El argumento científico: Niños, no adultos
Uno de los puntos más críticos del planteo eclesiástico se basa en la neurociencia. La Iglesia sostiene que bajar la edad a 13 años ignora que, a esa edad, la corteza cerebral frontal —responsable de la capacidad de pensamiento abstracto y el control de impulsos— aún está en pleno desarrollo.
Incomprensión del proceso: El Episcopado advierte que es poco probable que un niño de 13 años comprenda acabadamente las consecuencias de sus acciones o los procedimientos penales a los que sería sometido.
Estándares internacionales: El documento recuerda que la Convención de los Derechos del Niño y el Comité de la ONU instan a los Estados a no reducir la edad de responsabilidad penal bajo ninguna circunstancia, recomendando que el piso nunca sea inferior a los 14 años.
Una reforma basada en el "caos", no en datos
La crítica de la Iglesia apunta también a la desproporción entre la magnitud de la reforma y la realidad estadística del delito en Argentina.
Baja incidencia: Según datos citados por la institución, los delitos imputados a menores de 18 años representan apenas el 1,39% del total de las causas iniciadas (basado en registros de 2023).
Punitivismo como regla: El Episcopado denuncia que, a diferencia de la ley actual (22.278) que limita la punibilidad según la gravedad de la pena, el nuevo proyecto amplía la imputación a la totalidad de los delitos del Código Penal. Esto, advierten, convertirá la privación de la libertad en la regla y no en el último recurso.
El reclamo de políticas de fondo
Para la Conferencia Episcopal, bajar la edad de imputabilidad es una respuesta simplista que "no resuelve el problema estructural". El documento es tajante al señalar que la delincuencia juvenil es una problemática multicausal que nace de la vulnerabilidad y la explotación de niños por parte de redes criminales.
La solución propuesta por la Iglesia exige un cambio de paradigma:
Corresponsabilidad: Un compromiso real del Estado y la sociedad para garantizar derechos económicos y sociales.
Prevención estratégica: Inversión en educación, formación laboral y servicios de salud mental cercanos a los barrios para tratar el consumo problemático de estupefacientes.
Justicia especializada: En lugar de penas más altas, la implementación de órganos judiciales específicos y políticas de resocialización.
"La experiencia y la razón demuestran que la baja de la edad de imputabilidad no ha reducido la delincuencia", concluye el documento del Episcopado. En una semana donde el Congreso definirá el futuro de miles de adolescentes, la advertencia de la Iglesia queda resonando como un llamado a no legislar desde el punitivismo, sino desde la protección integral de las infancias más postergadas.
Documento completo
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