La defensa argumentó que las resoluciones se
dictaron en ausencia de la jueza Ana María Figueroa, separada por la Corte
Suprema. La Vicepresidenta sostuvo que se trató de un acto de "dudosa
constitucionalidad".
La defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de
Kirchner, reclamó este lunes que se declare la nulidad de los fallos con los
que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir las causas conocidas
como Hotesur-Los Sauces y memorándum de entendimiento con Irán, informaron
fuentes judiciales.
Lo hizo a través de dos recursos extraordinarios federales presentados por sus
abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en los que, con distintos argumentos,
se sostuvo que los fallos cuestionados fueron
"arbitrarios", que se violó la garantía del juez natural y que se
vulneró el derecho del imputado a ser juzgada "en un plazo razonable".
Los recursos extraordinarios fueron presentados para que los fallos sean
revisados por la Corte Suprema de Justicia.
En una de las críticas que se repitió en ambos recursos, los abogados de la
exmandataria remarcaron que las resoluciones atacadas fueron dictadas sin la
intervención de la jueza Ana María Figueroa, que había cesado
en sus funciones por disposición de la Corte Suprema por haber alcanzado el
límite de 75 años.
En rigor, los fallos que dispusieron las reaperturas de las causas fueron
dictados el mes pasado con la firma de los jueces Daniel Petrone y Diego
Barroetaveña, que estaban en condiciones de decidir desde noviembre del año
pasado y no lo hicieron hasta que fue cesada su colega Figueroa.
La causa Memorándum, que juzga el entendimiento alcanzado pero nunca implementado entre Argentina e Irán en el marco del caso AMIA, había sido cerrado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 que entendió que se trató de una decisión política no judiciable y que además nunca entró en vigencia.
La denuncia original, impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman e impulsada por familiares de víctimas del atentado a la AMIA y por dirigentes opositores, sostenía que la firma del memorándum fue a cambio de incrementar el comercio de granos (argentinos) y petróleo (iraní) y de hacer caer las alertas rojas de Interpol, aunque nada de eso ocurrió.
La causa conocida como Hotesur-Los Sauces, en la que se investiga supuesto lavado de dinero y supuestos retornos por parte de empresarios vinculados a la obra pública, había sido cerrada por el TOF 5, que señaló que las operaciones investigadas estaban bancarizadas y que, además, por la aplicación de la ley mas benigna correspondía sobreseer a los imputados.
Esas decisiones de los TOF 5 y 8 fueron revertidas por la sala primera de la Cámara de Casación que con la integración de los jueces Petrone y Barroetaveña determinó que correspondía llevar a cabo los respectivos juicios orales para dilucidar si se cometieron o no los delitos que fueron denunciados en su momento.
"La resolución recurrida presenta un vicio de base que fulmina su validez: el decisorio fue dictado con el voto de dos magistrados, sin que el Tribunal se integrara con un tercer juez que también participara de la deliberación", sostuvieron los abogados de la exmandataria.
Fuente: Telam