El convenio apunta a sumar los tradicionales vehículos amarillos al sistema de solicitudes por aplicación. Los manifestantes aseguraron que la dirigencia que lo suscribió no informó ni consultó a las bases, por lo que el malestar creció precisamente por esa ausencia de discusión previa.
Durante la jornada, el presidente de la Asociación de Taxistas de Pichincha, Carlos Brunis, denunció que la medida se adoptó sin escuchar al sector. «Está en riesgo la permanencia de la institucionalidad, del taxismo legal y organizado», advirtió. Su advertencia resume el temor de que esa alianza consolide un doble estándar dentro del transporte remunerado.
Ese doble estándar se observa en los controles y sanciones que enfrentan los transportistas autorizados frente a los vehículos particulares operados por aplicaciones. El taxista formal carga con exigencias estatales, mientras que la competencia creció al margen de esa supervisión.
La exigencia no se dirige contra la digitalización, los conductores aclararon que piden garantías operativas y una fiscalización efectiva antes de aceptar la integración de las plataformas.
El pliego incluye la expedición urgente del reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. También reclamaron la intensificación de los operativos contra la informalidad, que según el gremio compite en condiciones desventajosas con el servicio autorizado.
El pedido central es de equidad. Los manifestantes insisten en que aceptan la tecnología, pero no una cancha inclinada que premie a quien circula sin permisos ni tributos.
La protesta se inscribe en un escenario de malestar social y económico que recorre el país. La crisis energética y la inflación golpean a los trabajadores del volante, cuyos costos de operación subieron mientras la demanda de viajes se reparte ahora entre más competidores y los ingresos reales se contraen, el conflicto del transporte suma así una nueva arista a la tensión social de la capital.
En el Distrito Metropolitano de Quito laboran cerca de 30.000 taxistas legalmente habilitados y sostienen que la incursión desregulada de las plataformas erosiona sus ingresos en plena escalada de precios. La cifra se repite entre los manifestantes como prueba del empleo formal que el convenio pondría en vilo. TeleSur
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