En una nota dirigida a senadores y diputados
nacionales, los organismos de Derechos Humanos sentaron posición sobre las
medidas económicas dadas a conocer dentro de un DNU firmado por el flamante presidente
argentino, Milei.
La
nota está dirigida a diputados y senadores nacionales a quienes se les solicita
rechacen el decreto 70/2023 por estar “viciado de una inconstitucionalidad
insanable”.
Texto de la nota
“A nuestros representantes en el Congreso de
la Nación:
Los
organismos de DD. HH. reunidos en la Regional NOA nos dirigimos a nuestros representantes en el
Congreso de la Nación solicitándoles el
rechazo del decreto
70/2023 recientemente promulgado
por el presidente de la nación, decreto viciado de una inconstitucionalidad
insanable, que ni siquiera es de
necesidad ni urgencia, a través del cual
un grupo de políticos y empresarios representados por la figura de Javier Milei, se arrogan
legitimidad para legislar,
derecho que el triunfo en las elecciones
pasadas no les otorga, con lo que pretenden
desmantelar las instituciones
del sistema democrático a través del cual ellos mismos llegaron al poder, poniendo el
país en venta al mejor postor, avasallando
todos los derechos conquistados en estos cuarenta años de democracia
y la
democracia misma.
La
escena que presenció ayer el pueblo de la Nación Argentina representa un hecho
gravísimo para la vida institucional de nuestro país, que rompe con la división
de poderes establecida constitucionalmente, al atribuirse prerrogativas
legislativas que le están negadas, pasando por encima de las funciones del
Congreso, en una actitud claramente dictatorial, que recuerda los peores y más
oscuros tiempos de nuestra historia, y pone en riesgo la existencia misma de
nuestra patria.
No
es un simple ajuste, nos pone a los 44 millones de argentinos a merced de la
ley de la oferta y la demanda en un mercado que sólo manejan los poderosos
capitales nacionales y extranjeros, sometiendo al ciudadano de a pie a los
designios de sus mezquinos intereses. Elimina la ley de tierras, libera el
espacio aéreo, flexibiliza las leyes de contratación y trabajo, liberaliza la
ley de comercio exterior, librando al azar del mercado la exportación e
importación de bienes, con las ya consabidas consecuencias de destrucción del
mercado interno y la del aparato productivo nacional. Eso sin nombrar todas
aquellas medidas que atacan directamente los salarios, y por lo tanto la
supervivencia de casi el 90 por ciento de la población de trabajadores y
trabajadoras, de jubilados, estudiantes, profesionales quienes verán arrasados
sus derechos más elementales, a la salud, al trabajo digno, a la educación,
cuando no a la vida y a la dignidad de las personas. La desregulación es el desamparo de millones
de argentinos y argentinas y el desguace de nuestra Nación.
La
gravedad de estos hechos, que ya han merecido el repudio de la población en
buena parte del territorio de nuestro país, requiere la enérgica presencia y
acción del Congreso Nacional que debe rechazar por inconstitucional este
decretazo. Los diputados y senadores, nuestros representantes en el Congreso de
la Nación no pueden , ni deben conceder facultades extraordinarias al Poder
Ejecutivo que afecten los derechos de la ciudadanía, actos que llevan de por sí
una nulidad insanable, y por lo tanto sujetarán a los que los formulen,
consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la
patria, tal como reza el art. 29 , de la Primera Parte del Cap. 1 de nuestra Constitución
Nacional referida a los Derechos y Garantías consagrados por nuestra
Constitución.
Confiando
en la movilización popular que ya ha tenido claras manifestaciones de rechazo a
este intento de avasallamiento de nuestros derechos y de la democracia misma,
apelamos a vuestra responsabilidad institucional, asumida con el compromiso de
velar por la plena vigencia de todos derechos del pueblo y la democracia,
convencidos de que sabrán poner en valor nuestras instituciones expresando su
rechazo por este acto de inconstitucionalidad insanable”.