La protesta se intensificó por la noche con enfrentamientos en la céntrica Avenida Abancay, con lanzamiento de bombas molotov, petardos y objetos contundentes por un lado, y gases lacrimógenos y barricadas por el otro.
Un policía peruano sufrió quemaduras de primer grado, mientras que entre los heridos se encontraban un anciano alcanzado por una bala de goma y una mujer intoxicada con gases lacrimógenos.
Durante la noche, el vandalismo azotó una de las principales calles peatonales del centro histórico de Lima, el Jirón de la Unión, y la Plaza San Martín, donde se quemó basura y se dañó el mobiliario urbano.
El tránsito estuvo cortado y mientras la policía anunció el uso de drones y cámaras de reconocimiento facial para identificar a los responsables de los disturbios de anoche, hoy se prevén nuevas manifestaciones en la céntrica Plaza San Martín.
Según el corresponsal de teleSUR en Lima, Ramiro Angulo Maquiavelo, en las inmediaciones del recinto legislativo los efectivos policiales cargaron contra la multitud y lanzaron gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes, de modo horizontal, lo que contraviene los protocolos establecidos para el uso discrminado de la fuerza pública.
La movilización fue convocada por asociaciones de transporte urbano, quienes exigen mayores medidas de seguridad ante numerosos casos de sicariato, y por la denominada «Generación Z», que convocó a protestar contra las autoridades, la corrupción y el incremento de la inseguridad ciudadana.
Los transportistas comenzaron hace dos días una serie de movilizaciones para exigir acciones concretas de las autoridades ante la ola de extorsiones que sufren, que en las últimas semanas han desencadenado en asesinatos de choferes y ataques contra las unidades transporte, presuntamente cometidos por sicarios.
Los manifestantes también pidieron dar marcha atrás con las reformas al sistema de pensiones que fue aprobado por el Congreso de la República. Entre sus puntos más criticados se encuentran la extensión de la edad para la jubilación anticipada —de 50 a 55 años— y la prohibición del retiro parcial de los fondos acumulados.
Otra de las reivindicaciones de la jornada es el rechazo a la ley de amnistía, que beneficia a militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), lo que ha generado el rechazo de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas.
La nueva legislación exime de responsabilidad a miembros de las fuerzas armadas y policiales implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. La promulgación fue oficializada en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, presidida por la mandataria Dina Boluarte con la asistencia de altos mandos militares.ANSA y TeleSur ]]>
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