La fiscal general Gabriela Boquin solicitó mediante un nuevo dictamen a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que confirme la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía residual de la familia del expresidente Mauricio Macri.
El caso tiene dos escenarios posibles a partir de la decisión de la fiscal. La situación de Correo podría implicar la extensión de la quiebra al holding familiar y a los accionistas de Socma y Sideco para pagar las deudas en su totalidad.
La principal empresa de la familia del exmandatario, Socma, es la accionista central de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Los hijos del expresidente Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace más de cuatro años, cuando cedieron sus acciones a su tío Gianfranco Macri, según corroboró este medio con la compañía.
Además, de Gianfranco, quien actualmente es el accionista mayoritario, con el 40% de las acciones de Socma, son accionistas de la empresa Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014.
El dictamen de Boquin fue presentado el 13 de diciembre último, pero no había trascendido. Desde entonces, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, deben tomar una decisión en el expediente.
El dictámen de Boquin tiene dos planteos centrales en función de esos dos escenarios posibles. En primer lugar, la fiscal solicitó que las camaristas declaren mal concedido el recurso de apelación de Correo, es decir, que le denieguen a la compañía el derecho a apelar por no cumplir con los requisitos impuestos por la ley para hacerlo. Si las camaristas así lo decidieran, la quiebra debería quedar ya confirmada.
Días después de decretar la quiebra, la jueza Cirulli suspendió su propia decisión y le concedió a la empresa la posibilidad de acudir ante la Cámara Comercial.
Boquin destacó en su dictamen que “la ley concursal no prevé la posibilidad de apelar” en los casos en los que la deudora haya estado en proceso de salvataje y no haya logrado las mayorías legales entre los acreedores para cerrar un acuerdo y pagar sus deudas, tal cual fue la situación de Correo.
Esto mismo fue planteado en el expediente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una de las acreedoras de la empresa de los Macri, que se quejó por la decisión de la jueza Cirulli de permitir la apelación.
Un segundo escenario es que las juezas acepten la apelación de la empresa y analicen la cuestión de fondo: si confirman o no la quiebra ordenada por la jueza Cirulli en julio último.
En caso de que las juezas de la Sala B consideren bien concedida la apelación, la fiscal también planteó que se confirme la quiebra de la compañía de los Macri, ya que, sostuvo, no consiguió las mayorías exigidas por la ley, empezando por la del Estado nacional, que, representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, rechazó la propuesta.
La fiscal también afirmó que la mayoría de las conformidades de acreedores que Correo sí consiguió son anteriores a 2007 y no pueden validarse porque la ley exige que las conformidades deben ser posteriores a la última oferta de Correo para saldar sus deudas -que data de marzo de 2021-; y, además, esa mayoría de acreedores a favor de firmar un acuerdo fue conseguida “en fraude a la ley”, aseguró Boquin.