La Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Civil de los Derechos de Internet (Ley 12.965/2014), norma que estableció los derechos y deberes para el uso de internet en Brasil.
Según el dispositivo, "con el objetivo de garantizar la libertad de expresión y evitar la censura", las plataformas solo podrán ser consideradas responsables de las publicaciones de sus usuarios si, tras una orden judicial, no toman medidas para eliminar el contenido.
Votos
En la sesión de ayer, el ministro Gilmar Mendes consideró que el artículo 19 está "desactualizado" y que la regulación de las redes sociales no representa una amenaza a la libertad de expresión.
Para el ministro, el "modelo de irresponsabilidad de las plataformas" no se puede mantener.
“La retórica corporativa ha instrumentalizado la libertad de expresión para preservar modelos de negocio, manteniendo el statu quo, en el que decisiones con profundos impactos en la democracia se toman de manera opaca y sin rendición de cuentas”, afirmó.
Cristiano Zanin votó a favor de la inconstitucionalidad del artículo y afirmó que el dispositivo no es adecuado para proteger los derechos fundamentales e impone a los usuarios la carga de emprender acciones legales en caso de publicaciones ofensivas e ilegales.
"Esta libertad de expresión puede estar siendo utilizada indebidamente para atacar el estado de derecho y la seguridad física de las personas, incluidos niños y adolescentes", dijo Zanin.
En sesiones anteriores, los ministros Luiz Fux y Dias Toffoli votaron a favor de permitir la eliminación de publicaciones ilegales mediante notificaciones extrajudiciales, es decir, por los propios afectados, sin decisión judicial previa.
Luís Roberto Barroso afirma que solo se necesita una orden judicial para eliminar publicaciones que involucren delitos contra el honor (calumnia, difamación e injuria). En otros casos, una notificación extrajudicial es suficiente para eliminar el contenido, pero las redes tienen el deber de diligencia de evaluar si los mensajes contradicen las políticas de publicación.
El único voto disidente fue el del ministro André Mendonça , que votó a favor de mantener las reglas actuales que impiden que las redes sean consideradas directamente responsables.
Casos juzgados
El STF está juzgando dos casos específicos relacionados con el Marco de Derechos Civiles en Internet que llegaron al Tribunal a través de apelaciones.
En el caso presentado por el juez Dias Toffoli, el tribunal juzga la validez de la norma que exige una orden judicial previa para responsabilizar a los proveedores por actos ilícitos. El caso se refiere a un recurso interpuesto por Facebook para anular una decisión judicial que declaró a la plataforma responsable de daños morales por la creación de un perfil de usuario falso.
En el caso presentado por el juez Luiz Fux, el Supremo Tribunal Federal debate si una empresa que aloja un sitio web debe monitorear contenido ofensivo y eliminarlo sin intervención judicial. Google presentó un recurso de apelación.
Agencia Brasil ]]>
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