La Misión de Solidaridad Internacional y
Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales,
comenzó este miércoles a recabar "denuncias de violaciones a los derechos
humanos" en Perú, en el marco de la represión que se vive en ese país
desde hace dos meses. El
sacerdote tucumano Raúl Juárez es
parte de la comitiva que integra la Misión.
“Sabemos
que no vamos solos ni solas, que todos los que se identifican con la causa
latinoamericana de una Patria Grande libre y hermana, y que no aceptan la
injerencia de ningún poder foráneo, van con nosotros, que somos muy pocos en
comparación de todos y todas que soñamos con un mundo diferente”, declaró el
religioso Raúl Juárez que forma parte del Grupo de Curas en la Opción por los
Pobres y del Colectivo Fe y Política NOA.
La delegación
arribó el martes por la noche a Perú y comenzó a "recolectar
información" que obtendrán de mantener un "contacto directo con las
víctimas" de la represión ordenada por la presidenta peruana, Dina
Boluarte.
"Hay 64 ciudadanos asesinados en
escenarios de manifestaciones pacíficas a manos de miembros del Ejército o
integrantes de las fuerzas policiales", indicó la dirigente del Frente de
Organizaciones en Lucha (FOL) Marianela Navarro durante una conferencia de prensa
realizada en un estudio jurídico de Lima.
"Al final
del día va a haber un reporte con las tareas que se realizarán a diario y al
final de la Misión vamos a hacer un informe con definiciones
preliminares", remarcó el abogado Pablo
Garciarena, perteneciente a la asociación Xumek.
Por su parte,
el dirigente social Juan Grabois
-quien también forma parte del grupo- resaltó que "el objetivo
central" de la delegación "no es sólo tomar un registro" sino
que la intención es que "cese la violencia contra los más
vulnerables".
"Argentina
tiene una tradición de defensa de los derechos humanos de muchos años, que
surge del proceso de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que enfrentaron la
desaparición y torturas durante el terrorismo de Estado en Argentina. Nuestra
obligación es reproducir ese ejemplo", subrayó.
Pese a afirmar
que la delegación "no tiene el rol" de tomar posición sobre
"asuntos de política interna", Grabois anunció que participarán
"pacíficamente" de una manifestación que se realizará en Lima para
"acompañar el derecho a protesta”.
El diputado
del Frente de Todos (FdT) Juan Marino ratificó que la Misión fue a corroborar
que se respete "el derecho a la vida, a la defensa y al debido
proceso" y no a intervenir en "asuntos internos". "Venimos
acá a velar por el respeto a los derechos humanos, que son derechos
universales", subrayó.
Además de
Navarro, Grabois y Marino, la delegación que estará hasta el 13 de febrero en
suelo peruano también está integrada por el diputado Federico Fagioli (FDT), el
referente social Ramiro Gueber (La Dignidad), la dirigente María José Cano
(ATE), el sacerdote Raúl Juárez, Pablo Garciarena (Xumek), Fernando Almejún
(Liberpueblo) y otros nueve activistas con experiencia en misiones
internacionales.
En este
contexto, el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) convocó este miércoles a una
movilización para el jueves a las 18 en Avenida de Mayo y 9 de Julio en apoyo a
"la lucha del pueblo peruano". "Juicio y castigo a los
responsables materiales y políticos de la masacre del pueblo. Libertad a Pedro
Castillo. Asamblea Constituyente Libre y Soberana", enumeró el FIT-U en
redes sociales.
Tras las
nuevas protestas del fin de semana en Lima, el Gobierno peruano declaró el
estado excepcional en los departamentos de Madre de Dios, Cuzco, Puno,
Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, que conforman casi la práctica totalidad
del centro-sur del país.
Fuentes: Prensa
Noa/Telam