La iniciativa fue presentada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de Unidad, una alianza opositora de centro, con el argumento de favorecer la reinserción social de las personas en situación de calle y abordar especialmente la situación de mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
El proyecto establece inicialmente que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva deberá contar con el consentimiento libre, previo e informado de la persona, pero contempla que, una vez «agotadas las instancias pertinentes», la esterilización pueda convertirse en obligatoria y realizarse bajo control judicial.
«Bajo control judicial»
Rodríguez justificó su propuesta por la situación que, según dijo, observa entre mujeres y niños que viven en las calles y están expuestos al consumo de sustancias.
«La idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa (un tipo de pegamento altamente inflamable). El proyecto de ley es una manera de buscar una nueva forma de vida», dijo Rodríguez a EFE.
El documento se presentó hace unas semanas y, según el legislador, en los próximos días debe tratarse en primera instancia en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Rodríguez afirmó que el proyecto busca responder a «la necesidad» de las personas en situación de calle de reinsertarse en la sociedad y explicó que la eventual esterilización estaría precedida por evaluaciones médicas y psicológicas.
«Primero se verá la historia clínica de cada persona, será evaluada por un médico y un psicólogo, será una atención integral y al final se procederá con la esterilización», explicó el parlamentario.
El diputado, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de «modificar» el artículo sobre la esterilización obligatoria, «a sugerencia de varias personas», cuando la comisión legislativa analice la iniciativa.
El artículo 15 del proyecto señala además que la obligatoriedad podría aplicarse «bajo control judicial», con el argumento de que los recién nacidos pueden ser «inmersos para trata y tráfico».
Violación a los derechos humanos
La comunicadora y activista feminista Patricia Flores afirmó a EFE que la propuesta del legislador «es inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana».
«Está planteando lo que en un momento la humanidad calificó como una suerte de limpieza étnica porque él está pensando en dirigir su mirada a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza, personas que no valen como futuros ciudadanos», aseguró Flores.
Para la activista, la propuesta es «profundamente racista, clasista, machista y misógina» y que amerita «una sanción del sistema legislativo».
Flores consideró que, en lugar de recurrir a medidas de este tipo, el Estado debe «extremar fuerzas y recursos» para evitar que las personas terminen viviendo en las calles en condiciones de extrema pobreza.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron «su más profundo rechazo y preocupación» por la iniciativa del diputado.
«La institución defensorial recuerda que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos», señala el comunicado.
Las organizaciones recordaron que «la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente en los casos I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú, ha establecido que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer y no pueden ser objeto de coerción».
En ese sentido, la Defensoría y las demás organizaciones exhortaron al Legislativo y al resto de autoridades del Estado a actuar dentro de la Constitución boliviana, vigente desde 2009, y a descartar «cualquier propuesta que vulnere la dignidad humana mediante la esterilización obligatoria».
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