SE ENVIÓ LA INICIATIVA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA SU SANCIÓN DEFINITIVA
El proyecto fue respaldado tanto por el oficialismo como por la oposición, aunque durante el debate se registraron fuertes cuestionamientos cruzados respecto a la responsabilidad sobre el crecimiento de la deuda.
El
Frente de Todos aceptó introducir una modificación solicitada por el
interbloque de Juntos por el Cambio respecto a la iniciativa girada por el
Poder Ejecutivo, con la inclusión de la denominada cláusula RUFO (Rights Upon
Future Offers), de manera de reconocer a los tenedores de los bonos bajo ley
local las mejores condiciones que eventualmente pudieran obtener los bonistas
en el canje de la deuda emitida bajo la ley internacional.
El
proyecto dispone la reestructuración de la deuda del Estado nacional
instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses
emitidos bajo ley de la República Argentina mediante una operación de canje.
Según
la iniciativa, los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la
invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de
diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente
vigente.
Entre
otras cuestiones, el proyecto destaca que la capacidad de repago de la
Argentina "está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo
plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de
expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se
han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública
emitida bajo ley extranjera".
"De
igual modo -añade el texto- el volumen de deuda y la tasa de interés promedio
que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el
sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que
en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se
estabilicen, garantizando la sostenibilidad".
Según
un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación,
el proyecto para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en
dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi
US$ 20.000 millones hasta 2030.
En
total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9% de la deuda total del
país y al 12,5% del PBI, de los cuales, aproximadamente, unos US$ 14.700
millones (35%) están en manos de tenedores privados y el resto en distintos
organismos públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros).
Durante
la discusión del proyecto de ley, los legisladores del oficialismo y de la
oposición se cruzaron duramente por el endeudamiento de la Argentina.
Al
presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del Senado, el oficialista cordobés Carlos Caserio, dijo que la Argentina
quiere “pagar, pero no con el hambre y el sufrimiento de los argentinos”.
El
legislador agregó que “esta fue la última proposición a los acreedores”, la
calificó como “generosa y justa” y aseguró que tenía “la convicción de que será
aceptada”.
Por
su parte, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, afirmó
que el proyecto "es importante" y otorga "tratamiento
igualitario" a los tenedores locales en comparación con los bonistas que
poseen tìtulos emitidos bajo ley extranjera.
"Hay
dos Argentinas, lamentablemente, porque hemos expulsado mucha gente, casi 40
por ciento de la población" en situación de pobreza, expresó el senador
porteño durante el debate, tras lo cual subrayó que "ya no hay más tiempo
para la grieta".
Por
su parte, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, sostuvo que apoyaba
la reestructuración “sin cálculos de conveniencia”, pero advirtió que “este
acompañamiento no implica dejar de advertir la demora de estos siete meses sin
encontrar una salida en el manejo de la deuda”.
Finalmente,
el líder del bloque del Frente de Todos, José Mayans, enfatizó que los
resultados del gobierno de Mauricio Macri "están a la vista, con millones
de argentinos en la pobreza".
Mayans
calificó al gobierno anterior como una administración dedicada "al robo,
la especulación y la usura" y dijo que "no se puede pagar con el
hambre y la miseria del pueblo la especulación financiera".
“Por
más presiones de minorías que haya en su afán de debilitar al gobierno, por
este Congreso no va a pasar ninguna otra ley que otorgue un peso a más a
nuestros acreedores poniendo en jaque la vida de los argentinos”, concluyó el
jefe del bloque oficialista.