Para que Alfonso Prat Gay tuviera un contexto donde exponer su opinión sobre cómo reducir los gastos públicos fue que desde el programa La Cornisa de La Nación Más del 11 de julio, el conductor Luis Majul y la columnista Silvina Martínez utilizaron argumentos capacitistas al referirse al “negocio de la discapacidad”.
El camino hacia el 2023 está acortándose, por eso los
animadores como Majul deben llenar espacios de pantalla con las figuras de “la
oposición” que aspiran a ocupar los primeros lugares en las listas, por allí es
el caso de Prat Gay, que fue funcionario nacional con aspiraciones a la
gobernación de Tucumán, esa provincia a la cual su familia contribuyó a
destruir para enriquecerse al ser parte de los golpes
cívico-militares-eclesiales que sufrió la Argentina durante 1955, 1966 y 1976,
sumiendo al pueblo de Tucumán en la pobreza, la miseria planificada, la
desolación y el desarraigo de cientos de miles de comprovincianos.
La
más importante causa generadora de la condición de discapacidad es la pobreza,
acompañada de la desnutrición, la contaminación y el trabajo forzoso.
Prat Gay sabe de ésto, viene de cuna de explotadores, de
ser propietarios del perro familiar devorador de
trabajadores y vecinos para mantener el control de los pueblos obreros bajo el
ejercicio del miedo y el terrorismo de Estado.
Mauricio Macri tuvo a Prat Gay como Ministro de Economía,
es decir que son parte de una estructura que bajo el paraguas del
neoliberalismo ejecuta políticas de exterminio de sectores específicos,
violando los derechos humanos de millones de personas, y en el caso particular
de las personas con discapacidad fue el sector que más sufrió la política de
ajuste socioeconómico durante la gestión de Juntos por el Cambio entre el
2016-2019. Y su evidencia concreta son las 10.619 personas con discapacidad
fallecidas tras la quita de pensiones no
contributivas al quedar sin cobertura médica y sin medios de supervivencia. Sin
lugar a dudas, las personas con discapacidad fueron víctimas de un genocidio.
Majul se refiere al negocio de la discapacidad,
propiciando sentimientos de exclusión y discriminación en detrimento de los más
de 5 millones de personas con discapacidad que viven en la Argentina.
La crítica de Majul y Martínez mostrando los números de
la gestión del gobierno nacional desde el 2003 al 2015 sólo dan cuenta del
reconocimiento que recibieron los argentinos y las argentinas en su condición
de personas con discapacidad a quienes el Estado argentino llegó para darles
protección, seguridad social, incluyéndolos en políticas públicas como nunca
antes había ocurrido pues debía cumplir con los compromisos asumidos desde el
2006 con la suscripción de la Convención Internacional de los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad (CDPCD), Tratado Internacional vigente en
Argentina con rango constitucional… pero Majul no lo dice, no puede mencionarlo
y menos la columnista Martínez porque entonces “su informe” tendencioso carece de razones.
Los que si pueden referirse al “negocio de la
discapacidad” son los tenedores de bonos de deuda pública que recibieron en el
año 2016 como parte del pago de intereses más de mil millones de dólares del
Fondo Solidario de Redistribución, así se desfinanciaban los programas de
políticas públicas dedicados a la discapacidad (pensiones, insumos, elementos
ortopédicos, prestadores, etc). Vale recordar que para justificar el
vaciamiento del Fondo Solidario la entonces Directora de la flamante Agencia de
Discapacidad, Gabriela Michetti, instalaba la idea que había “pensiones
truchas”. Sospechando a las personas con discapacidad, así empezaba Cambiemos
la ejecución de un macabro plan de saqueo de las arcas públicas que afectaba a
millones de Personas con discapacidad y a otros grupos vulnerables cuyos
expedientes serían archivados sin ninguna respuesta oficial, y sus vidas
abandonadas al azar.
También pueden hablar de “negocio de la discapacidad” los
grandes prestadores que no reciben control de la Superintendencia de salud, ni
de la CNRT, ni del Ministerio de Trabajo u otros organismos que administran
recursos para generar prestaciones, servicios, apoyos y otros programas
destinados a la inclusión efectiva de las personas con discapacidad.
Y un sector que también se refiere “al negocio de la discapacidad” son los patrones y las
Cámaras en las cuales se nuclean que suelen pedir más flexibilidad laboral, que
reniegan por la vigencia de las leyes laborales e impositivas, todos ellos que
no registran a sus trabajadores, y que son beneficiados por la impunidad
administrativa y judicial, quizás las mismas que acompañan a Prat Gay y Macri.
Esas patronales saben que nuestro Sistema de Seguridad Social Nacional otorga
beneficios como las PNC, PUAM y otras graciables, y durante los períodos de
ajuste económico las patronales realizan despidos masivos, en tanto esos
trabajadores despedidos “descartados” del modelo neoliberal luego alcanzan los
beneficios de las PNC por las secuelas laborales de enfermedades que las
patronales no cubrieron; veamos algunos ejemplos, trabajadores del sector azucarero despedidos que deben recurrir al
gobierno local o comunal para que les tramiten la PNC porque presentan
problemas de salud traumatológicos, cardíacos, auditivo, y que no cuentan ya
con seguro de desempleo por el tiempo transcurrido, sus indemnizaciones no fueron
pagadas porque se abrió el juicio de quiebra (fraudes mediante), que por
razones de edad la ART les asegura que no pueden acceder a la Pensión Retiro
por invalidez laboral, y así llegan al beneficio de la Pensión No Contributiva;
o también casos de trabajadores de la construcción que se desempeñan sin
registración o “en negro”, que acceden a la PNC por invalidez y que no tienen
aportes en ANSES ni en AFIP. Resulta
necesario contar con más información gubernamental para realizar un
informe y determinar las sanciones sobre las maniobras patronales de abandonar
a los trabajadores en condición vulnerable de salud, con invalidez, abandonarlos para que el
Estado se haga cargo usando los beneficios de las PNC y así no afrontan el pago
de indemnizaciones ni los aportes en los organismos correspondientes.
Repudiamos
a Majul, Martínez y Prat Gay por el escenario que protagonizaron y en los
términos en que se refirieron a nuestro colectivo social violando lo que
establecen las Convenciones de Derechos Humanos, y reivindicamos la lucha
histórica del colectivo de personas con discapacidad hasta que se logren actos
de justicia y la reparación ante tanta injusticia.
Mirian Suarez - Secretaría de Discapacidad
CTA - Mesa Nacional
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Foto: https://www.laizquierdadiario.com/El-Gobierno-de-Ongania-el-cierre-de-ingenios-en-Tucuman-y-los-Prat-Gay