En una fábrica familiar de Buenos Aires, una máquina utilizada para envolver paquetes de calcetines de colores permanece en silencio.


Eseka sigue produciendo casi 3 millones de artículos al mes en la fábrica, incluyendo ropa interior y bañador para sus marcas Cocot y Dufour. Pero, como muchos negocios locales, está luchando por mantenerse a flote. Desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo hace casi tres años, las ventas han caído alrededor de un 40%, golpeadas por la débil demanda de los consumidores y la competencia de importaciones más baratas, ya que el gobierno ha levantado las restricciones comerciales.


Eso importa en Argentina, donde el consumo de los hogares representa aproximadamente dos tercios del producto interior bruto, lo que hace que cualquier retroceso sostenido en el gasto sea un lastre para la economía en general.


Los economistas afirman que la economía probablemente entró en recesión en el tercer trimestre, una prueba de paciencia de los votantes un año antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027, cuando se espera ampliamente que Milei se presente para un segundo mandato.


Unas 32.300 empresas —aproximadamente el 6% del total de empresas en Argentina— cerraron en el periodo desde que Milei asumió el poder en diciembre de 2023 hasta julio, según el think tank Fundar.


"La situación es crítica", dijo Ricardo Kuchikian, propietario de Eseka junto con su hermano Gustavo. La empresa registró pérdidas el año pasado y perdió alrededor del 30% de su plantilla, según los hermanos. Más de la mitad de las máquinas de punto circulares de la fábrica de calcetines están inactivas.


"El consumo ha caído muy drásticamente en los últimos tres años", dijo Kuchikian.


En los primeros nueve meses del año, el consumo en Argentina cayó un 2,7% respecto al mismo periodo de 2025, según la firma de investigación de mercados Scentia, que rastrea las ventas en supermercados, pequeños minoristas y plataformas de comercio electrónico.


Aunque las medidas radicales de austeridad de Milei han ralentizado la inflación al 30% desde un máximo máximo del 200% y han controlado otros desequilibrios macroeconómicos, sus beneficios aún no han llegado a gran parte del público en general. La proporción de argentinos que viven por debajo del umbral de pobreza ha aumentado hasta casi un tercio de la población, tras caer a su nivel más bajo en ocho años en 2025.
Además, es probable que Argentina cayera en recesión en el tercer trimestre, según economistas, impulsada por la austeridad y la política monetaria estricta. Se prevé un ligero repunte en 2027.


Se prevé que la actividad económica se haya contraído por segundo trimestre consecutivo en el periodo julio-septiembre, cumpliendo con la definición común de recesión. Los datos oficiales del trimestre se publicarán en noviembre.


"La economía argentina está técnicamente en recesión moderada", dijo Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica.El PIB ya cayó un 0,6% en el segundo trimestre respecto al primero, y Delgado prevé una contracción adicional de alrededor del 1,5% para el tercer trimestre.


Según una encuesta reciente de la consultora Giacobbe y Asociados, la aprobación de Milei bajó ligeramente en octubre hasta el 36%, mientras que la desaprobación subió al 56%.


Por supuesto, no toda la economía está sufriendo. La energía, la minería y la agricultura han surgido como los ganadores bajo el modelo de Milei, impulsados por las exportaciones e inversiones en las vastas reservas argentinas de esquisto y gas, así como por el aumento de la demanda global de minerales como el litio.


Pero la fortaleza de estos sectores orientados a la exportación no ha compensado hasta ahora la recesión en otras industrias vinculadas al mercado interno. Los textiles, la fabricación de automóviles, el comercio minorista y la construcción han seguido bajo presión mientras los consumidores siguen sintiendo la presión.
Delgado, de Analytica, dijo que esperaba que la economía de dos vías continuara con "altibajos" en 2027, advirtiendo que las finanzas familiares probablemente no mejorarían de forma significativa antes de las elecciones.


Milei ha descartado cambios en su plan económico, desestimando como "colosal estupidez" las afirmaciones de que la gente no podía llegar a fin de mes.


'COMPETENCIA AGRESIVA'


Los inversores han celebrado el relajamiento de Milei de estrictas restricciones a las importaciones, controles de capital y divisa y otras regulaciones que durante mucho tiempo pesaron sobre los negocios en Argentina. Pero para muchas empresas locales, el cambio ha supuesto un doloroso ajuste, exponiéndolas a productos importados más baratos justo cuando la demanda interna se debilita.


Los datos oficiales de agosto mostraron que la manufactura cayó un 3,2% interanual, el comercio minorista y mayorista un 3,5% y la construcción un 2,5%, según la agencia argentina de estadísticas INDEC.
"Desde finales de 2023, creo que las ventas han caído un 40%", dijo Martin Abigador, director de Dakuba, otra empresa familiar que distribuye tejidos.


Su empresa no ha podido contrarrestar lo que él describió como una "competencia agresiva" de las importaciones extranjeras, principalmente de China.


De vuelta en la fábrica de calcetines, Kuchikian temía que si las políticas de Milei continuaban, "la industria nacional podría desaparecer."


Un portavoz del gobierno defendió el ritmo desigual de la recuperación, afirmando que el crecimiento nunca ocurre de manera uniforme entre sectores.


"Este es el programa económico en el que cree el presidente, y no va a cambiarlo", dijo el portavoz.


Reportaje de Nicolas Misculin; Guion de Lucinda Elliott; Edición de Anthony Esposito y Rosalba O'Brien, para Reuters


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El peronismo comenzó a explorar la experiencia electoral de Luiz Inácio Lula da Silva para reorganizar su estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner mantuvieron reuniones por separado con tres referentes de la campaña que llevó al mandatario brasileño a la Presidencia.


Los encuentros se realizaron este lunes en Buenos Aires. Participaron el diputado brasileño André Janones, conocido como “el general de Lula”, y los consultores Chico Kertész y Rafael Marroquim, integrantes del equipo de comunicación electoral del Partido de los Trabajadores (PT).


Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las reuniones se produjeron en medio de las disputas internas del peronismo y de los intentos por construir una alternativa al gobierno de Javier Milei.


Massa apunta a una coalición opositora




El líder del Frente Renovador recibió a la delegación brasileña en sus oficinas. Durante el encuentro, que se extendió por dos horas, planteó la necesidad de fortalecer la unidad opositora y ampliar los acuerdos con otros espacios políticos.





Massa busca conformar una coalición que reúna a las distintas corrientes del justicialismo y a dirigentes de otras fuerzas. La estrategia apunta a construir una candidatura competitiva para 2027, aunque todavía no existe una definición sobre quién encabezará ese espacio.


Los visitantes compartieron su experiencia en la campaña brasileña, especialmente las herramientas políticas, territoriales y comunicacionales que contribuyeron a la victoria de Lula.


El equipo ya había mantenido contactos con Massa durante la campaña presidencial argentina de 2023, cuando el entonces candidato de Unión por la Patria llegó al balotaje y perdió frente a Milei.


Cristina Kirchner también recibió a los estrategas




Después de la reunión con Massa, Janones, Kertész y Marroquim se encontraron con Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de San Telmo. La expresidenta cumple allí arresto domiciliario por la causa Vialidad.


El encuentro se desarrolló en el mismo contexto de reorganización política y disputa por el liderazgo del peronismo. Los tres visitantes aportaron su experiencia en la campaña que llevó a Lula a su nueva presidencia.


La coincidencia de las reuniones muestra que los referentes brasileños mantienen contactos con dos de las principales figuras del peronismo. Sin embargo, no se informó sobre un acuerdo electoral conjunto entre Massa y Cristina Kirchner.


El peso de la comunicación digital




Janones ganó protagonismo durante la campaña brasileña por la creación del denominado “Ejército de Lula”, una red de movilización digital que utilizó principalmente WhatsApp para distribuir mensajes y coordinar acciones entre simpatizantes.


La estructura superó los diez millones de participantes durante la segunda vuelta, según los datos difundidos sobre aquella campaña. Kertész y Marroquim, por su parte, integraron el equipo que trabajó en la estrategia de comunicación del candidato del PT.


La experiencia brasileña interesa a sectores del peronismo que buscan combinar la militancia territorial con una mayor presencia en las plataformas digitales. El desafío consiste en adaptar esas herramientas a la realidad argentina, marcada por diferencias internas y una disputa todavía abierta por la conducción opositora.


El escenario de 2027 también estará atravesado por la relación entre Cristina Kirchner, Massa y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien aparece como otro de los posibles protagonistas de la competencia presidencial.


Por ahora, los encuentros representan contactos políticos y un intercambio de experiencias. La construcción de una coalición, la definición de candidaturas y la elaboración de un programa común siguen siendo asuntos pendientes para el peronismo.


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En una jornada de gran convocatoria, fieles cristianos se congregaron en la explanada de Casa de Gobierno para celebrar el Día Provincial de las Iglesias Evangélicas, instituido por la Ley Provincial N.º 9130.





El encuentro, bajo el lema “Altar de Adoración: Tucumán para Cristo”, reunió a más de mil danzoras, grupos de alabanza y congregaciones que compartieron una tarde de música, expresiones de adoración y proclamación de la Palabra de Dios, en un espacio de encuentro y participación.


Uno de los momentos centrales de la jornada fue la oración pública por Tucumán, durante la cual pastores, pastoras y fieles elevaron sus plegarias por el bienestar de la provincia, sus instituciones, sus autoridades y las familias tucumanas, reafirmando un mensaje de unidad.





RECONOCIMIENTO AL GOBERNADOR


En el marco de la celebración, representantes del cuerpo pastoral hicieron entrega de una distinción al gobernador Osvaldo Jaldo, en reconocimiento a su acompañamiento a las iglesias evangélicas, su respeto por la libertad religiosa y el diálogo institucional sostenido con las distintas expresiones de fe de la provincia.


La distinción fue recibida por la Secretaria de Culto y Vinculación, Roxana Díaz, en representación del primer mandatario.


EL ROL SOCIAL DE LAS IGLESIAS


Durante la actividad, Roxana Díaz destacó el aporte que las comunidades religiosas realizan en el territorio provincial y el valor de su trabajo cotidiano.


“Las iglesias evangélicas cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad, no solamente desde su misión espiritual, sino también a través de la contención, la asistencia y el acompañamiento que brindan diariamente a miles de familias tucumanas. Son instituciones que trabajan en comunidad, promoviendo valores, solidaridad y tienen mucho compromiso social”, expresó.


De esta manera, Tucumán conmemoró una fecha muy significativa para la comunidad evangélica, poniendo de manifiesto su presencia en todo el territorio provincial y su contribución a la construcción de una sociedad basada en el respeto, la convivencia, la solidaridad y la libertad religiosa.


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La argentina Kirchner apuesta por la derrota de Trump y por su propio regreso




Cristina Fernández de Kirchner, que cumple una condena de seis años de arresto domiciliario por corrupción, ha solicitado al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su procesamiento.


Por Marina Dias


La multitud que se encontraba abajo, recién llegada de una manifestación para protestar contra los recortes en educación del presidente libertario Javier Milei, se había detenido frente a su apartamento para corear su nombre.


“¡Cristina presidenta!”, gritaban sus seguidores, sin inmutarse por el hecho de que está cumpliendo una condena de seis años de arresto domiciliario por corrupción y tiene prohibido de por vida ocupar cargos públicos. “¡Cristina presidenta!”


Kirchner, vestida con vaqueros, una blusa negra y un rosario dorado, saludó con la mano, dio las gracias, se llevó una mano al corazón y lanzó besos.


El encuentro, ocurrido un jueves reciente, duró apenas unos segundos. Los tribunales argentinos le han dejado poco margen para algo más.


Regresó del balcón, respiró hondo, se dejó caer en un sofá de cuero marrón y reanudó una entrevista con The Washington Post, la primera con un medio internacional desde su sentencia el año pasado.


A Kirchner también se le ha prohibido la entrada a Estados Unidos, pero ve la posibilidad de un regreso para ella y para el movimiento político de izquierda que la llevó a la presidencia.


“La historia no se escribe en línea recta”, dijo. “Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa”.


Según ella, el ejemplo más claro serían las pérdidas que pronostica para el presidente Donald Trump y los republicanos el martes en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.


“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, dijo Kirchner. Ella espera que los votantes estadounidenses impulsen una ola progresista.


Kirchner, exdiputada, senadora, primera dama, vicepresidenta y presidenta, es una de las figuras más controvertidas de Argentina, y aún no ha cumplido 18 meses de su condena de prisión.


Pero a sus 73 años, sigue siendo un ícono del peronismo, el movimiento populista que ha moldeado la política del país durante generaciones.


Sigue siendo presidenta del Partido Justicialista de Argentina, de izquierda, fundado hace 80 años por Juan Perón y su esposa, Eva, y colíder del Frente de la Patria, el mayor bloque de oposición en el Congreso Nacional. Las encuestas recientes muestran que su índice de aprobación es ligeramente superior al de Milei, aunque ambos rondan el 30%.


Aun así, le reconfortaron los jóvenes manifestantes que se manifestaban frente a su ventana. «Muchos de ellos son estudiantes», dijo.


Por ahora, el mundo de Kirchner se limita a su apartamento de 200 metros cuadrados. Ha establecido una rutina: come sano, hace ejercicio de cuatro a cinco veces por semana en una cinta de correr, una plataforma de step y pesas, y estudia inglés y chino “para evitar que mis neuronas envejezcan”.


Pasa las tardes leyendo y siguiendo la actualidad política mundial por televisión.


Lo más difícil, según cuenta, es no poder compartir sus pensamientos con amigos y aliados.


Tiene permitido recibir visitas durante cuatro horas a la semana, repartidas en dos días, con un máximo de tres personas por visita. Puede usar un teléfono móvil, pero teme que sus comunicaciones sean monitoreadas.


Su amigo de toda la vida, Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido presidente de Brasil la semana pasada, la visitó el año pasado. Lula pasó 580 días en prisión por cargos de corrupción antes de ser liberado en 2019 y de que sus condenas fueran anuladas.


«Me dijo: “Haz ejercicio y no te deprimas”», contó. «Pero no tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos».


Kirchner, abogada de profesión, fue primera dama de Argentina cuando su esposo, Néstor Kirchner, fue presidente entre 2003 y 2007. Posteriormente, lo sucedió en la presidencia entre 2007 y 2015. (Néstor Kirchner falleció en 2010).


Posteriormente, fue vicepresidenta del candidato presidencial que ella misma eligió, Alberto Fernández, desde 2019 hasta 2023, cuando se la consideraba demasiado controvertida para encabezar la candidatura.


En medio de una crisis económica, Fernández y Kirchner decidieron no presentarse a la reelección en 2023. Ese año, Milei, un estrecho aliado de Trump, aprovechó el descontento público por la inflación, la desilusión con la clase política y la frustración con la corrupción.


Kirchner reconoce que los peronistas contribuyeron a su propia derrota. Bajo el gobierno de Fernández y Kirchner, la inflación anual alcanzó el 211 por ciento y la tasa de pobreza se elevó al 40 por ciento, lo que provocó una disminución de los salarios y dejó a algunos trabajadores sin acceso a las necesidades básicas.


“Se produjo un colapso en la cultura laboral”, dijo. “La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”.


Kirchner fue condenada en 2022 por un esquema de contratación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia, que según los fiscales benefició a un socio comercial. Fue declarada inocente de dirigir una organización que orquestó sobornos y sobreprecios relacionados con proyectos de construcción de carreteras en la Patagonia.


Kirchner niega haber cometido delito alguno y describe su procesamiento como motivado políticamente.


—Dime dónde puse el dinero —dijo—. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto.


Kirchner y su abogado, Rafael Valim, han solicitado al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso alegando que se le negaron las debidas garantías procesales y sus derechos fundamentales. Ese fue el camino que siguió Lula; Valim fue su asesor en su caso.


Kirchner y Valim afirman que se la responsabilizó injustamente por las acciones de su jefe de gabinete y otros ministros, y que a su defensa se le negó el acceso a pruebas clave.


Según Valim, la prioridad es restablecer los derechos políticos de Kirchner y revocar su inhabilitación para ocupar cargos públicos.


El comité de la ONU puede dictaminar si se violaron los derechos de un acusado. No tiene autoridad para revocar las decisiones de los tribunales nacionales. Sin embargo, como signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Argentina está obligada a respetar sus normas.


“La decisión debe someterse a la justicia argentina”, dijo Valim. “Pero dada la tradición argentina en materia de derechos humanos y la apertura de su sistema jurídico a las decisiones internacionales en este ámbito, veo una posibilidad mucho mayor de cumplimiento, incluso en el caso de Cristina, a pesar de que se trata de un sistema que busca perseguirla”.


Argentina siempre ha estado comprometida con el multilateralismo y el derecho internacional, afirmó Flávia Piovesan, exvicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Señaló que gobiernos de derecha como el de Milei suelen presentar la supervisión extranjera como una injerencia, pero advirtió que un fallo favorable podría tener un gran impacto.


«Ante la comunidad internacional, habrá quedado reivindicada», afirmó Piovesan, profesora de derecho en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. «Eso crea una narrativa poderosa que podría tener un impacto en el ámbito político interno».


Eso es lo que Kirchner y Valim esperan. “Si Argentina no cumple”, dijo Valim, “preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino”.


Kirchner estaba sentada en una mesa roja en su comedor, rodeada de libros y un gran televisor que alternaba entre canales mayoritariamente internacionales. Dijo que consideraría volver a presentarse a la presidencia en 2027, cuando se espera que Milei busque la reelección. La oposición no se ha unido en torno a un candidato.


“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, dijo.


Según argumenta, cuando Milei y otros líderes de derecha de todo el mundo no cumplan sus promesas, la ira antisistema que los ha impulsado se volverá contra ellos.


Kirchner reconoce que los votantes han perdido la fe en la democracia y la política tradicional. Han estado dispuestos a respaldar a líderes que prometen desmantelar los sistemas existentes.


“Pero ahora muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente.”


El panorama económico de Argentina es desigual. Milei ha logrado reducir la inflación, que antes era muy alta. Sin embargo, la pobreza aumentó este año, ya que los ingresos familiares tuvieron dificultades para seguir el ritmo del creciente costo de vida. El desempleo también se ha incrementado.


Milei recibió elogios de los mercados financieros por recortar el gasto y eliminar los controles cambiarios como parte de su esfuerzo por reformar la economía argentina, que venía sufriendo desde hacía tiempo. Sin embargo, los costos sociales de su política de austeridad están afectando su popularidad. Sus índices de aprobación han caído a sus niveles más bajos desde que asumió el cargo.


Según Kirchner, el reto para los progresistas ahora no es simplemente recuperar el poder, sino comprender la ira que ha impulsado a los votantes hacia líderes que prometen transformar radicalmente el sistema y ofrecer una alternativa creíble. Lo que se necesita, afirmó, son propuestas que la gente crea que pueden implementarse realmente, sobre todo para abordar las preocupaciones económicas cotidianas y la deuda.


“¿Es posible gobernar racionalmente una sociedad en la que el 50 por ciento piensa que el otro 50 por ciento debe desaparecer?”, preguntó.


Según ella, sus clases de chino le han brindado una nueva perspectiva sobre el tema. En Occidente, explicó, la política se ha regido tradicionalmente por la expectativa de que un bando debe derrotar al otro. En la filosofía china, las fuerzas opuestas del yin y el yang coexisten en lugar de buscar la aniquilación mutua.


Afuera, más sonidos se elevaban desde la acera. “¡Ahí vienen los tambores!”, sonrió Kirchner.


Entre sus partidarios, una mujer sostenía un cartel que decía “¡Liberen a Cristina!”.


“Hoy hay mucha gente por las protestas”, dijo Christina Rivera, que se encontraba entre los manifestantes.


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La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) impulsa una jornada de paro nacional para el próximo 19 de noviembre de 2026 en repudio a la denominada Ley de Rescate Económico promovida por el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella.


El presidente de la central sindical, Nelson Alarcón, convocó a sectores laborales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles y populares a movilizarse masivamente en las calles para rechazar un proyecto de reforma tributaria que atenta contra el poder adquisitivo de la clase trabajadora mediante el gravamen de la canasta familiar y el aumento de los aportes al sistema de salud.


Alarcón denunció que la propuesta legislativa pretende transferir la carga fiscal hacia las mayorías populares mientras otorga exenciones tributarias a las corporaciones transnacionales y a las grandes élites empresariales.


El dirigente advirtió además que la normativa otorga facultades al Ejecutivo para desmantelar el aparato estatal, medida que amenaza con provocar la cesantía de más de 500.000 empleados del sector público, por lo que reafirmó el compromiso de la CUT de sostener la resistencia pacífica en las calles.


Frente a los argumentos de la administración gubernamental, que justifica la reforma bajo el pretexto de estabilizar las finanzas públicas mediante el recorte del gasto social, diversas fuerzas sociopolíticas denunciaron el carácter fuertemente regresivo de la iniciativa.


La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, expuso que el proyecto pretende elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5 al 19 por ciento en alimentos esenciales de la canasta básica como el café, el azúcar, las pastas, las frutas y las verduras.


La congresista señaló que los pretendidos mecanismos de devolución del tributo constituyen una maniobra engañosa ante la imposibilidad de acceso efectivo para la mayoría de la población trabajadora.


En la práctica, el ajuste fiscal ahondará la vulnerabilidad de millones de hogares colombianos que terminarán pagando costos elevados por insumos básicos de subsistencia, consolidando un esquema de despojo en favor del gran capital privado.


Este 14 de octubre de 2026, una multitudinaria jornada de movilización social convocada por centrales obreras, organizaciones estudiantiles, colectivos de derechos humanos, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida se desplegó en Bogotá y en las principales capitales de Colombia. En la capital, miles de manifestantes marcharon desde puntos estratégicos como el Parque Nacional y las universidades públicas a lo largo de la carrera séptima hasta converger en la Plaza de Bolívar, en rechazo a la agenda regresiva impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, al que las plataformas populares califican de ilegítimo tras las irregularidades registradas en los pasados comicios.


Las organizaciones denunciaron que el Ejecutivo busca desmontar las conquistas de transformación social alcanzadas durante la gestión de Gustavo Petro, imponiendo un esquema de austeridad que recorta programas básicos, desmantela la plantilla de personal de los servicios públicos y promueve un modelo extractivista volcado a la entrega de bienes comunes y minerales estratégicos a corporaciones privadas. Asimismo, rechazaron las tentativas de privatización en la educación pública mediante alianzas confesionales dirigidas a neutralizar el pensamiento crítico de la juventud.


La jornada de protesta se desarrolla en un contexto de abierta estigmatización estatal, luego de que la administración de De la Espriella dictara un decreto tendiente a señalar como «terroristas» a los manifestantes para infundir temor y coartar el ejercicio de la movilización popular. Parlamentarios y líderes sociales advirtieron que esta norma vulnera el derecho constitucional a la protesta y anunciaron demandas ante las altas cortes, al tratarse de un acto arbitrario dictado al margen del Congreso.


A pesar de los intentos de amedrentamiento y los bloqueos normativos, los sectores populares mantienen la ocupación de las calles para frenar el viraje antilaboral y la entrega de recursos a favor del gran capital. Las centrales obreras y plataformas juveniles ratificaron que continuarán sosteniendo el pulso callejero frente a la avanzada neoliberal y autoritaria del régimen. TeleSur


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En un mensaje compartido en la red social X, la jefa de Estado informó que el Comando Nacional sobre el Fenómeno El Niño ha reportado «un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche» del domingo.


«Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia», dijo Fujimori y precisó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se dirige a la región Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia.


«Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia», anunció Fujimori, quien tenía previsto viajar a Madrid del 2 al 6 de noviembre próximos.


La explicación de Keiko Fujimori




«Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias», remarcó la mandataria.


El gobierno de Fujimori ha activado las alertas sobre un «meganiño» en el territorio peruano, a raíz de los pronósticos conocidos hasta la fecha que anticipan un evento extraordinario y de magnitud superior a los últimos fenómenos climáticos similares registrados en las últimas décadas.


El pasado viernes, el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) de Perú señaló -en su más reciente reporte- que las lluvias que produce este evento en el litoral peruano, que pueden provocar grandes inundaciones, se irán incrementando en lo que resta de 2026 por encima de los promedios habituales.


«Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 20276, continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad», reza el informe.


Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonia, las precipitaciones serían de normales a inferiores y el ENFEN advirtió que esta condición será más acentuada en la zona del lago Titicaca, ubicado en el sur del país, donde se esperan precipitaciones menores a lo habitual.EFE


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San Martín le baja la persiana a una temporada que hace rato dejó de ofrecerle respuestas deportivas. Desde las 18:30, el conjunto de Bolívar y Pellegrini recibe a Colegiales en La Ciudadela por la fecha 36 de la Zona B, en un compromiso donde el resultado carece por completo de peso numérico para el local: sin chances de pelear por el Reducido y lejos del fondo, el duelo es apenas una formalidad contractual que sirve de prólogo para una reestructuración profunda que ya arrancó fuera del campo.


​La decisión del cuerpo técnico y la dirigencia fue tajante a la hora de armar la nómina. Quedaron al margen aquellos futbolistas de renombre y contratos pesados que ya recibieron la comunicación formal de que no continuarán en la institución. En su lugar, el protagonismo recae en los pibes de las divisiones inferiores que venían pidiendo pista y hoy asumen el peso de la camiseta. Para el Santo, los noventa minutos de esta tarde no se juegan en clave de tabla, sino de evaluación rigurosa: observar quiénes tienen temperamento y condiciones para sostenerse en el plantel profesional cuando inicie el próximo proceso.


​El contraste de urgencias es absoluto. Mientras el Santo afronta una tarde de banco de pruebas y despedidas encubiertas, Colegiales llega a Tucumán con el pulso acelerado y la calculadora en mano. Con 51 puntos y una racha reciente que lo mantiene firme en la conversación, el elenco de Munro necesita sumar para asegurar su boleto al Reducido por el segundo ascenso. El visitante no tiene margen para especular y vendrá a imponer condiciones desde el arranque, sabiendo que una distracción en La Ciudadela le puede costar el objetivo de todo el año.


​El choque plantea una paradoja en Bolívar y Pellegrini. San Martín juega sin ataduras tácticas ni presión clasificatoria, pero con la mirada inquisidora de un público desencantado que juzgará qué pibes están a la altura de las circunstancias; enfrente, Colegiales carga con la obligación agobiante de ganar para no quedarse con las manos vacías. La Ciudadela será testigo de un partido donde uno busca sembrar el futuro y el otro se juega la vida en el presente.


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A menos de un mes del cierre de las sesiones ordinarias, el oficialismo sigue sin conseguir los votos necesarios en el Senado para suspender las PASO, y enfrenta una resistencia de sus principales aliados parlamentarios y de los gobernadores que suelen acompañar las iniciativas de la Casa Rosada.


Con la mira puesta en la reelección presidencial de 2027, el Gobierno pretende eliminar las primarias que se realizan en agosto para definir las candidaturas nacionales


Sin embargo, la iniciativa ingresada en abril continúa empantanada y obliga al oficialismo a multiplicar las negociaciones para evitar que una de sus principales apuestas políticas termine naufragando en el recinto.


Además del poroteo, el oficialismo enfrenta un problema de calendario. 


La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la necesidad de aprobar con anticipación cualquier modificación de las reglas electorales, ante la proximidad de los comicios de 2027.


La cuenta es concreta y el margen, cada vez más estrecho. La Libertad Avanza dispone de 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para aprobar el proyecto. 


Esto implica sumar al menos 16 voluntades de otras bancadas, una meta que todavía no consiguió asegurar.


En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de las conversaciones con los gobernadores dialoguistas, en un intento por transformar los acuerdos políticos y las demandas provinciales en respaldos legislativos. 


Hasta ahora, el oficialismo habría conseguido acercar 11 de los 16 votos que necesita, aunque el desafío sigue siendo convertir esos compromisos en una mayoría efectiva.


Una negociación que mezcla votos, provincias y candidaturas


La estrategia oficial expone una de las principales dificultades de La Libertad Avanza: sus aliados no están dispuestos a acompañar automáticamente una reforma que puede alterar sus propios planes electorales.


La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, decidió mantenerse al margen de la negociación directa, bajo el argumento de que las conversaciones están atravesadas por los acuerdos electorales que cada espacio pretende cerrar en sus respectivos distritos.


De esta manera, Santilli concentra una tarea que excede la discusión parlamentaria y se adentra en el complejo mapa de intereses provinciales.


Detrás de cada voto aparecen reclamos por obras públicas, recursos, decisiones regulatorias y condiciones para competir en las elecciones de 2027.


La Casa Rosada necesita que los gobernadores traduzcan sus posiciones políticas en instrucciones concretas para sus senadores. 


La UCR, el primer frente de resistencia


El radicalismo aparece como uno de los principales obstáculos para el oficialismo. Aunque algunos gobernadores de la UCR se pronunciaron a favor de suspender las primarias, el bloque de diez senadores mantiene una posición dividida.


Los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Chaco, Leandro Zdero se manifestaron a favor de avanzar con la suspensión.


 Ese respaldo podría traducirse en los votos de Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, por Corrientes, y de Eduardo Galaretto y Silvina Schneider, por Santa Fe.


A esos cuatro apoyos podría sumarse el del correntino Carlos “Camau” Espínola, aliado de Valdés, lo que permitiría al Gobierno acercarse a su objetivo.


La situación de Mendoza agrega un componente electoral a la disputa. El gobernador Alfredo Cornejo todavía no definió si respaldará la iniciativa y busca garantías para que Luis Petri, hoy alineado con el espacio libertario, no compita en las elecciones provinciales bajo condiciones que puedan perjudicar al oficialismo mendocino.


Cornejo también planteó la necesidad de evaluar los costos y beneficios del sistema de primarias, al que su provincia recurrió en distintas oportunidades.


Cornejo tiene dos senadores que son claves para el Gobierno. Se trata de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.


También es una incógnita la posición de la santafesina Carolina Losada.


En la vereda opuesta, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama se oponen a la eliminación de las PASO.


La división radical refleja que el Gobierno no puede dar por descontado el apoyo de un bloque que resulta decisivo para cualquier intento de reforma electoral.


El PRO tampoco entrega sus votos


El otro foco de tensión está en el PRO. Sus tres representantes en el Senado -Martín Goerling Lara, Andrea Marcela Cristina y María Victoria Huala- mantienen reparos frente a la eliminación de las primarias y defienden su continuidad.


La postura representa un problema adicional para Milei: incluso dentro de los espacios que acompañaron buena parte de su agenda legislativa, la reforma electoral no cuenta con consenso automático.


Los gobernadores ponen condiciones


Fuera de la UCR y el PRO, el oficialismo busca construir una mayoría con senadores vinculados a mandatarios provinciales de diferentes espacios políticos.


Entre quienes expresaron disposición a acompañar la suspensión de las PASO aparecen Raúl Jalil, de Catamarca; Rolando Figueroa, de Neuquén; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Martín Llaryora, de Córdoba; e Ignacio Torres, de Chubut.


Ese grupo podría aportar seis votos a través de Julieta Corroza, Guillermo Andrada, Natalia Gadano, José Carambia, Alejandra Vigo y Edith Terenzi.


Pero el apoyo tampoco está desligado de las negociaciones con la Nación. Para varios gobernadores, la discusión electoral es una oportunidad para insistir con demandas provinciales que siguen pendientes.


Santilli también intenta sumar a los senadores vinculados con Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones. 


Sáenz condiciona su acompañamiento al tratamiento de cuestiones vinculadas con el presupuesto de 2027 y las PASO a la licitación para la privatización de Belgrano Cargas. Su objetivo es garantizar obras en dos ramales ferroviarios.


Passalacqua, por su parte, busca respuestas sobre la desregulación de la yerba mate y el financiamiento de obras en las rutas nacionales 12 y 14.


 En el Senado, esos planteos se vinculan con los votos de Flavia Royón, por Salta, y Carlos Arce y Sandra Decut, por Misiones.


No todos los mandatarios dialoguistas están dispuestos a acompañar la iniciativa. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, rechaza la suspensión de las PASO y pretende mantener el sistema de primarias.


Esa postura aleja del oficialismo los votos de Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, dos apoyos que no podrán incorporarse al cálculo libertario mientras se mantenga la posición del mandatario provincial.


A su vez, los gobernadores Alberto Weretilneck, de Río Negro; Marcelo Orrego, de San Juan; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Carlos Sadir, de Jujuy, no cuentan con senadores de su mismo signo político, por lo que su eventual respaldo no se traduce directamente en nuevas voluntades dentro del recinto.


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