Sobre las actividades de las 21 terminales portuarias instaladas a lo largo de los 70 kilómetros de costa del río Paraná se tejen sospechas que en pocas ocasiones encuentran confirmación judicial. Son el foco de atención de una presunta evasión multimillonaria que se estima en alrededor de US$10.000 millones en la última década
Escribe Luciano Couso
Las 16 principales compañías del sector informaron el envío del 89,7% de los productos agroalimentarios argentinos al exterior.
Los puertos del complejo agroexportador más importante de América del Sur,
enclavados en el Gran Rosario y por los que cada año sale el 80% de los envíos
al exterior de granos y subproductos, son el foco de atención de una
presunta evasión multimillonaria que un informe estima en alrededor de
US$10.000 millones en la última década, que contrasta con la
inexistencia de causas judiciales sobre contrabando, tanto de cereal como de
estupefacientes.
Sobre las actividades de las 21 terminales portuarias instaladas a lo largo
de los 70 kilómetros de costa del río Paraná, en el Gran Rosario, se tejen
sospechas que en pocas ocasiones encuentran confirmación judicial.
La semana pasada, sin embargo, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) incautó en un depósito fiscal de Rosario 502 toneladas de soja
que iban a ser exportadas a Paraguay sin documentación respaldatoria, mientras
que un juez resolvió el decomiso de 8.100 toneladas de maíz almacenadas en un
depósito de Campana, con destino a Uruguay.
El sábado, en un operativo realizado en el puerto de San Pedro, en la provincia
de Buenos Aires, un trabajo conjunto de personal de Aduanas y de la Dirección
General Impositiva (DGI) logró evitar una exportación fraudulenta de 4.137 toneladas de maíz
partido, cuyo origen no pudo ser justificado ni por la firma
exportadora ni por el productor.
"La evasión de granos en la Argentina es multimillonaria. Argentina debe
controlar su frontera y su comercio de granos, pesar y medir", dijo a
Télam Pedro Peretti, exdirector de Federación Agraria Argentina y miembro del
Movimiento Arraigo.
En el mismo sentido, el diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade, del
espacio Soberanía Popular, un periodista que investigó este tipo de
operatorias, afirmó que "se sabe muy poco de lo que pasa en las terminales
privadas" ya que la actividad del sector se basa en "declaraciones
juradas de las propias empresas".
"No hay manera de saber bien qué es lo que realmente se exporta",
advirtió el legislador.
En los diez primeros meses del año las empresas liquidaron 28.086.928.631 dólares, lo que brinda una idea de la magnitud del negocio.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) informó
que en los diez primeros meses del año las empresas liquidaron
28.086.928.631 dólares, lo que brinda una idea de la magnitud del negocio.
Un informe del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) estimó
que "cerca de 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del
mundo no se declaran en el país".
Para ello, comparó los registros de exportaciones "de productos del
capítulo 12 de la Nomenclatura Común del Mercosur", con el valor declarado
por las aduanas de destino.
"Para la última década, la sumatoria del valor anualizado (2011-2020)
según los datos del Indec es de U$S 39.434 millones, mientras que, al
observar la suma del valor declarado por las aduanas de destino para estos
productos argentinos, el valor total declarado asciende a U$S 49.220 millones,
lo que implica una diferencia de U$S 9.780 millones", sostiene el informe
del IADE.
El mismo trabajo retoma un estudio realizado en 2017 por el Instituto Wider,
dedicado a investigaciones sobre economía del desarrollo en Naciones Unidas
(ONU), sobre la evasión y la elusión corporativa, en el que la Argentina
figuraba entre los cinco países del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales
a manos de empresas transnacionales.
"Cerca de 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del
mundo no se declaran en el país", sintetiza el informe del IADE.
Peretti, en diálogo con Télam, sostuvo que "el comercio ilegal de granos
abarca una serie de figuras, pero que son todas concomitantes en cuanto a que
no se paga al fisco lo que le corresponde, y tendientes a mejorar los balances
de las grandes compañías exportadoras".
"Por eso es tan importante medir y pesar todo lo que entra y todo lo que
sale", remarcó Peretti, quien propone la creación de una Agencia de Pesos
y Medidas, a las que considera como "cuestiones centrales para una
política fiscal".
Las 16 principales compañías del sector explicaron el año pasado, de acuerdo
al ranking elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el envío del
89,7% de los productos agroalimentarios argentinos al exterior.
En 2016, el inspector del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, Norberto Bardey, advirtió que una publicación del organismo
informaba que una parte de las 212.488 toneladas de soja importadas de Paraguay
en el primer cuatrimestre del año habían ingresado por el puerto que la
cerealera Louis Dreyfus tiene en la localidad de General Lagos, distante 22
kilómetros al sur de Rosario.
"El puerto estaba inactivo desde hacía cinco años por un incendio",
denunció en esa oportunidad Bardey, quien notificó del hecho a sus superiores.
Tras la denuncia, en vez de abrirse una investigación el funcionario fue
trasladado a un destino de "castigo", relató el propio inspector del
Senasa al equipo de investigación de Radio Nacional (Nacional Doc), que edita
regularmente un podcast para el ciclo "Conocer Nacional".
El año pasado ingresaron a los puertos del Gran Rosario 2.632 buques
oceánicos, la cifra más alta desde que se lleva registro en los
últimos 20 años.
Además del tema granos, el diputado Del Frade advirtió que los acuerdos
internacionales y regionales de libre navegación para buques de bandera
extranjera impiden que en la Argentina se controle "la carga de un barco
en movimiento", lo que explica "los cargamentos grandes de
cocaína" que en los últimos años "se han detectado en Europa".
Según el Centro de Patrones de Cabotaje, el 90% de la producción exportable se
embarca en flota paraguaya y solo el 2% por la marina mercante argentina.
El anuario estadístico 2020 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)
informó que el año pasado se inició sólo una causa por contrabando de
estupefacientes en la Justicia Federal de Rosario sobre un total de 1.833
expedientes iniciados en todo el territorio provincial de Santa Fe por
distintos delitos vinculados al narcotráfico (contrabando, tenencia,
comercialización, financiamiento de actividades ilícitas, etcétera).
En 2019 se formaron 6 causas por contrabando de estupefacientes pero,
según un operador judicial consultado por Télam, "son causas menores que
no involucran a la actividad de los puertos", sino el envío de narcóticos
por correo desde otros países.
Un fiscal federal que pidió reserva de su identidad afirmó que el del
contrabando y la evasión impositiva "es un tema que no está abordado en
esta jurisdicción, no hay una definición de política criminal efectiva y es una
vergüenza, porque están los puertos más importantes del país".
Del Frade, por su parte, aseguró que las sospechas sobre un tráfico sistemático
de drogas a través del río Paraná con destino a Europa comenzó a fines de los
años '90.
"El dato más preocupante apareció en 1998, cuando la DEA (Drug Enforcement
Administration, agencia antidrogas de EEUU) hace el primer informe sobre
narcotráfico en la Argentina desde la Argentina y afirma que la mayor cantidad
de cocaína ingresaba a través de los puertos privatizados del Paraná, entre
ellos el de Rosario, el de San Lorenzo y el norte de la provincia de Buenos
Aires", detalló el diputado, que escribió el libro "Ciudad blanca,
crónica negra–Historia del narcotráfico en Santa Fe", en el que aborda el
tema.
Para el legislador, el contrabando "es una matriz que la
democracia recicla" y en la que "se suma cualquier tipo de
cosas: cereal, marihuana, armas. Esta es una matriz que tiene más de 40
años".
Voceros judiciales dijeron a Télam que han sido pocas las causas por ese delito
en los últimos años, y recordaron la llamada "Narco Arroz", que en
2015 descubrió 40 litros de cocaína líquida impregnada en granos en un depósito
fiscal de Rosario y con destino al Exterior.
Del Frade planteó que "lo que es fundamental es tener el control,
administración y planificación del comercio exterior argentino, a través del
Paraná".
"Eso es lo que nos falta, hacer un ejercicio de descolonización mental,
porque los propietarios de los puertos somos nosotros, no los inquilinos
(concesionarios). No puede ser que Cargill y las demás nos pongan las reglas de
juego", concluyó el legislador.
Fuente: Telam