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El ministro de Seguridad del Estado de China, Chen Yixin, afirmó que la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en un nuevo factor de riesgo para la seguridad nacional. Según el funcionario, las "fuerzas hostiles" utilizan la IA generativa para difundir rumores políticos e información perjudicial, librar "guerras de opinión pública" y llevar a cabo una "guerra cognitiva" contra el país asiático.


Otra amenaza, agregó, es el uso por parte de servicios de inteligencia extranjeros de la IA para tareas de recopilación y análisis automatizados de datos, incluida información estatal, secretos comerciales y datos personales de los ciudadanos.


Chen calificó la IA como "el principal campo de batalla de la competencia tecnológica global" y como una nueva dirección de la rivalidad estratégica entre las grandes potencias. En este contexto, Pekín pretende garantizar un "control independiente" sobre las tecnologías clave necesarias para su desarrollo, especialmente los chips informáticos avanzados.


De este modo, las autoridades chinas consideran la IA simultáneamente como una herramienta de competencia tecnológica y militar, como un elemento de la lucha informativa y como una cuestión de soberanía tecnológica.


Discordia entre EE.UU. y China




Las declaraciones se producen en medio de los preparativos para una reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, en la que se espera que la regulación y la seguridad de la IA sean algunos de los temas de discusión.


En EE.UU. —país que, según Trump, está por delante de todos en el desarrollo de la IA—, cada vez se escuchan más llamamientos a ralentizar el desarrollo de los sistemas de IA para garantizar la seguridad pública. En los últimos días, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados para permitir que las medidas de seguridad puedan ponerse al día. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, respaldó la necesidad de ralentizar el ritmo del desarrollo de los modelos de frontera y de reforzar las medidas de seguridad.


En China, en cambio, consideran que los llamamientos a frenar el desarrollo de la IA son discriminatorios y están dirigidos a consolidar la posición de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y a limitar el desarrollo de la IA en otros países, incluida China.


Pekín aboga por un acceso inclusivo a la IA, por un desarrollo armonioso de la tecnología en beneficio de todos y por una regulación internacional razonable del sector.


En este sentido, China anunció en Shanghái la creación de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, cuyo acuerdo fue firmado por representantes de 29 países. Pekín también promueve los ecosistemas de código abierto y el intercambio internacional de tecnologías y conocimientos relacionados con la IA, incluida la cooperación con los países en desarrollo y los BRICS. RT


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El presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, confirmó que el Gobierno revisará más de 100 solicitudes de indulto presidencial presentadas en su mayoría por agentes civiles y militares condenados por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). 


El mandatario descartó aplicar una amnistía o perdón general y precisó que la cartera de Justicia evalúa cada expediente «caso a caso», argumentando que la medida busca atender situaciones de condenados con enfermedades terminales.


Las declaraciones del jefe de Estado han provocado una profunda controversia política y social en el país, coincidiendo con las actividades de conmemoración del 53 aniversario del golpe de Estado de 1973.


La Presidencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liderado por Fernando Rabat, fundamentan el proceso de revisión bajo criterios de potestad ejecutiva y razones humanitarias.


Kast reafirmó que no se modifican las sentencias judiciales dictadas por los tribunales, sino que se ejerce una facultad constitucional mediante resoluciones individuales y fundadas. El mandatario sostuvo que distintos juristas coinciden en que una persona en etapa terminal no debe fallecer en prisión, independientemente de la naturaleza de los delitos cometidos.


Partidos como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario han exigido mayor agilidad al ministro Rabat en la tramitación de las peticiones para concretar las liberaciones.


Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y exautoridades han manifestado un tajante repudio a cualquier concesión de beneficios a los criminales de Estado.


El exministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, advirtió que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inindultables de acuerdo con la Constitución, la legislación nacional y el derecho internacional.


Cordero y defensores de derechos humanos señalaron que represores emblemáticos como el exmilitar Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de cárcel nunca han expresado arrepentimiento ni han aportado información para la localización de los más de mil desaparecidos que aún figuran en paradero desconocido.


Encuestas recientes, como el estudio Criteria, reflejan que el 59% de la población chilena se opone firmemente al indulto a responsables de atrocidades estatales, mientras que personalidades de la memoria histórica entre ellas la exsenadora Isabel Allende remarcan que perdonar estos crímenes socava la justicia democrática y la memoria colectiva del país. TeleSur


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«Agradecemos inmensamente esta apertura y que tengamos hoy un planteamiento que satisface», dijo la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González, durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga (nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya).


Con todo, la líder gremial explicó que la decisión de levantar la paralización de actividades se tomará oficialmente entre todos los agremiados en una asamblea general de médicos que se realizará pronto.


«Estamos convencidos de que nuestros colegas también van a estar satisfechos (…), agradecemos el entendimiento y que lográramos llegar a lo que estábamos pidiendo: hoy todos los médicos del país, sin excepción, vamos tener un aumento salarial», agregó.


Firman un acuerdo




La decisión se produjo después de un encuentro entre el mandatario paraguayo, los médicos, el recién nombrado ministro de Salud y Bienestar Social, Isaías Fretes, y otros funcionarios del Ejecutivo, como el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez.


Giménez afirmó que durante la reunión se firmó un acuerdo que «abre las puertas» a que los médicos finalmente levanten la huelga durante la asamblea.


Por su parte, Fretes calificó el momento como «histórico para la medicina paraguaya y la patria», al tiempo que elogió el liderazgo de González, que encabezó los reclamos.


«La medicina necesita de colegas de tu estirpe, de tu templanza. En toda negociación, necesariamente hay que ceder para lograr la conquista, y ustedes han sabido ceder», añadió Fretes.


Ajustes salariales




De acuerdo con los primeros detalles, todos los médicos de Paraguay ganarán a partir del año entrante unos 2 millones de guaraníes más o casi 335 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central.


Al inicio de los reclamos, demandaban un aumento de 3 millones de guaraníes o 502 dólares.


Actualmente, un médico del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (836 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (903 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado. EFE


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Rompiendo La Siesta con Isauro Martinez 15-09-26 Lunes a Viernes de 14 a 16 hs


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Durante su conferencia matutina de ayer lunes en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la postura soberana de su administración al asegurar que la gran mayoría del pueblo mexicano rechaza categóricamente cualquier tipo de intervención extranjera, particularmente proveniente de Estados Unidos.


La mandataria enfatizó que el Gobierno mexicano promoverá de manera permanente esquemas de coordinación y colaboración internacional, descartando de forma tajante toda relación de subordinación.


Asimismo, Sheinbaum cuestionó a los sectores políticos y medios de comunicación que difunden falsas narrativas sobre el respaldo popular a una supuesta intervención.


En ese sentido, comparó a la oposición mexicana con los conservadores del siglo XIX por recurrir al extranjero para incidir en la política nacional, señalando que estas maniobras obedecen a intereses electorales en el marco de las próximas elecciones estadounidenses de noviembre.


La jefa de Estado denunció el uso propagandístico de la política exterior mexicana y ratificó que México no será utilizado como instrumento político electoral en el exterior.


Sheinbaum aseveró que México no es «piñata ni asunto de los estadounidenses», instando a que los comicios en ese país sean definidos exclusivamente por su población en función de sus problemáticas internas.


En materia de seguridad, Sheinbaum desmintió los reportes periodísticos que sugieren una falla en la estrategia de seguridad e invocó los comunicados del propio Comando Norte del Ejército de EE.UU., los cuales destacan una coordinación «extraordinaria» con las autoridades mexicanas.


Recordó que estudios de opinión demuestran que más del 70% de las y los mexicanos se oponen firmemente a cualquier intervención militar o política extranjera en el país.


En el ámbito económico y social, la mandataria detalló el alcance estructural del programa gubernamental de vivienda, destacando su impacto en el Producto Interno Bruto （PIB） y la generación de empleo.


El plan social representará una inversión anual cercana al 1.2% del PIB, impulsado por la movilización de recursos del Infonavit （más de 379.000 millones de pesos）, Fovissste y Conavi. La meta prioritaria es la edificación de 1.8 millones de viviendas nuevas dirigidas a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, además de otorgar 1.8 millones de créditos para mejoramiento de hogares.


El programa integral proyecta beneficiar a 12 millones de familias durante el sexenio mediante la entrega de al menos un millón de escrituras, reestructuración de deudas y asignación de créditos tradicionales. TeleSur


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El Gobierno de Bolivia anunció el domingo que presentará un decreto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para extender por 90 días el estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, debido a que existe «un gran consenso ciudadano».


Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior), comunicó a los medios locales en Cochabamba, región central del país, que «un decreto nuevamente para la ampliación del estado de excepción«.


Oviedo comentó: «Hay que ver cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir en la Asamblea Legislativa para la ampliación«.


De igual manera, afirmó que «hay un gran consenso ciudadano y también hay acuerdo» en el Parlamento para aprobar esta medida.


Con el objetivo de mantener la «reactivación» económica nacional y debido a los anuncios de movilización de ciertos sectores sociales, el jueves la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados boliviana autorizó un proyecto de resolución para extender el estado de excepción por 90 días.


Según el diputado Alejandro Medinaceli, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), la resolución necesita ser discutida en el pleno de la Cámara Baja y luego que la presidencia de la Asamblea Legislativa convoque a una sesión conjunta con el Senado para discutirla; dichas acciones se llevarán a cabo la próxima semana.


La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz, con el apoyo de agrupaciones cercanas al expresidente Evo Morales (2006-2019), llevaron a cabo bloqueos en las carreteras, principalmente en la parte occidental y central de Bolivia, durante siete semanas entre mayo y junio, con el objetivo de pedir que renunciara el presidente Rodrigo Paz.


Por su parte, el conflicto provocó que en algunas ciudades no hubiera suficientes alimentos, oxígeno medicinal y combustibles, y causó la muerte de 16 personas, 13 por no recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos. Asimismo, se registraron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.


El 20 de junio, luego de alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz proclamó el estado de excepción para eliminar los bloqueos; dicha medida tiene una duración de tres meses. TeleSur


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El presidente chileno, José Antonio Kast, admitió que a seis meses de llegar al gobierno enfrenta una alta desaprobación en las encuestas, pero dijo que logrará superar las dificultades.



"Hay que hablar con la verdad y la verdad duele", afirmó.



"La verdad se ve reflejada en las encuestas, pero para nosotros esto es algo que va a pasar", agregó Kast al comentar el último sondeo divulgado, que muestra un rechazo del 62% a su gestión y un respaldo de apenas 34%.



El presidente consideró que el primer golpe a su popularidad lo provocó el llamado "bencinazo", el fuerte aumento a los precios de la gasolina y el gasoil que su gobierno aplicó a fines de marzo, apenas dos semanas después de asumir.



Explicó que la alternativa era endeudar al país, por lo que aumentó los precios "por la responsabilidad fiscal".






En esa línea, afirmó que será "difícil" que en 2027 el gasto público supere el 1%.


Kast defendió lo que describió como avances de su gestión, "que se ven claramente en temas de seguridad", y destacó la caída en las cifras de homicidios, que fueron 41 menos en 2025, una tendencia que, sin embargo, comenzó en 2022.


La semana pasada, el presidente ultraderechista había defendido como "irrenunciable" el paquete de reformas constitucionales en materia de seguridad que envió al Congreso en el marco de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).


Sin embargo, el Parlamento frenó uno de los puntos más polémicos de esas iniciativas, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública que permitiría al Presidente decretarlo directamente, sin autorización previa del Congreso, por hasta 120 días, prorrogables por otros 120.


Ahora, Kast expresó su esperanza de que los legisladores aprueben al menos algún aspecto del estado de excepción que propuso.


Ante el poco auspicioso panorama, el mandatario hizo un llamado a la unidad tras participar en el Te Deum evangélico el domingo pasado y abrió la puerta a la oposición para sacar adelante su agenda.


"Hemos podido encontrar acuerdos en materias importantes y seguimos trabajando, corrigiendo lo que haya que corregir y escuchando las recomendaciones que nos quiera dar cualquier sector político", indicó el presidente. ANSA


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