Ahora deberán pagar una multa millonaria de $1.400.000, a modo del reintegro al Estado por su estafa.
El escándalo se desató el año pasado cuando algunos
vecinos de la localidad salteña de Campo Quijano se encontraron con un
funcionario municipal en la fila para cobrar el subsidio económico, algo
que llamó poderosamente la atención.
La situación generó tanta conmoción que el fiscal Ricardo
Toranzo abrió una investigación de oficio para intentar aclarar los hechos. Sin
embargo, al revisar los inscriptos al IFE, el funcionario se encontró con
una gran estafa.
Cerca de 52 legisladores de más de 20 localidades y de
todos los partidos políticos, además de 10 funcionarios de municipios y 3
agentes del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) habían solicitado
el IFE, a pesar de que no les correspondía.
En consecuencia, las causas penales continuaron y
solo 24 de los imputados estuvieron de acuerdo con reparar el daño, por lo que
deberán ahora reintegrar cerca de $1.400.000. De igual forma, la sanción no
terminará allí, puesto que también tendrán que hacer tareas comunitarias y
tienen prohibido presentarse a nuevas elecciones.
Por otro lado, quienes no aceptaron reparar los daños
deberán ir a juicio oral para que un tribunal determine cuál será la condena
que deberán cumplir. Mientras tanto, los dos agentes del PAMI tendrán que pasar
tres años en prisión por la estafa.
El fiscal Federal Ricardo Toranzos inició la investigación la semana pasada por tratarse de fondos nacionales. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, abrió la investigación "para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas". "Tenemos dos situaciones de delito, el consumado cuando se cobra y el delito por tentativa cuando se lleva acabo la acción pero no se completa por situaciones ajenas a su voluntad", advirtió la fiscal.
Fuente: https://www.quepasasalta.com.ar