Con 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50,05% de los votos frente al 49,94% de Fujimori, una diferencia de 40.000 sufragios en una elección muy polarizada.
El escrutinio de la elección del domingo "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo de las observaciones a las actas que se registren, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.
Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días.
El presidente de la coalición Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alertó este miércoles 10 de junio sobre una campaña de manipulación mediática que busca torcer la voluntad soberana expresada en las urnas. Sánchez, quien en el conteo de votos aventaja por estrecho margen a la representante de la ultraderecha, Keiko Fujimori, aseguró que la ciudadanía defenderá el voto popular con movilización pacífica ante los intentos de las élites corporativas por deslegitimar el proceso democrático.
A través de un manifiesto público, las organizaciones aliadas Ahora Nación y Obras detallaron que la corporación privada Ipsos difunde datos sesgados. La alianza denunció que el director de esta encuestadora, Alfredo Torres, cambió de versión de forma repentina para posicionar una supuesta ventaja de Fujimori, contradiciendo sus propios conteos técnicos preliminares.
El liderazgo de izquierda argumentó que estas proyecciones carecen de sustento científico porque modifican de forma arbitraria un muestreo de alta precisión sobre actas reales.
Por este motivo, las agrupaciones populares solicitaron formalmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) abrir una investigación exhaustiva sobre la conducta de la corporación privada para determinar si vulneró las normas electorales.
Asimismo, comunicadores independientes y analistas peruanos revelaron en plataformas digitales contradicciones flagrantes en los argumentos de la consultora privada. Los observadores locales demostraron que el representante de la encuestadora admitió la ausencia de pruebas metodológicas sólidas al ser interpelado por la prensa alternativa del país suramericano.
Frente a este escenario de agresión mediática, los movimientos sociales peruanos convocaron a la ciudadanía a mantener una vigilancia activa en los centros de cómputo nacionales para resguardar cada acta de votación. Las fuerzas progresistas ratificaron que solo reconocerán los cómputos oficiales del ente estatal cuando se procese el 100% de los sufragios de la jornada democrática.
La controversia técnica escaló cuando diversos analistas evidenciaron que el conteo rápido original otorga una ligera ventaja al bloque popular. Sin embargo, la difusión posterior de escenarios hipotéticos por parte de la prensa hegemónica generó un clima de incertidumbre artificial que las fuerzas progresistas catalogan como un intento de golpe blando electoral.
El despliegue de los personeros de mesa de la alianza de izquierda se ha intensificado en todas las regiones peruanas, especialmente en las zonas rurales donde el voto progresista es históricamente mayoritario. Juntos por el Perú reafirmó que la custodia de las actas descentralizadas representa la mayor garantía para neutralizar el fraude informativo de los grupos de poder económico.
Esta ofensiva mediática ocurre en un contexto de alta polarización política, donde los grandes consorcios informativos respaldan abiertamente la candidatura de la derecha. El Frente Democrático peruano advirtió que la resistencia contra el autoritarismo se mantendrá firme en las calles y en los espacios institucionales para garantizar el respeto absoluto a las mayorías.
El escenario peruano se suma a las tensiones políticas recurrentes en la región, donde sectores conservadores recurren a la manipulación de encuestas para frenar el avance de proyectos populares. La defensa del voto en Perú se constituye así en un bastión de resistencia para los movimientos que promueven la soberanía y la integración de los pueblos de América Latina. DW - TeleSur
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