La declaración del organismo multilateral ocurre tras la confirmación de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años asesinado a disparos por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston. Este trágico hecho generó una ola de indignación popular y reabrió el debate sobre la violencia sistemática ejecutada por los cuerpos policiales estadounidenses en los procedimientos migratorios.
Ante la falta de respuestas por las vías diplomáticas tradicionales, el Gobierno de México procedió a presentar denuncias formales ante la justicia penal de los Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo custodia federal. La administración mexicana solicitó, asimismo, un pronunciamiento categórico por parte de la ONU ante la constante transgresión de los convenios internacionales sobre la protección de los trabajadores extranjeros.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó al Gobierno norteamericano a cesar de forma inmediata la criminalización de las familias trabajadoras que aportan al desarrollo económico de la región. La mandataria hizo un llamado urgente a la solidaridad de los pueblos y de las organizaciones sociales para consolidar un frente común en defensa de las víctimas de la represión estatal en suelo estadounidense.
El grave deterioro de las condiciones de vida de la población migrante coincide con el endurecimiento de las políticas punitivas implementadas por la Casa Blanca desde el inicio del actual período gubernamental de Donald Trump. La proliferación de evidencia en redes sociales sobre atropellos cotidianos demuestra la ausencia de mecanismos efectivos de control sobre las actuaciones arbitrarias cometidas por las agencias del orden.
Las organizaciones continentales de derechos humanos coinciden en que la movilidad humana constituye un derecho fundamental que debe ser respetado sin discriminación ni persecución militarizada. La comunidad internacional reafirma que la justicia social y el fin del racismo institucional son condiciones indispensables para poner freno a la impunidad y garantizar el pleno ejercicio de la soberanía popular en Nuestra América. AFP
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