Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión cada uno. Segundo Juan Villalobos Guevara, un operador maderero a quien la fiscalía acusó de ordenar el asesinato de Inuma, fue condenado a 28 años y cuatro meses. Jerly Saboya Saboya, quien fue declarado culpable como cómplice, fue condenado a 15 años.


Inuma, un líder kichwa de 50 años, fue asesinado a tiros el 29 de noviembre de 2023 mientras regresaba en bote a su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu, en la región amazónica norte de Perú , en San Martín. Regresaba de una reunión nacional de defensores del medio ambiente y la tierra. Una mujer que viajaba con él también resultó herida de bala.


El fallo se produjo casi 1.000 días después del asesinato de Inuma. Tom Younger, coordinador del programa en Perú del Programa de Pueblos del Bosque, calificó las sentencias como un “paso decisivo hacia la justicia” y afirmó que demostraban que la impunidad por los asesinatos de defensores indígenas “no es inevitable”.


Según la fiscalía, Inuma fue atacado por sus esfuerzos para detener la tala ilegal en las tierras de su comunidad. Acusaron a Villalobos, a quien Inuma había denunciado por la tala ilegal, de ordenar el asesinato, y a los demás hombres de planificar y ejecutar el ataque.


Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal con sede en Lima, que ha acompañado a organizaciones indígenas y a las familias de las víctimas desde el asesinato de Inuma, calificó el fallo de "sentencia ejemplar" y dijo que las largas penas de prisión podrían sentar un precedente importante para otros casos que involucren a defensores ambientales en Perú.


Gavancho afirmó que se trataba del primer caso en Perú relacionado con el asesinato de un defensor indígena que resultaba en sentencias tan severas.


Inuma había advertido repetidamente a las autoridades sobre las amenazas.




El juicio comenzó el 20 de enero y se prolongó durante casi ocho meses. En marzo, los jueces viajaron desde Lima a la ciudad amazónica de Tarapoto para tres días de audiencias, donde escucharon el testimonio de los familiares de Inuma, otros testigos y un sobreviviente del ataque.


Inuma llevaba años denunciando la tala ilegal, el narcotráfico y la invasión del territorio de su comunidad. Entre 2016 y 2023, miembros de Santa Rosillo de Yanayacu presentaron 13 denuncias ante la fiscalía por delitos ambientales y narcotráfico, según el Instituto de Defensa Legal.


El Ministerio de Justicia de Perú clasificó a Inuma como persona de alto riesgo en 2021 y ordenó protección policial para él y su hermano. Las autoridades locales también le otorgaron medidas de protección contra grupos que se dedicaban a la tala ilegal. Sin embargo, la policía reconoció posteriormente que no pudo realizar patrullajes preventivos en el remoto territorio debido a la falta de fondos para embarcaciones y a la difícil geografía, según documentos citados por el Instituto de Defensa Legal.


Kevin Arnol Inuma, el hijo de 30 años del líder asesinado, dijo que su familia recibió el veredicto con una mezcla de alegría y tristeza después de esperar casi tres años para que se hiciera justicia.


“Antes, el Estado no respondía, así que no tenían miedo de matar”, declaró a la Associated Press en una llamada telefónica justo después del veredicto. “Ahora esto sienta un precedente para los pueblos indígenas, un precedente para los defensores del medio ambiente”.


Otro líder indígena asesinado un día antes del veredicto.




La muerte de Inuma se convirtió en un símbolo de los peligros que enfrentan los pueblos indígenas que protegen los bosques y las tierras ancestrales en la Amazonía peruana , donde la tala ilegal, el narcotráfico, la minería y el acaparamiento de tierras han penetrado en territorios remotos con escasa presencia estatal.


Esos peligros quedaron nuevamente de manifiesto apenas un día antes del veredicto del lunes. Américo Pascuala Tomisha, un líder indígena ashéninka de 57 años y exjefe de la comunidad indígena onconashari, fue asesinado a tiros el domingo mientras patrullaba el territorio de su comunidad en la región amazónica peruana de Ucayali, según la organización indígena regional ORAU.


ORAU informó que Pascuala se topó con personas ajenas a la comunidad que supuestamente extraían aceite de árboles de copaiba dentro de su territorio y que, tras un enfrentamiento, recibió un disparo. La organización indicó que Pascuala ya había denunciado incursiones de colonos y otras personas ajenas a la comunidad, y el lunes instó a las autoridades a investigar su asesinato y a fortalecer la protección de los líderes indígenas.


El asesinato de Pascuala se produjo semanas después de que las comunidades asháninka de la frontera entre Perú y Brasil alertaran sobre incursiones armadas en territorios indígenas. En julio, líderes indígenas del vecino Brasil solicitaron protección gubernamental luego de que cinco hombres armados con ametralladoras ingresaran a su territorio, amenazaran a las familias y buscaran a los líderes comunitarios. Posteriormente, Brasil y Perú acordaron intensificar la cooperación para proteger los territorios indígenas a lo largo de su frontera común en la Amazonía.


La familia afirma que los riesgos persisten a pesar de las condenas.




El tribunal también ordenó el pago de 750.000 soles (unos 223.500 dólares) como indemnización para los herederos legales de Inuma y 250.000 soles (unos 74.500 dólares) para Axeldina Barbarán Tapullima, quien resultó herida en el ataque. Los pagos solo se harán efectivos si la sentencia, que es apelable, se vuelve firme, indicó Gavancho. Los acusados ​​tienen cinco días a partir de la recepción del fallo escrito completo del tribunal para interponer un recurso de apelación.


Para Gavancho, el fallo fue significativo no solo por las penas de prisión, sino también por la indemnización que el tribunal reconoció para la familia de Inuma y la mujer que sobrevivió al ataque.


“Creo que este caso emblemático puede servir de precedente para otros casos que involucren a defensores del medio ambiente en Perú”, dijo Gavancho.


Pero Inuma afirmó que su familia aún no se siente segura y teme lo que podría suceder si los condenados fueran finalmente puestos en libertad.


Según contó, su padre había dedicado años a defender el territorio que las generaciones anteriores habían legado a la comunidad, y esa responsabilidad había pasado ahora a su familia y a otros.


Dijo que esperaba que otras familias de defensores asesinados no tuvieran que esperar tanto tiempo para que sus casos avanzaran en el sistema judicial peruano.


“Aunque ya no pueden devolvernos a nuestros familiares, queremos justicia para los demás defensores cuyos casos aún están en curso”, dijo. “Ahora mi padre puede descansar en paz porque se ha hecho justicia”. AP


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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla poner en marcha esta semana operativos para identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros que estén cometiendo delitos, quienes, según anunció, serán deportados.


"No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos", expresó el mandatario en un consejo de seguridad, cuyas imágenes fueron recogidas en un vídeo divulgado este lunes por su despacho.


De la Espriella explicó que los operativos deberán dirigirse "primero" a los extranjeros que estén cometiendo delitos y "segundo" a quienes no tengan regularizada su situación migratoria, que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados".


Redadas y traslados carcelarios




El anuncio forma parte de la estrategia de seguridad de De la Espriella, que además busca unificar el trato del Estado frente a las organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, independientemente de su denominación.


"Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde", agregó.


De la Espriella ordenó activar en Barranquilla, sede de su Gobierno, un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y ejecutar esta misma semana traslados carcelarios para evitar que las prisiones sean utilizadas como centros de operaciones para la extorsión.


(mn / efe, afp) DW


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También anunció un paquete de ayudas de 7.500 millones de dólares canadienses para trabajadores y empresas afectados por la guerra comercial con Estados Unidos.


Los nuevos gravámenes, que entrarán en vigor a las 00.01 hora local del 8 de septiembre, serán del 15 %, 25 % o 50 %, dependiendo del producto, y reproducirán las tasas aplicadas por Washington a las mercancías canadienses, según anunció el Ministerio de Finanzas.


Al anunciar las medidas, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, declaró que la guerra comercial declarada por EE.UU. contra el país «es un desafío sin precedentes».


«Pero Canadá estará a la altura del momento. Los canadienses estarán a la altura. Lo encararemos unidos», dijo.


Las represalias afectan a sectores como acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pasta y papel y electrónica. La extensa lista incluye además pescado y marisco, miel, quesos, frigoríficos, congeladores y muebles, algunos de ellos con gravámenes del 50 %.


Altos funcionarios canadienses señalaron que las represalias tienen como objetivo proteger el mercado canadiense y rechazaron la idea de que el listado de productos dada a conocer hoy esté pensado para dañar a determinados estados de EE.UU.


Carney informa a la oposición




Este martes, la Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló que Carney habló con los líderes de los principales partidos de la oposición para «proporcionarles la información de última hora sobre la respuesta del Gobierno a los injustificados aranceles de EE.UU.».


Los aranceles son una represalia «dólar por dólar y tasa por tasa» del Gobierno del primer ministro, Mark Carney, en respuesta a los nuevos aranceles estadounidenses sobre 27.600 millones de dólares canadienses en exportaciones, que entraron en vigor el pasado sábado.


Canadá es, junto con China, uno de los dos países que ha respondido con represalias arancelarias a los gravámenes impuestos por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.


La respuesta de Ottawa incluye 7.500 millones de dólares canadienses en nuevas ayudas, que se añaden a cerca de 25.000 millones movilizados durante los últimos 18 meses para hacer frente a las medidas comerciales estadounidenses.


El paquete incluye 1.500 millones adicionales para pequeñas y medianas empresas a través de las agencias regionales de desarrollo; una nueva línea de liquidez de 500 millones mediante el Banco de Desarrollo de Canadá (BDC); 2.000 millones para proyectos de inversión de empresas afectadas por los aranceles; y 3.500 millones destinados a trabajadores y empleadores.


Entre las medidas laborales figura la ampliación de varias flexibilidades temporales del seguro de desempleo, incluida la extensión de prestaciones para trabajadores de larga antigüedad, así como un nuevo programa para que las empresas puedan retener y recualificar profesionalmente a sus empleados.


¿Qué produjo la guerra de aranceles entre EE.UU. y Canadá?




La escalada se produce después de que las negociaciones comerciales entre Ottawa y Washington se derrumbaran el viernes, cuando Carney ordenó suspender las conversaciones tras considerar que las nuevas exigencias estadounidenses eran «injustas» y económicamente perjudiciales, y que comprometían la soberanía canadiense.


El mandatario resumió el sábado la posición de Ottawa afirmando que Estados Unidos «pedía demasiado y ofrecía demasiado poco».


Carney endureció este lunes su discurso y afirmó que durante las negociaciones Canadá comprobó que Washington pretendía «destruir» importantes sectores industriales canadienses, entre ellos el automóvil, el acero y el aluminio.


«Fue una de las principales razones por las que dijimos que no. Era un mal acuerdo», declaró el primer ministro, quien añadió que Canadá no aceptará negociar bajo la premisa de que es «una subsidiaria de Estados Unidos».


Pese al enfrentamiento, Carney aseguró que Ottawa sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo comercial con Washington siempre que las conversaciones se desarrollen entre dos países soberanos y produzcan un pacto mutuamente beneficioso. EFE


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Rompiendo La Siesta con Isauro Martinez 25-08-26 De lunes a viernes de 14 a 16


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Del 3 de septiembre al 4 de octubre se realizará la 66ª edición del Septiembre Musical, organizada por el Gobierno de Tucumán, a través del Ente Cultural y con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Con más de seis décadas de trayectoria, el festival volverá a desplegar durante un mes una amplia programación por teatros, museos, centros culturales, bares, librerías, espacios públicos y localidades del interior, con propuestas que atravesarán diferentes géneros y expresiones artísticas.


La apertura será el 3 de septiembre en el Teatro San Martín con “La Verbena de la Paloma”, una de las obras más populares del género lírico español, que continuará con nuevas funciones durante el mes.


El principal coliseo tucumano concentrará parte de la programación con Carlos Rivero y su espectáculo “Pureza”, el Homenaje al Pato Gentilini, el Cuarteto de Buenos Aires, Yiya, el musical, el Festival Guitarras del Mundo y Fra Tenori, entre muchas otras propuestas. El Foyer será además escenario del Ciclo de Música de Cámara, con funciones a lo largo de septiembre y comienzos de octubre.


Uno de los grandes acontecimientos de esta edición será “El Lago de los Cisnes”, una producción que reunirá al Ballet Estable y la Orquesta Estable de la Provincia para abordar una de las obras fundamentales del repertorio clásico, con funciones entre fines de septiembre y comienzos de octubre.


También llegará al Teatro San Martín Hilda Lizarazu junto a Lito Vitale con “Hilda canta Charly”, un homenaje a la obra de Charly García que recorre distintas etapas de su cancionero. Lizarazu, quien integró la banda de García durante varios años, revisita ese repertorio con dirección musical, arreglos y producción de Lito Vitale.


El Teatro Orestes Caviglia será otro de los escenarios centrales. Allí, el Ballet  Contemporáneo presentará Paisajes Interiores y ¿Todavía cantamos?, esta última concebida en torno al legado artístico, cultural y humano de Mercedes Sosa. La programación sumará además jazz, teatro, propuestas de la ETaD y diferentes producciones artísticas.


Música popular y grandes encuentros


El Centro Cultural Juan B. Terán tendrá una fuerte presencia dentro de esta edición con propuestas dedicadas a distintos géneros de la música popular y con entrada libre y gratuita.


Entre los momentos destacados se realizará un homenaje al Indio Solari, que contará con la participación especial de Baltasar Comotto y Gaspar Benegas, músicos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, junto a artistas de la escena local.


El mismo espacio será escenario de una Noche Tropical, que tendrá entre sus protagonistas a Kalama, en una jornada abierta y gratuita para el público. A estas propuestas se sumarán encuentros dedicados al trap y rap, folklore, rock y la tradicional Feria de las Colectividades, entre muchas otras actividades.


El Patio Lola Mora volverá también a integrarse al circuito del Septiembre Musical con diferentes propuestas artísticas y culturales, mientras que el folklore tendrá su espacio en el Museo Folklórico Provincial, con presentaciones de artistas tucumanos, el ciclo Tucumán en Canto y un Encuentro de Charangos. Otros museos dependientes del Ente Cultural serán parte de la programación con actividades especialmente previstas para el festival.


La 66ª edición tendrá además una nueva edición de Tucumán Danza, que volverá a convertir a la Plaza Independencia en un gran escenario a cielo abierto. El encuentro buscará nuevamente batir un récord de participación, reuniendo a más de 5.000 bailarines de academias y escuelas de danzas folklóricas de distintos puntos de la provincia, en una celebración colectiva de la danza y la identidad cultural tucumana.


Un festival que se extiende por el territorio


Como parte de una política cultural que busca ampliar el acceso y la circulación de las expresiones artísticas, el Septiembre Musical volverá a extenderse más allá de los principales escenarios de la capital. La programación llegará a Yerba Buena, Tafí Viejo, Lules, El Cadillal, Monteros, Famaillá, Amaicha del Valle, Trancas, Raco, San Pedro de Colalao y Santa Ana, entre otros puntos de Tucumán, y continuará articulando propuestas junto al Consejo Provincial de Cultura.


A esta presencia territorial se sumará Cultura Bar, que llevará música en vivo a bares y espacios de distintos puntos de Tucumán, ampliando las posibilidades de encuentro entre artistas, públicos y espacios culturales.


También habrá un circuito de música en librerías, con presentaciones en espacios como El Ateneo, Cúspide Centro, Cúspide Yerba Buena y El Griego, incorporando nuevos ámbitos a la programación del festival.


Con grandes producciones de los Cuerpos Estables de la Provincia, artistas tucumanos e invitados, propuestas independientes, espectáculos gratuitos y una programación que atravesará distintos géneros, generaciones y territorios, entre muchas otras actividades que se darán a conocer próximamente, la 66ª edición del Septiembre Musical volverá a desplegarse durante un mes como una de las principales políticas culturales del Gobierno de Tucumán, a través del Ente Cultural y con el acompañamiento del CFI.


La programación completa, con fechas, horarios, modalidades de ingreso y nuevas propuestas, será anunciada a través de los canales oficiales del Ente Cultural de Tucumán.


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El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó hoy lunes un almuerzo de trabajo con funcionarios del Ejecutivo, legislativo y municipal de la Capital del que participaron la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla y el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, con el objetivo de afianzar la articulación entre la provincia y el municipio capitalino a más de dos años de gestión.





También estuvieron presentes los ministros Darío Monteros (Interior), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Federico Masso (Desarrollo Social), Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. El presidente de la SAT, Marcelo Caponio; y el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Carlos Assán.


Además concurrieron los secretarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán Camila Giuliano, Valeria Amaya, Luciano Chincarini, Sofía Prado, Carlos Arnedo y Eliana Orellana.


En ese sentido dijeron presentes los concejales (además de Juri, Hugo Andina Lizárraga, Eduardo Molina, Cristian Abel, Gonzalo Carillo, Facundo Vargas Aignasse, Emiliano Vargas Aignasse, Ernesto Nagle y José María Franco.


Además los legisladores (aparte de Mansilla), Alfredo Toscano, Sara Assán, Tulio Caponio, Alejandra Figueroa, Mario Leito, Christian Rodríguez, Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse y el anfitrión, el dirigente gremial del gremio de Cerveceros, Julio Gallardo.


Consolidar el trabajo


El mandatario provincial -flanqueado por Chahla, Acevedo, Mansilla y Juri en la mesa principal- explicó el sentido del encuentro y detalló quiénes participaron de la jornada de trabajo: "Esta es la jornada que hemos organizado con la intendenta de San Miguel de Tucumán, la doctora Rosana Chahla, con el vicegobernador Miguel Acevedo, con el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y con el presidente subrogante de la Cámara de la Honorable Legislatura, Sergio Mansilla. Nos hemos reunido con quienes tienen esa gran responsabilidad de llevar adelante las decisiones institucionales y políticas de San Miguel de Tucumán, el municipio más grande de la provincia".


Jaldo remarcó además el contenido de la reunión de trabajo y el rol de cada uno de los funcionarios presentes: "Hemos tenido una reunión de trabajo donde pudimos repasar lo que Rosana viene haciendo, lo que venimos acompañando a nivel provincial y, fundamentalmente, también el funcionamiento del Concejo con Fernando Juri como presidente, junto a los señores legisladores de la Capital conducidos por Miguel Acevedo. En ese sentido, hemos reforzado y consolidado este trabajo en conjunto que venimos haciendo por el tiempo que nos falta gobernar".



Jaldo se refirió también al panorama político del peronismo en el distrito más importante de la provincia: "Al ser el distrito más importante, el PJ se está reuniendo, uniendo y diseñando sus estrategias para poder enfrentar las elecciones del 9 de mayo del año que viene. En ese sentido, no hay duda de que hemos tenido la presencia de todos los legisladores y concejales".



El gobernador subrayó el respaldo provincial a la gestión municipal y el clima de unidad dentro del espacio político: "La verdad que muy contento porque todos estamos predispuestos a seguir mejorando San Miguel de Tucumán. Desde el Gobierno de la provincia la vamos a acompañar a Rosana en todo lo que esté a nuestro alcance, como lo venimos haciendo. Y en lo político, no hay duda que percibo que vamos a salir unidos, vamos a salir juntos, y ya la estructura está en pleno funcionamiento, trabajando y recorriendo los diferentes barrios de San Miguel de Tucumán".


Apoyo de todos


Chahla puso en valor el respaldo recibido de la Provincia y del arco legislativo capitalino, y ubicó el encuentro en el marco del contexto económico actual: "He recibido el apoyo de todos y me he sentido apoyada, primero por el gobernador, el vicegobernador, con todos los compañeros legisladores y concejales. Eso significa un gran desafío también, y una gran oportunidad para poder seguir avanzando, sobre todo porque más que hablar es escuchar a los vecinos, ir por ese camino, y también más que hablar es hacer".





La intendenta capitalina explicó cuál fue el eje central de la reunión con el bloque legislativo y remarcó la continuidad de las políticas públicas provinciales frente al retiro de programas nacionales: "Con todos nuestros legisladores, nuestros concejales, hablamos cuál va a ser el camino de la provincia de Tucumán, y especialmente de la Capital, hacia las políticas públicas que sabemos que, del nivel nacional, desaparecieron. Sin embargo, nosotros seguimos profundizando junto a las políticas públicas de la provincia: salud, educación, nuestras calles".


Chahla ejemplificó el trabajo realizado la obra del Procrear Tucumán y detalló el estado de avance de las construcciones: “Esta mañana estuvimos con el señor gobernador viendo las obras del Procrear, una gran decisión política del gobernador, en donde se están terminando 572 viviendas y van para 3.000, o sea unas 1.400 viviendas y 1.600 lotes. Algo extraordinario que estuvimos viendo y controlando el gobernador con todo un equipo, lo público y lo privado, avanzando hacia una política que ya no está más en Nación, la de vivienda".


Finalmente, Chahla hizo referencia a la situación económica y al criterio de administración de los recursos provinciales: "En una sociedad muy golpeada por la situación económica, con la responsabilidad institucional que tenemos, buscamos la mejor manera de administrar nuestros fondos para que esos recursos lleguen a los vecinos".


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Al menos 21 personas muertas y 145 heridas en 121 ataques con drones no militares cargados con explosivos y usados por grupos armados ilegales ocurridos este año, sumado al reclutamiento forzado en lo que va de 2026 de 74 menores de edad y 120 alertas de riesgo de eventuales actos violentos, hacen parte del panorama de afectaciones a los derechos humanos reportados hoy por la Defensoría del Pueblo en un documento enviado al gobierno de Abelardo de la Espriella.



Se trata de parte de una "radiografía" del estado actual de Colombia que recibe el nuevo Ejecutivo, elaborada por la Defensoría, que abarca además temas de desigualdad social, medioambientales y violencia generalizada.



"El documento nos permite identificar algunas de las principales fortalezas, pero también las brechas que existen hoy en la garantía de los derechos humanos y especialmente en aquellos ámbitos en los que se requiere concretar mayores esfuerzos por parte del Estado.






Ponemos este documento a disposición de todo el país y de todas las autoridades públicas con el propósito de que pueda ser un insumo útil para los procesos de planeación y para la toma de decisiones de este nuevo gobierno y del nuevo Congreso de la República".


Así lo manifestó Iris Marín, defensora del Pueblo, al advertir que el informe es una fuente "para el análisis de las decisiones que se deberán tomar en los próximos años" y al recalcar que lleva por nombre "Radiografía de Derechos Humanos en Colombia".


De acuerdo con el documento, en materia de violencia, la cifra de masacres cometidas en el país entre 2019 y el 18 de julio de 2026 suma 651 casos registrados con 2.380 víctimas; mientras que los desplazados alcanzan las 394.839 personas, de las cuales el 35,73% corresponde a pueblos étnicos, en un total de 1.002 eventos ocurridos entre 2017 y lo corrido de 2026.


En materia de vinculación de menores de edad a los grupos armados ilegales, los datos de la Defensoría dieron cuenta de 682 casos en 2024, de 419 en 2025 y de 74 entre enero y junio de 2026, al advertir que la disminución progresiva no responde a que el fenómeno cesó, sino al temor de las familias a denunciar.


El documento señaló que hay vigentes 120 "Alertas Tempranas" que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos del país, que prevén posibles actos de violencia en esos lugares por parte de grupos armados ilegales, en razón a sus intereses económicos, conflictos entre ellos o con las tropas y como posibles actos violentos para ejercer control social.


A lo anterior se suma el surgimiento de "nuevas modalidades" de violencìa en el marco de la conflictividad interna derivadas del uso de tecnologías, al precisar que "entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones), que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas", detalló el reporte, que advirtió además del asesinato de 521 firmantes del acuerdo de paz con las extintas Farc entre 2017 y 2016.


Pese a destacar que la pobreza monetaria se redujo al 28%, tras situarse en el 43,1% en el 2020, y resaltar que la inseguridad alimentaria también disminuyó al pasar del 26,8% a 18,1%, el reporte dijo que prevalecen ciertas situaciones que evidencian otras fallas en materia social como los 2.048.427 de reclamaciones y las 312.573 acciones jurídicas para exigir el derecho al acceso pleno a la salud reportadas en 2025.


Otras desigualdades mencionadas en el informe revelaron que en 2025 se reportaron 37.755 casos de delitos sexuales contra mujeres, de ese total el 78,9% fueron contra menores de edad, sumado a 68 casos de transfeminicidios sucedidos entre 2024 y lo corrido de 2026, de acuerdo a información suministrada por la Fiscalía.


Mientras que en 2025 se registraron "1.080 presuntos suicidios de personas de 5 a 28 años: 326 correspondieron a niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años, y 754 a jóvenes entre 18 y 28 años.


Estas cifras refuerzan la necesidad de incorporar la salud mental como una prioridad de las políticas públicas para esta población", advirtió el informe.



También se refirió a la degradación ambiental y el cambio climático al precisar que la deforestación entre 2024 y 2025 se elevó en un 5,2% al pasar de 113.608 a 119.483 hectáreas, con la Amazonía como el centro de esa violencia contra la naturaleza, con el 65% de los casos reportados el año pasado.



En cuanto a la minería ilegal, convertida de una de las fuentes de ingreso de los grupos armados ilegales, la Defensoría señaló que ha emitido 34 Alertas Tempranas entre 2023 y 2026, al sostener que se trata de "una economía de riesgo para las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos". ANSA


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