La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), representada por su secretaria general, Sonia Alesso, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Bustos Fierro, apoderado de la organización, impugnó y obtuvo en sede judicial una medida cautelar en el marco de la causa que lleva el Nro. 390/24 radicada ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 8 de Capital Federal, a cargo de la Dra. Laura d'Arruba.
Por
la decisión judicial se suspendió la aplicación de los artículos. 86, 87, 88 y
97 del DNU 70/2023 dictado por el presidente Milei, en relación a la CTERA y
las trabajadoras y trabajadores representados a través de los gremios de base
adheridos.
La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 9-2-2024, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucionales las regulaciones que establece el DNU citado al calificar a la educación como "servicio esencial" prohibiendo en la práctica el derecho a huelga -cuestión ya analizada y rechazada por el Poder Judicial y la Organización Internacional del Trabajo hace más de veinte (20) años-, impidiendo el derecho de reunión con restricciones grotescas a la realización de asambleas sindicales y neutralizando la percepción de contribuciones solidarias en el marco de la Paritaria Nacional Docente, que dicho sea de paso, intentó también aniquilar Milei a través del proyecto de "Ley ómnibus" cuya aprobación fracasara en el Congreso Nacional.
El
accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva dirigida a
intentar la destrucción de la educación -que no conseguirán- provocada por la
inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente -cuando la
situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder
adquisitivo de los sueldos-, el no pago a los docentes de todo el país de la
asignación del Fondo Nacional de Incentivo (FONID) a cargo de La Nación, la
supresión del Fondo Compensador Salarial para asistencia al pago de sueldos en
algunas jurisdicciones provinciales, la eliminación de la conectividad para
maestras y maestros y el no giro de partidas para comedores escolares, entre
otras medidas de evidente desprecio hacia las y los docentes de nuestro país y
niñas, niños y adolescentes que deben concurrir a la escuela.