Se trata de parte de una "radiografía" del estado actual de Colombia que recibe el nuevo Ejecutivo, elaborada por la Defensoría, que abarca además temas de desigualdad social, medioambientales y violencia generalizada.
"El documento nos permite identificar algunas de las principales fortalezas, pero también las brechas que existen hoy en la garantía de los derechos humanos y especialmente en aquellos ámbitos en los que se requiere concretar mayores esfuerzos por parte del Estado.
Ponemos este documento a disposición de todo el país y de todas las autoridades públicas con el propósito de que pueda ser un insumo útil para los procesos de planeación y para la toma de decisiones de este nuevo gobierno y del nuevo Congreso de la República".
Así lo manifestó Iris Marín, defensora del Pueblo, al advertir que el informe es una fuente "para el análisis de las decisiones que se deberán tomar en los próximos años" y al recalcar que lleva por nombre "Radiografía de Derechos Humanos en Colombia".
De acuerdo con el documento, en materia de violencia, la cifra de masacres cometidas en el país entre 2019 y el 18 de julio de 2026 suma 651 casos registrados con 2.380 víctimas; mientras que los desplazados alcanzan las 394.839 personas, de las cuales el 35,73% corresponde a pueblos étnicos, en un total de 1.002 eventos ocurridos entre 2017 y lo corrido de 2026.
En materia de vinculación de menores de edad a los grupos armados ilegales, los datos de la Defensoría dieron cuenta de 682 casos en 2024, de 419 en 2025 y de 74 entre enero y junio de 2026, al advertir que la disminución progresiva no responde a que el fenómeno cesó, sino al temor de las familias a denunciar.
El documento señaló que hay vigentes 120 "Alertas Tempranas" que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos del país, que prevén posibles actos de violencia en esos lugares por parte de grupos armados ilegales, en razón a sus intereses económicos, conflictos entre ellos o con las tropas y como posibles actos violentos para ejercer control social.
A lo anterior se suma el surgimiento de "nuevas modalidades" de violencìa en el marco de la conflictividad interna derivadas del uso de tecnologías, al precisar que "entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones), que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas", detalló el reporte, que advirtió además del asesinato de 521 firmantes del acuerdo de paz con las extintas Farc entre 2017 y 2016.
Pese a destacar que la pobreza monetaria se redujo al 28%, tras situarse en el 43,1% en el 2020, y resaltar que la inseguridad alimentaria también disminuyó al pasar del 26,8% a 18,1%, el reporte dijo que prevalecen ciertas situaciones que evidencian otras fallas en materia social como los 2.048.427 de reclamaciones y las 312.573 acciones jurídicas para exigir el derecho al acceso pleno a la salud reportadas en 2025.
Otras desigualdades mencionadas en el informe revelaron que en 2025 se reportaron 37.755 casos de delitos sexuales contra mujeres, de ese total el 78,9% fueron contra menores de edad, sumado a 68 casos de transfeminicidios sucedidos entre 2024 y lo corrido de 2026, de acuerdo a información suministrada por la Fiscalía.
Mientras que en 2025 se registraron "1.080 presuntos suicidios de personas de 5 a 28 años: 326 correspondieron a niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años, y 754 a jóvenes entre 18 y 28 años.
Estas cifras refuerzan la necesidad de incorporar la salud mental como una prioridad de las políticas públicas para esta población", advirtió el informe.
También se refirió a la degradación ambiental y el cambio climático al precisar que la deforestación entre 2024 y 2025 se elevó en un 5,2% al pasar de 113.608 a 119.483 hectáreas, con la Amazonía como el centro de esa violencia contra la naturaleza, con el 65% de los casos reportados el año pasado.
En cuanto a la minería ilegal, convertida de una de las fuentes de ingreso de los grupos armados ilegales, la Defensoría señaló que ha emitido 34 Alertas Tempranas entre 2023 y 2026, al sostener que se trata de "una economía de riesgo para las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos". ANSA
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