En el contexto de las últimas denuncias efectuadas sobre actuaciones atribuidas a un vocal de la Corte tucumana, mediante las cuales se habría buscado manipular la situación del referente de Fuerza Republicana, legislador Ricardo Bussi vinculado a abuso sexual y robo de identidad, un conjunto de organizaciones se pronunciaron señalando que "la vida de una mujer y sus dos hijas están en peligro por las complicidades políticas".
El pronunciamiento lleva la firma de la Mesa contra los Abusos del Poder Político, compuesta por el colectivo Ni una Menos y la Multisectorial de Mujeres que "exige justicia para Lupe, desafuero a Bussi y basta de encubrimiento".
Este es el texto del pronunciamiento:
La vida de una mujer y sus dos hijas están en
peligro por las complicidades políticas
La complicidad del oficialismo y el Poder
Judicial para dejar impune la causa por abuso sexual y robo de identidad quedó
al descubierto luego de que un propio funcionario judicial denunciara al vocal
de la Corte Suprema de Justicia Daniel Levia por intentar interferir en la
justicia a pedido del Gobernado Juan Manzur y el Vicegobernador Osvaldo Jaldo.
Desde la Mesa contra los Abusos del Poder
Político exigimos a la justicia que solicite el desafuero de Bussi en la
Legislatura.
Recordamos que tiene una denuncia por abuso
sexual y robo de identidad a "Lupe" y que hay suficientes indicios
sobre su responsabilidad en los hechos. La joven fue amenazada y es amedrentada
continuamente desde que realizó la denuncia. Bussi mintió que no la conocía y que no la
recibió en su despacho de la legislatura, lugar donde ocurrió el abuso. Luego
se desmintió.
Ahora se presenta un nuevo dato, la denuncia
del juez Pedicone al vocal Daniel Leiva ante la Corte Suprema de Justicia de la
provincia por presión y tráfico de influencias a favor de Bussi.
Leiva se presentó como vocero de Manzur y
Jaldo e invocó la alianza del gobierno y sus legisladores y legisladoras con
Bussi.
Queda claro que hay un operativo de
protección y encubrimiento al hijo del genocida orquestado por el gobierno y
jueces que buscan que la causa quede cajoneada. Por los fueros del legislador,
la jueza actuante debe solicitar el desafuero en un plazo de 60 días para poder
imputarlo y avanzar en la investigación. En caso contrario la causa queda
suspendida hasta que pierda los fueros. Los plazos se están venciendo bajo la
clara presión del gobierno y la complicidad de la justicia.
Justicia para Lupe, Desafuero a Bussi Ya,
Basta de Encubrimiento
MESA CONTRA LOS ABUSOS DEL PODER POLÍTICO:
Ni
una Menos, Tucumán
Multisectorial de Mujeres - Tucumán