Cancillería emitió una declaración en la que señala que "no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región".
El Gobierno argentino aclaró este martes que
no suscribe el reclamo del Grupo de Lima para que los hallazgos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones a los derechos
humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI),
y advirtió que no puede "admitirse una vía de acción" sobre ese país
que pueda "generar un precedente de consecuencias impredecibles para
América Latina y el Caribe".
"El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha y Argentina
no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país.
Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que
manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del
pronunciamiento y apelamos a la reflexión", señaló el Ministerio de
Relaciones Exteriores en un comunicado.
Para la Cancillería, "en primer término la referida declaración expresa su
apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca
tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela", en referencia a Juan Guaidó.
"La Argentina no comparte las
referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la
seguridad y estabilidad de la región y su impacto global", sostuvo la
cartera que encabeza Felipe Solá.
Indicó que "en este contexto, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia
con actores internacionales para una respuesta común hacia la 'restauración de
la democracia y el Estado de Derecho'".
"Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi
abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los
problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede
admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias
impredecibles para América Latina y el Caribe", añadió.
Respecto de Venezuela, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que
"comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la
situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno
venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo
viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos", Michelle Bachelet.
Argentina reiteró su "apoyo al valioso trabajo que viene realizando
Bachelet dentro de Venezuela desde 2019, mediante el registro de testimonios y
denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. Argentina confía en la efectividad de los
mecanismos de protección desplegados en ese marco".
"Como país receptor de un importante flujo de migrantes venezolanos,
Argentina entiende el impacto regional en materia migratoria y reafirma su
compromiso con una eficiente respuesta a la crisis migratoria y humanitaria
venezolana desde un enfoque de derechos humanos. Argentina ha sido y continuará
siendo un país receptor de inmigrantes, manteniendo incólume la igualdad de
derechos civiles, sociales y económicos entre nacionales y extranjeros",
puntualizó la Cancillería, y añadió que confía en la "gran vocación
democrática del pueblo venezolano".
"Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera
pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las
diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución", añadió.
El Gobierno argentino reiteró que el "rol de la comunidad internacional,
en una coyuntura especialmente agravada por la pandemia del COVID-19 y por las
sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten
sobre los sectores más necesitados, debe ser el de colaborar en la facilitación
del diálogo entre las partes".
El grupo de Lima renueva respaldo a Guaidó
Los países del Grupo de Lima pidieron que los hallazgos sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela provenientes de un informe de la ONU sirvan de prueba para la CPI en sus indagaciones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, que rechaza las imputaciones.También reclamaron una investigación "a fondo" y urgente sobre las supuestas "conexiones" del Ejecutivo con el "crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando", y renovaron su respaldo a Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por el Congreso unicameral, además de rechazar las elecciones de diciembre próximo convocadas por Caracas para elegir una nueva Asamblea Nacional.