivana y sus
hijas, sino por la respuesta de las autoridades judiciales provinciales, que
tuvieron una intervención carente de toda perspectiva de género y absolutamente
machista".
El Acuerdo firmado incluye garantías de no
repetición en relación con las violencias por motivos de género.
"La violencia institucional y de género
perpetradas contra Ivana y sus hijas no es aislada, sino que se inscribe en
prácticas generalizadas que son acompañadas y habilitadas por una falta de
respuesta estatal sistémica", dijo a su turno la ministra de las Mujeres,
Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Esta situación "exige respuestas urgentes y contundentes que permitan
desmantelar las bases materiales y simbólicas que producen, reproducen y
legitiman estas violencias", transformación que "es uno de los
objetivos fundamentales de nuestra gestión".
Del acto, realizado en la Ex Esma, participaron también la peticionante Abril
Rosales, los ministros Martín Soria y Elizabeth Gómez Alcorta, el gobernador de
Neuquén Omar Gutiérrez, el titular de la Senaf Gabriel Lerner, la vocal del
Superior Tribunal de Justicia de Neuquén María Soledad Gennari, la directora
Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la
primera vicepresidenta de la CIDH y relatora para la Argentina, Julissa
Mantilla Falcón, entre otros.
Ese día, Garoglio intentó ahorcarla con un alambre. Como no lo consiguió, la golpeó con una piedra en la cabeza y, creyéndola muerta, la encerró en el baúl del auto con intenciones de enterrarla.
El documental "Gotas de lluvia", de Susana Neri, cuenta la historia de Abril.
El agresor no llegó a cumplir su cometido porque lo
interceptó la policía, alertada por un vecino. Pero ahí no terminaría el
calvario para Ivana, porque el mismo Estado que colaboró a último momento para
salvarle la vida, posteriormente le negaría el acceso a la justicia, la
revictimizaría y, lo que es peor, permitiría que el agresor violara a Maika y
Abril en 2004 cuando tenían 10 y 6, respectivamente, en una visita de
revinculación forzada.
Para cuando quedó firme la condena a solo 5 años por intento de femicidio,
Garoglio se había fugado y sólo reapareció cuando la causa primera prescribió,
momento en el que fue sentenciado a cuatro años por el abuso sexual de sus dos
hijas.
Como el tratamiento judicial del caso fue deficiente y violatorio de los
compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos
humanos, Ivana presentó en 2005 una denuncia ante la CIDH con el patrocinio del
CELS.
En ese marco, se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino
y la provincia del Neuquén que hoy concluyó con la firma de este acuerdo cuyo
cumplimiento supervisará la CIDH.
Pero en 2017 Ivana falleció por un ataque epiléptico, consecuencia de la
violencia perpetrada por su ex pareja- y Maika había terminado con su vida unos
años antes.
"Ella se lo buscó", otro
documental de Susana Neri donde a través de la historia de Abril y de las voces
de otras mujeres, se vislumbran algunas de las causas de la violencia machista
En ese momento su hija Abril -que
desde hace 4 años no lleva más el apellido de su progenitor- tomó como propio
el proceso ante la CIDH.
"Este caso es un decálogo de desaciertos, vejaciones, de maltratos, de uso
de estereotipos. Ella fue juzgada y prejuzgada por quien debía defenderla, el
fiscal Velazco Copello, quien hizo un trabajo denodado por ponerse en los
zapatos del agresor mientras que a Ivana la trató de 'ofensora'", dijo durante
su intervención en el acto la jueza María Soledad Gennari.
Pero también los jueces Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano "la
trataron con una profunda injusticia, juzgando su eventual pasado", siendo
que "era una excelente persona, una gran madre y una luchadora que logró
que hoy en el Poder Judicial se hable de la perspectiva de género como una
necesidad, no como una opción".
Gennari destacó que la mala actuación de jueces y fiscales hizo que "hoy
la única sobreviviente de violencia en este caso, sea Abril".
"En nombre del pueblo y del gobierno de la provincia de Neuquén quiero
pedir disculpas públicas a Abril Rosales y a la memoria de Ivana y su hija
Maika por las violaciones de derechos que sufrieron como consecuencia del
accionar de un sistema de administración de justicia que demostró ser ineficaz
para dar respuestas adecuadas y oportunas a los casos de violencia contra las
mujeres", dijo el gobernador Gutiérrez.
"Cuando Ivana hizo la denuncia contra el Estado argentino, Abril tenía 7
años, hoy jueves 23 está cumpliendo 23 años: toda la vida lleva con esto",
apuntó Virginia Trifogli, periodista y amiga de Abril que habló en su nombre.
La joven destacó que lo realmente extraordinario en el caso de Ivana fue la
propia Ivana, "una mujer del interior del país a la que habían golpeado
hasta creerla muerta y llegó a demandar al Estado argentino", con la
"claridad de saber que lo estaba haciendo no solo por ella o sus hijas,
sino por cientos de mujeres".
A su turno la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, apuntó que la
solución amistosa "no es un punto de llegada sino de partida" y que
la exigencia de no repetición alude "a la no repetición de violencias que
puedan prevenirse, de la violencia institucional por motivos de género, pero
sobre todo del tiempo que le lleva a un estado de reconocer su responsabilidad
y reconocer lo que les pasa a las víctimas.
