Félix Croux dispuso la aprobación del 'Régimen del Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública' que se aplicará sobre las "autoridades superiores de la Administración Pública Nacional".
La Oficina Anticorrupción aprobó este lunes la aplicación de un "sistema
de monitoreo" de "actividades públicas y privadas anteriores y
posteriores" al ejercicio de la función pública para las autoridades
superiores de la administración pública nacional y las empresas del sector
público que pertenecen al Poder Ejecutivo.
A partir de la Resolución 7/2022, publicada este lunes en el
Boletín Oficial, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Croux,
dispuso la puesta en marcha del 'Régimen del 'Sistema de Monitoreo de
Actividades Privadas y Públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la
función pública'" con el objetivo de "cotejar y
verificar el cumplimiento de las normas de ética pública" por
parte de las personas que ingresan y egresan de cargos públicos de alta
jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional.
"Mediante el formulario de Declaración Jurada de Actividades Anteriores y
posteriores al ejercicio de la función pública se registrarán
antecedentes, vínculos e intereses privados hasta tres años antes de asumir la
función pública y hasta un año después de dejar el cargo. Lo
completarán las autoridades superiores de la Administración Pública Nacional y
de los entes y empresas del Sector Público Nacional pertenecientes al Poder
Ejecutivo", informó la Oficina Anticorrupción a través de un comunicado.
El organismo expuso que el ingreso y egreso a altos cargos públicos
desde y hacia el sector privado, "fenómeno conocido como 'puerta
giratoria'", implica "riesgos de captura de la decisión pública"
que pueden perjudicar el interés público "en beneficio de
intereses privados específicos mediante el traspaso de información privilegiada
o la falta de imparcialidad e independencia de criterio, entre otras conductas
contrarias a la ética pública".
Estos riesgos "se agravan cuando las personas que desempeñan cargos
directivos en entidades privadas reguladas o controladas por determinados
organismos públicos son designadas para cumplir funciones en tales
organismos".
"Lo mismo ocurre cuando quienes ejercieron funciones públicas pasan o
regresan a ocupar cargos de alta jerarquía en el sector privado, en especial
cuando se trata de autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional",
añadió la Oficina Anticorrupción.
Por ello, la resolución pretende "monitorear la circulación en la
ocupación de altos cargos en el sector público desde y hacia el sector privado
que pudieran acarrear situaciones de conflicto de intereses u otros riesgos de
incumplimiento de dichas normas".
A través de esta medida, "las personas que se hallen cumpliendo
funciones al momento de la entrada en vigencia de la presente resolución deberán
presentar las declaraciones juradas de antecedentes, previstas en el artículo
4° del Régimen del 'Régimen del 'Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y
Públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública',
dentro de los treinta (30) días hábiles de la fecha que a tales efectos
establezca la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia".
"Tal fecha no podrá superar los cuatro (4) meses de la entrada en vigencia
de la presente resolución", indica el texto.
La resolución entró en vigencia este lunes
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
De acuerdo con esta medida, "las personas que se hallen cumpliendo
funciones a la fecha de la entrada en vigencia de la presente resolución y
egresen de sus cargos dentro de los cuatro meses de dicha fecha deberán
presentar las declaraciones juradas de egreso dentro de los treinta días
hábiles de la fecha de efectivo cese de funciones o de los cuatro meses de la
entrada en vigencia de la presente resolución, la que resulte posterior".