El CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, dio a conocer su beneplácito por la decisión del gobierno nacional de derogar un Decreto de Necesidad y Urgencia, el 70/2017 implementado por Mauricio Macri, por el que se restringió derechos de hombres y mujeres migrantes que vivían en el país.
La nota sostiene que “celebramos la
decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación
significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el
país en los últimos cuatro años. La anulación de este decreto es un paso
fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la
obligación del Estado de regularizar”.
El 30 de enero de 2017, el entonces presidente Mauricio Macri modificó, a
través de un decreto de necesidad y urgencia, la Ley 25.871 de Migraciones. Sobre
la base de información sesgada y de prejuicios –sostiene el Cels-- construidos
alrededor de las personas extranjeras, el DNU fue parte de una política de
exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la
comisión de delitos, y que argumentó que, por eso, había que expulsarles de
manera inmediata.
“Pero, mientras tanto, se vulneraron derechos y garantías: las reglas del
debido proceso, el derecho a la vida en familia, a desarrollar sus proyectos de
vida, al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, a la libertad
ambulatoria. Además, en muchos casos la aplicación del DNU separó a madres de
sus hijes, y a miles de personas se les sometió a una inminente expulsión,
atada a la suerte de los escasos recursos legales que ofrecía la norma. Todes les
extranjeres en Argentina, además, quedaron sometidos a la incertidumbre de ser
expulsades”, explica la nota.
Con la adopción del DNU se habilitó un procedimiento de detención y deportación
exprés de las personas migrantes sometidas a cualquier tipo de proceso judicial
de carácter penal, condenadas o no. Incluso estaban alcanzados por esta norma
todas aquellas personas extranjeras que tuviesen residencia definitiva en
Argentina, sin importar los años de residencia, su arraigo y vínculos sociales.
También se autorizó la expulsión de quienes hubieran cometido faltas
administrativas en el trámite migratorio como, por ejemplo, no haber acreditado
el ingreso al país por un lugar habilitado.
El Cels explica que “el DNU 70 también significó un giro en el rol que
Argentina venía teniendo a nivel regional y mundial desde la adopción de la Ley
de Migraciones en 2004. Sus dispositivos formaron parte de una tendencia, nueva en América del Sur, de adopción de
políticas que, en nombre de una idea distorsionada de seguridad, aumentan la
discrecionalidad de los Estados para implementar tareas de control, detención y
expulsión de migrantes. Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, por vía
administrativa o legislativa, modificaron en los últimos años sus normativas
migratorias y sus estándares de protección en este sentido, promoviendo un
aumento inédito de las expulsiones en la región”.
En otro párrafo del documento emitido por el Cels, explica que frente a la
implementación del DNU 70, en febrero de 2017 desde esa organización presentaron,
juntamente con la “Comisión Argentina
para Refugiados y Migrantes -CAREF- y el Colectivo por la Diversidad, una
acción de amparo colectivo en la pedimos la nulidad del decreto 70/17 por
violar una serie de derechos y por no haber cumplido los requisitos
constitucionales para el dictado de una norma de ese tipo”.
El juez de primera instancia desestimó la acción, pero “ante nuestra apelación en marzo de 2018 la Sala V de la Cámara
Contencioso Administrativo Federal declaró la invalidez constitucional del decreto por
tratarse de medidas contrarias a los derechos humanos de les migrantes y por no
haberse cumplido los requisitos constitucionales para el dictado de un DNU. El
Estado recurrió la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El
recurso fue concedido y a fines de 2020 la Procuración General de la Nación
dictaminó que debía declararse inadmisible por no estar cumplidos los
requisitos para el dictado del DNU”.
El decreto también consideró que tanto el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, como el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, han instado al Estado Argentino a derogar el DNU.
La nota emitido por el Centro de Estudios Legales y Sociales, recalca que “la decisión del gobierno es fundamental para la garantía de los derechos de las personas migrantes en Argentina. También permite que el país vuelva a afirmar sin contradicciones, tanto a nivel nacional como regional e internacional, los principios de la Ley de Migraciones y de su reglamento, como el derecho a migrar, el derecho a la regularización migratoria, la no discriminación, la no criminalización de la migración y el derecho al debido proceso en todos los trámites y procedimientos migratorios.