Aunque el Gobierno de Daniel Noboa resalta la incorporación de 846.9 megavatio (MW) al sistema eléctrico entre 2024 y 2025 (frente a los 35 MW del período previo), la infraestructura no ha logrado estabilizar el servicio. Ecuador inició 2026 con un déficit de 866 MW y la fragilidad del embalse de Mazar.
La gestión se enfrenta además al “Caso Apagón“, una investigación de la Fiscalía por presunto peculado. Los contratos de emergencia con las firmas Progen y Austral, valorados en más de 170 millones de dólares, resultaron en motores que no operaron durante la crisis de 2025, dejando al país expuesto a racionamientos que llegaron a las 14 horas.
Pese a la narrativa oficial de agilidad administrativa, el sector minero enfrenta estancamientos. Proyectos estratégicos como Loma Larga y La Plata se encuentran paralizados por la revocatoria de licencia ambiental y órdenes judiciales derivadas de conflictos sociales, respectivamente.
A esto se suma la falta de avances en la firma del contrato de explotación de Cangrejos y una nueva postergación en la apertura del Catastro Minero, cuya reactivación para la minería metálica se ha desplazado, al menos, hasta febrero.
En el sector petrolero, mientras el Gobierno reporta una inversión comprometida de 763 millones de dólares frente a los 306 millones del Gobierno anterior, la producción real ha caído a niveles no vistos desde 2004, situándose cerca de los 436.000 barriles diarios.
Existe una discrepancia directa en las cifras de gas. Mientras la ministra Inés Manzano reporta una producción de 24 millones de pies cúbicos, los datos de Petroecuador al 26 de enero de 2026 confirman que solo se producen 17.6 millones. ]]>
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