Fue en el marco de una reunión del Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional, donde el informe presentado por la Alta Comisionada tuvo 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra.
El Gobierno argentino dio este martes un voto
de respaldo al informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los
derechos humanos en Venezuela y volvió a condenar los bloqueos y las sanciones
económicas impuestas al país gobernado por Nicolás Maduro, que "agreden
especialmente al pueblo venezolano".
La Argentina planteó su postura en el marco de la reunión del Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se
desarrolló en Ginebra.
La votación formó parte de la sesión regular número 45 del Comité de Derechos
Humanos de la ONU, y contó con 22 votos favorables, 22 abstenciones y 3 votos
en contra (Eritrea, Filipinas, y la propia Venezuela).
Más temprano, la Cancillería argentina había adelantado en un comunicado que el
presidente Alberto Fernández "dio instrucciones sobre la posición a fijar
por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución, en
relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU".
El Palacio San Martín anticipó que el Gobierno argentino iba a "valorar y
apoyar con fuerza" el trabajo realizado por Bachelet y que insistiría en
"condenar los bloqueos y las sanciones" que "agreden
especialmente al pueblo venezolano".
Desde el entorno del canciller Felipe Solá aseguraron a Télam, que la
definición de la Argentina en Ginebra no representa un giro en torno a la
situación que atraviesa Venezuela y que "tampoco implica un cambio de
mirada respecto a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro".
"La postura del Gobierno no se modificó en nada, ratifica la posición
histórica de liderazgo que tiene la Argentina respecto a la defensa y vigencia
de los derechos humanos en el mundo y el cumplimiento por parte de los
gobiernos de las obligaciones internacionales en ese sentido", señalaron.
Desde el Palacio San Martín también
recordaron que el informe Bachelet y la preocupación por situación de los
derechos humanos en Venezuela, estuvieron presentes desde la campaña electoral
de Alberto Fernández, como así también la condena los bloqueos y sanciones
económicas al país caribeño.
"La Argentina, como integrante del Grupo de Contacto Internacional para
Venezuela, busca una salida pacífica e institucional a la crisis política y
humanitaria que atraviesa Venezuela, sin la injerencia externa de ningún
tipo: ni militar, ni de seguridad, ni de inteligencia", afirmaron.
En su discurso, el embajador argentino ante los organismos internacionales en
Ginebra, Federico Villegas, aseguró que el proyecto de resolución aprobado
"contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar
la situación de los derechos humanos en Venezuela".
Asimismo, Argentina instó al gobierno de Nicolás Maduro a "cooperar
plenamente con el Consejo y con todos sus mecanismos y a implementar
íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada".
El embajador Villegas también instó al gobierno de Caracas a que "conduzca
investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y
transparentes sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos, lleve a
los perpetradores a la justicia y garantice una reparación adecuada a las
víctimas".
El diplomático aseguró que "Argentina está preocupada por la situación de
los derechos humanos y por la crisis política económica y humanitaria que
padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y
financieras y por la pandemia del Covid-19".
"Hubiéramos preferido un solo proyecto de resolución sobre este asunto,
con el activo involucramiento del país concernido", indicó el
representante argentino.
Asimismo, advirtió que "la adopción de
resoluciones sobre situaciones en países que no cuentan con la cooperación de
sus gobiernos conduce a que la posterior puesta en práctica de este tipo de
resoluciones resulte problemática y no coadyuve a fortalecer la capacidad del
Estado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos
humanos".
En el comunicado difundido más temprano, la Cancillería había informado que
"la Argentina valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet", e instó al
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a "cooperar plenamente
con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las
recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes".
"La República Argentina destacará a través de sus representantes en el
Consejo la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la
Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos
que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas
circunstancias", se precisa en el texto difundido por Cancillería.
Según indica el comunicado, la Argentina "contribuirá así a que se
cumpla con la hoja de ruta convenida en la Carta de Entendimiento firmada por
la Alta Comisionada y el Gobierno venezolano, valorando ese espacio de trabajo
concreto abierto recientemente a partir de la presentación de las
recomendaciones y solicitudes de la Alta Comisionada".
La Cancillería sostiene además que "son las autoridades venezolanas las
responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos,
así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta
aún más necesario cuando se encara un proceso electoral".
"La República Argentina como integrante del Grupo de Contacto
Internacional para Venezuela, votará acompañando su propuesta, preservando la
posición que aquí se explícita", se informó.
Por último -se indica- el presidente Fernández sostuvo "una vez más que
deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las
autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un
sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en
la que se encuentra".
Fuente: Telam