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| Entró en vigencia la suspensión de las exportaciones de carne bovina. |
La resolución del Ministerio de Agricultura establece que la medida "podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento, a precios razonables". La Mesa de Enlace cesó la comercialización de hacienda como medida de protesta.
El
Ministerio de Agricultura formalizó la suspensión por 30 días de la exportación
de carne bovina hasta el 19 de junio próximo, con excepción de aquella que
forma parte de cuotas con ventajas arancelarias, como la Hilton europea, y
aclaró que la medida "podrá darse por concluida una vez que se verifique
el normal abastecimiento" del producto y "a precios razonables".
A través de la resolución 75/2021, publicada este jueves en el Boletín Oficial,
la cartera que conduce Luis Basterra suspendió por el plazo de 30 días la
aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación
de Carne (DJEC) respecto de los productos cárnicos de origen bovino.
Quedaron exceptuadas las mercaderías destinadas al consumo y que sean
exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros
países a la Argentina, amparados por certificados de autenticidad y exportación.
"La
suspensión podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal
abastecimiento, a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados, de los
productos indicados"
En la normativa se precisó que "la suspensión
podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento, a
precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados, de los productos indicados".
En la resolución se remarcó que la Ley 22.415 admite ciertas limitaciones a las
exportaciones, sean o no económicas, cuando tengan por finalidad estabilizar
los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta
adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno.
"Aceptar
sin más, la fijación de valores del mercado internacional para alimentos
locales que constituyen productos básicos de la mesa de los argentinos y las
argentinas, implicaría renunciar a los deberes básicos en materia de política
económica"
También
cuando se deba resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas
que pudieren inducir a error a los consumidores, afirmar la soberanía nacional
o defensa de las instituciones políticas del Estado, y garantizar la salud
pública y la política alimentaria.
La resolución explicó que "la tutela del interés público tiene por objeto
garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, siendo
un interés prioritario tener asegurado el acceso sin restricciones a los bienes
básicos, especialmente aquellos tendientes a asegurar la alimentación de la
población, situación a la que se le otorgó particular relevancia en el contexto
de emergencia actual".
Agricultura destacó que "de conformidad con el actual avance del mercado
exportador de carnes, sus precios han experimentado un alza sostenida, producto
de la creciente demanda de dichos productos, principalmente por parte de los
mercados asiáticos".
Asimismo, señaló que "esta situación ha generado que los precios internos acompañen los de exportación de la carne vacuna, en un contexto donde el precio mundial de los alimentos ha aumentado significativamente".
Por eso remarcó que "aceptar sin más, la fijación de valores del mercado
internacional para alimentos locales que constituyen productos básicos de la
mesa de los argentinos y las argentinas, implicaría renunciar a los deberes
básicos en materia de política económica".
Además, puntualizó que "bajo esos parámetros y según lo informado por el
Ministerio de Desarrollo Productivo, surge que en materia de comercialización
de los productos cárnicos de origen bovino existe una distorsión de precios que
superan los índices generales de inflación en materia de alimentos y que
impiden el normal abastecimiento de los consumidores y las consumidoras del
mercado interno".
También subrayó que "el Ministerio de Desarrollo Social en un informe
técnico contextualiza la situación, mostrando alarmantes índices de pobreza e
indigencia", con lo cual consideró que "en consecuencia resulta
oportuno suspender la emisión y aprobación de las DJEC".
Fuente: Telam