El Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley
ómnibus, pero no parece dispuesto a renunciar a sus intenciones y cumplirlas
por otras vías. Artículo escrito por Dr. César Augusto Lerena (*) (**)
Aprovechando
la invitación a disertar en un simposio celebrado en Miami, el cerebro del
proyecto, Federico Sturzenegger, insistió en mencionar al sector pesquero
argentino como un factor negativo. Incluso citó la Ley Federal de Pesca
promulgada por el Presidente Carlos Menem en 1997.
Dijo Sturzenegger que en lugar de la
ley vigente, un nuevo régimen "buscaba licitar los permisos de pesca para
que el Estado obtenga un mayor beneficio, pero la iniciativa no prosperó en el
Congreso debido al lobby de las empresas pesqueras".
En general los proyectos de ley se
tratan en las comisiones específicas del Congreso. Respecto a la reforma de
pesca, debió tratarse en la Comisión de Intereses Marítimos, cosa que no
ocurrió, discutirse y eventualmente aprobarse por los diputados de esa
representación.
Finalmente, si se logran los consensos
adecuados, un proyecto puede recibir la media sanción parlamentaria si la
mayoría lo aprueba en el recinto.
Cuando son proyectos del Poder
Ejecutivo, como este caso, se presentan a defender la propuesta los ministros,
secretarios o subsecretarios del área. Cuestión que insólitamente tampoco
sucedió.
En varios escritos insté al secretario
de Bioeconomía Fernando Vilella y al subsecretario de Pesca José Antonio López
Cazorla a que dieran su opinión.
Ante su silencio, lo mejor fue aplicar
aquel proverbio que dice que «hay que pegarle al chancho para que aparezca el
dueño». Y apareció. Se llama Federico Sturzenegger. Queda claro porque fue uno
de los temas que eligió para su exposición en el Miami Herbert Business School.
¿A qué economista se le ocurriría
hablar en un foro de esta naturaleza sobre un tema tan complejo ajeno a su
especialidad y a la de la universidad que lo convocó si no fuese porque se
trata del autor del proyecto seriamente cuestionado por todo el arco político,
empresario, gremial y técnico, a punto tal que debió ser retirado de la ley
ómnibus?
Hay cierta egolatría en los autores de
los textos -aun los malos- y es frecuente que el pez por la boca muera cuando
no dispone de argumentos sólidos.
Es el caso de este profesor que, entre
otras cosas, indicó: «La Argentina tiene un mar lleno de peces (donde) hay
unas pocas empresas que pescan gratis los peces de todos nosotros, de lobbies y
de un adormecimiento de la sociedad durante cincuenta años (…) un régimen de
pesca con un origen muy militar (…) No hay derechos de propiedad en el mar, el
gobierno da la autorización para pescar a alguien y cobra por eso.»
En Argentina se cobra un 0,15 por
ciento. O sea, es gratis. Cuando uno lee la ley de pesca se da cuenta de que
los militares lo que querían eran barcos (y) decían: haceme un barco y yo te
regalo la pesca (…)
Luego se armó un sistema donde a aquel
que tenía la pesca se le mantuvieron los privilegios. Nosotros quisimos
plantear que esos permisos de pesca se tenían que licitar (y) no conseguimos
ningún voto».
Los
textuales están tomados de la Revista Puerto del 14 de febrero último.
El proyecto viola la Constitución
Nacional y el artículo 25º del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales, Culturales, Civiles y Políticos (16/12/1966) porque “menoscaba
el derecho inherente de los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente
de sus riquezas y recursos naturales” y por ello, seguramente, no obtuvo
ni un solo voto en el Congreso.
Sturzenegger es, sin dudas, un hombre
de la “casta”, y es llamativo que no hubiese planteado antes que “la pesca
es un negocio de unos pocos”, ya que fue secretario de Política Económica con
Fernando de la Rúa en 2001, presidente del Banco Ciudad (2008-2013), diputado
nacional (2013-2015)
y presidente del Banco Central (2015-2018).
No podría decirse que no era un hombre
informado, ya que fue considerado “el segundo economista académico
residente en Argentina con mayor impacto en la ciencia económica” (Ranking
IDEAS).
Aunque, sería bueno recordar también
que según CEPA «la política monetaria del organismo conducido por Sturzenegger
le costó al Estado unos 1,2 billones de pesos, y el déficit fiscal del 2017 fue
el tercero más alto de la historia».
Sturzenegger
no tiene ningún antecedente en una actividad productiva. Tampoco en la pesca.
No siendo funcionario del gobierno
actual, es evidente que Sturzenegger se expresa en su calidad de autor del
proyecto en estas charlas de difusión popular. Pero de la lectura de la reforma
que propone no solo se desprende que no conoce la industria pesquera.
También surge que está promoviendo un
pésimo proyecto económico y un modelo depredador que ha sido dejado de lado
hace treinta años por las administraciones pesqueras más desarrolladas y
modernas del mundo. Por lo cual, si realizó los mismos comentarios que hizo en
Miami, en Fundación de Rockefeller de la Universidad de Harvard, en la
Universidad de San Andrés y en la Universidad HEC de París, la información que
difunde es como mínimo errónea e incompleta.
Además, desalienta seriamente las
inversiones en esta materia en la Argentina y daña severamente a la industria
argentina de capital nacional o extranjero radicada en el país.
Esa industria compite en el mercado
internacional con las reglas de éste. Lo hace incluso bajo las políticas poco
competitivas de distintos gobiernos, entre otros el que lo tuvo a Sturzenegger
como funcionario jerarquizado y esencial en la política monetaria.
Llama la atención, también, que
Sturzenegger se refiera al negocio de pocos y, a los lobbies, ya que si de ello
se hubiese enterado recién en diciembre pasado, habría que preguntarse por qué
el gobierno actual designó como subsecretario de Pesca al citado López Cazorla
que ha sido miembro del Consejo Federal Pesquero desde el 2006 a 2019 y, por
tanto, directamente responsable de establecer la política pesquera, de aprobar
permisos, cuotas y autorizaciones de captura y de fijar los valores de los
derechos de captura a las empresas.
En ese período Sturzenegger era
presidente del Banco Central.
Por otra parte, el mar no está lleno
de peces que puedan capturarse, como dijo en Miami.
Las “capturas máximas sostenibles” las
determinan el Instituto Nacional de Investigación (INIDEP) y el citado Consejo
Federal, de modo tal que la máxima explotación posible sin dañar el ecosistema
se distribuya en unos 520 buques también habilitados por este Consejo.
El otorgamiento de cuotas y
autorizaciones se realiza mediante una serie de exigencias definidas en los
artículos 26º y 27º de la Ley 24.922 que el proyecto de Sturzenegger
precisamente desnaturalizó.
La intención de Sturzenegger es que el
simple pago de un canon permitiese a buques extranjeros el acceso a la Zona
Económica Exclusiva.
Quiere allanarles el mar a estas
flotas, que hubiesen podido tener cualquier antigüedad y utilizar solamente
mano de obra extranjera.
Además, y muy importante, podrían
desembarcar en cualquier puerto extranjero e incluso efectuar transbordos en el
mar, procedimiento que la FAO considera una de las primeras causales de la
pesca ilegal.
La mayoría de los buques que pescan a
distancia, contrariando a la Organización Mundial de Comercio, lo hacen
subsidiados.
No pagan aranceles en sus países y
realizan la pesca con trabajo esclavo. Incluso pescan a pérdida, porque vienen
por la más importante proteína de origen animal.
El
proyecto de Sturzenegger atrasa 30 años.
La captura extranjera llevaría a
cambiar el sistema de cuotificación implementado en la Argentina en 2008 por
imperio de la Ley 24.922 sancionada en 1998, y no en el gobierno militar como
refiere.
El sistema quedaría reemplazado
mediante la extracción por “pesca olímpica”, un método descartado en el mundo
Se repetiría el error cometido en 1986 con los Acuerdos con la URSS-Bulgaria y
en 1994 con la Unión Europea.
Éste último acuerdo produjo una
depredación sin precedentes. Su denuncia fue muy dificultosa por la
asimetría económica y comercial entre los países partes.
En ambos casos los acuerdos se
limitaron a la captura de supuestos excedentes y no al total del stock pesquero
que plantea el proyecto.
Todo ello, que omitió decir
Sturzenegger en su charla de Miami, hubiese producido el más absoluto
descontrol de la pesca y la consecuente depredación en el Atlántico Sur.
La caída de las exportaciones
pesqueras argentinas. La quiebra del sector con la consiguiente desocupación y
el éxodo de las poblaciones portuarias de la Patagonia.
Un procedimiento de apertura del mar
argentino a flotas extranjeras que no tiene antecedente en ningún país
desarrollado. Tampoco en los Estados Unidos, donde Sturzenegger dio su charla.
Solo se aplica en Costa Rica,
Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos
países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus
mercados pesqueros.
Sturzenegger desconoce que el sistema
de licitación fue desechado en todos los países del mundo desarrollado por
ineficaz para promover una pesca sostenible, sustentable y estable en los
Estados ribereños.
La
pesca no es la construcción de una ruta. Requiere previsibilidad y tiempo.
Chile es el único país que “licita
internamente” el 15 por ciento de sus cuotas y lo hizo mediante una negociación
para promover el interés de nuevos actores a cambio de otorgar a los empresarios
cuotas de pesca por veinte años con opción a otros veinte.
Referirse a que «Una posibilidad de
éxito se basa en empobrecer a aquellos que empobrecen al pueblo, buscar
mecanismos para restarles esos recursos, porque esos recursos van a ser usados
como mecanismo
de bloqueo a cualquier proceso de reforma», es incalificable.
En este proyecto hubo intencionalidad,
perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional. No puede dejarse en
estas manos el diseño de políticas que llevarían a la destrucción de un sector
productivo, generador de pueblos e industrias en el litoral marítimo patagónico
con la más baja
densidad poblacional del país. Pero también afecta la industria pesquera de Mar
del Plata, donde se desembarca el 50 por ciento de las capturas nacionales.
Sturzenegger también omitió hablar de
la derogación del art. 27 bis (la Ley 26.386) que abriría el mar argentino a
los buques que pescan en forma ilegal en Malvinas, violando la Constitución
Nacional.
La Ley de Pesca debe reformarse en la
mayoría de los artículos, pero absolutamente en ninguno de los propuestos por
el animador de la ley ómnibus. Sturzenegger debería haberse ocupado en
determinar cuál es el valor sustentable de los derechos de captura y por qué el
Consejo Federal no habría establecido desde 1998 a la fecha.
Debió conocer si todos los buques
cuentan con la habilitación legal y cuál es el resultado del Informe de la
Auditoría de la UBA.
Por qué motivo los fondos provenientes
del cobro de derechos de captura en la Zona Económica
Exclusiva no son distribuidos adecuadamente para solventar el total de gastos
del Estado en investigación y control. Por qué existe concentración en la
actividad.
Cuáles son las razones por las cuales
tratándose de recursos de dominio del Estado se negocian las transferencias
entre privados y por el contrario la reforma eliminaba la intervención de la
Autoridad de Aplicación; porqué motivo el gobierno no ha iniciado acciones a
los buques extranjeros que pescan en Malvinas; porqué se siguen admitiendo los
descartes que permitirían alimentar a tres millones de niños por día.
Por qué no se ha actuado sobre los
Estados de la flota extranjera que pesca los recursos migratorios originarios
de la Zona Económica Exclusiva.
«Un Estado sin pesca nada puede sobre
la mar», escribió Manuel Belgrano. En el siglo XIX ya tenía ideas más claras
que el disertante de Miami.
(*) artículo publicado en Página 12,
el 18 de febrero
(**) Experto en Atlántico Sur y Pesca.
Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca
Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación AGUSTINA LERENA