En el marco de la
controversia por los fondos coparticipables redirigidos a la Ciudad de Buenos
Aires, el Ejecutivo pidió además que por "decoro" los miembros del
tribunal "se excusen de intervenir" en este planteo.
En esta ampliación de la recusación impulsada en diciembre último el
Gobierno, con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, incorporó el
pedido de juicio político contra Horacio Rosatti (presidente), Carlos
Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Parte de esta nueva presentación está dedicada
a la filtración de los supuestos chats que se enviaban un estrecho colaborador
del titular de la Corte, Silvio Robles, y el exministro porteño Marcelo
D´Alessandro.
El Gobierno amplió la recusación a los jueces
de la Corte Suprema en la controversia por los fondos coparticipables
redirigidos a la Ciudad de Buenos Aires; en la presentación además
pide que por "decoro" los miembros del tribunal "se excusen de
intervenir" en este planteo y que, en cambio, el caso sea resuelto por
"conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de
todo el país".
"La existencia de ese tipo de vínculos
entre un alto funcionario que asiste de manera próxima al Presidente del
Tribunal (por Rosatti), y representantes políticos del Gobierno de la CABA
-parte demandante en esta causa-, resultaba contraria a la prestación de un
buen servicio de administración de justicia", fundamentó la presentación.
La Procuración del Tesoro remarcó también que
las comunicaciones entre D´Alessandro y Robles "tomaron estado
público" y "dieron origen a denuncias de carácter penal ante la
Justicia Federal" y motivaron el pedido de juicio político en el
Parlamento Nacional.
"Resulta claro que se ha configurado un
nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para
que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte
de este proceso", insistió el Ejecutivo en alusión a Rosatti.
A finales del año pasado, el presidente Alberto
Fernández pidió la recusación de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti y
el Gobierno presentó también un pedido de revocatoria "in extremis"
contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que se
destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la CABA.
Fuente: Telam