ANDHES PRESENTÓ A LA CORTE TUCUMANA 10 PUNTOS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN CARCELARIA



La muerte de cuatro mujeres privadas de libertad en la Brigada Femenina de Concepción renovó las demandas de la organización para que se mejoren las condiciones de detención en las que se encuentran las personas privadas de libertad.

En su comunicado ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) advierte que en 2015, “dos personas que se encontraban detenidas en una celda de la Brigada Norte (Yerba Buena) fallecieron como consecuencia de un incendio que se produjo en su celda”.

En ese marco, la organización presentó un “habeas corpus colectivo por el cual la Corte de Justicia de Tucumán emitió al menos 8 sentencias judiciales exhortando al Poder Ejecutivo a realizar obras edilicias en todos los lugares de detención y prohibiendo el alojamiento de personas en lugares que no reúnan las condiciones mínimas”.

Seis años después, y sin que se haya avanzado en lo dispuesto por la Corte provincial, un hecho similar sucedió recientemente en la Brigada Femenina de Concepción, donde cuatro mujeres privadas de libertad murieron calcinadas, afirma ANDHES.

Asimismo la organización señala que “en el último año, y por cambios en el código Procesal Penal de Tucumán, se quintuplicaron las sentencias judiciales y aumentaron notablemente las detenciones de personas que cometieron delitos” y remarca que “sin embargo, los lugares de alojamiento para personas privadas de libertad siguen en pésimas condiciones”.

Tras estas consideraciones Andhes resolvió presentar un escrito ante el máximo tribunal judicial de la provincia para plantear “10 puntos que puedan mejorar las condiciones de los lugares de detención”:

  • 1.    Se conforme una mesa de diálogo con participación de la sociedad civil donde se puedan debatir estrategias que ayuden a evitar que tragedias como las de Yerba Buena y Concepción se repitan.
  • 2.    Se ordene a los jueces y juezas que tienen a su cargo personas privadas de libertad que evalúen alternativas a la privación de libertad cuando no existan lugares aptos para alojarlas.
  • 3.    Se cree un Registro de Cupos que específicamente determine el número máximo de personas que pueden alojarse en cada una de las dependencias policiales y del servicio penitenciario.
  • 4.    Se ordene al Poder Ejecutivo de la provincia remita un detallado informe respecto a la ejecución de Planes de Obras que se comprometió a realizar en la audiencia de fecha 1 de julio de 2019.
  • 5.    Se ordene la compra de colchones ignífugos para todas las dependencias policiales donde se alojan personas privadas de libertad.
  • 6.    Se ordene que en el plazo de 72 hs el Poder Ejecutivo de la provincia informe sobre la existencia de matafuegos, red de agua contra incendios, planes de evacuación en cada una de las dependencias policiales donde se alojan personas privadas de libertad.
  • 7.    Se conforme una Comisión Ad Hoc con miembros de los tres poderes del Estado y miembros de la sociedad civil para monitorear en forma urgente las dependencias policiales donde se alojan personas privadas de libertad.
  • 8.    Se exhorte al Poder Legislativo a conformar el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura previsto en la ley 8523 y ponerlo en funcionamiento con la mayor celeridad posible.
  • 9.    Se solicite al Ministerio de Seguridad de la provincia que informe el número de agentes policiales destinados a la custodia de personas privadas de libertad en dependencias policiales. 
  • 10.  Se solicite al Ministerio de Seguridad de la provincia que informe el tiempo de alojamiento de cada una de las personas privadas de libertad en dependencias policiales.

Por otro lado, se pide que “se solicite al Ministerio Público Fiscal un informe detallado sobre las causas de la muerte de las 4 mujeres que se encontraban alojadas en la Brigada Femenina de Concepción y sobre la conducta adoptada por las personas responsables de su custodia al momento de los hechos”.

La masacre de la Brigada Femenina de Concepción es investigada por el fiscal Miguel Varela, de la Unidad de Graves Delitos. Por estas horas, desde Andhes analizan presentar una ampliación del habeas corpus colectivo de 2015 y participar de la causa como organización querellante, una posibilidad que les brinda el nuevo Código Procesal de Tucumán.

 

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