La
vicepresidenta cuestiona los fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación
Penal el último lunes con los que fueron revocados los sobreseimientos que se
habían dictado en su favor en las causas conocidas como "Hotesur-Los
Sauces" y "Memorándum de entendimiento con Irán". Foto:
presidencia.
El plazo para presentar los
recursos extraordinarios con los que la defensa de la exmandataria pretende
llegar hasta la Corte Suprema de Justicia es de 10 días hábiles, recordaron las
fuentes consultadas y confirmaron que los abogados Carlos Beraldi y Ary
Llernovoy trabajaban en esas presentaciones.
"Ambos fallos fueron arbitrarios y serán apelados",
sintetizaron las fuentes cercanas a la defensa de Fernández de Kirchner,
mientras el entorno de la vicepresidenta mantuvo bajo perfil durante los
últimos días en relación con las causas judiciales.
Las fuentes consultadas por esta agencia sostuvieron que ambos fallos estaban dentro de lo esperado y remarcaron que ya habían sido anunciados por distintos medios de comunicación, después de que la Corte Suprema de Justicia cesó en sus funciones a la jueza Ana María Figueroa, integrante de la sala de Casación llamada a intervenir en el caso.
A diferencia de otras veces, la exmandataria no reaccionó públicamente a
los fallos de Casación en su contra pese a que ayer encabezó una presentación
titulada "De castas, herencias, derrumbes y futuro" por la reedición
del libro "Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y
Néstor Kirchner" en la Universidad Metropolitana para la Educación y el
Trabajo (UMET).
"Justicia a la carta"
Fuentes de su entorno atribuyeron el bajo perfil al contexto electoral y
recordaron la frase esgrimida por la exmandataria en diciembre cuando confirmó
que no sería candidata "a nada", tras recibir la condena del tribunal
oral que juzgó la causa Vialidad.
"No voy a someter la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces
presidenta y una vez vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con
una candidata condenada", afirmó la vicepresidenta por entonces.
Entre los que sí se expresaron esta semana contra el fallo de Casación, estuvo
el diputado oficialista Leopoldo Moreau, quien calificó lo resuelto como
"un caso más de justicia a la carta, a gusto del cliente, en este caso el
bloque de poder que viene sistemáticamente llevando adelante la persecución
política contra Cristina Kirchner".
"Este era un fallo que fue adelantado por (Diego) Barroetaveña a sus
mandantes de La Nación y Clarín", agregó Moreau y señaló que en el caso
particular del Memorándum con Irán lo resuelto por los jueces de Casación
"implica subordinarse a una falacia inventada por los fondos buitres
encabezados por Paul Singer".
"Singer fue quien en 2015 movió sus hilos en la justicia y el periodismo
argentino para desplazar a Cristina con tal de cobrar lo que ya le habían
regalado los jueces de la Corte de Estados Unidos, que él había coimeado",
completó Moreau en declaraciones a Télam.
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso el pasado lunes que se realicen los
juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación
ilícita y lavado de dinero, y otro por el Memorándum de Entendimiento con Irán
para volver a analizar la actuación de la justicia en la investigación por el
atentado a la AMIA, por presunto encubrimiento, en los que está imputada la
vicepresidenta.
Foto: Alfredo Luna
Con los votos de los jueces Barroetaveña y Daniel Petrone, la sala primera
del máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados
por los tribunales orales respectivos.
En el caso Hotesur-Los Sauces, donde hay imputaciones por asociación ilícita y
lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la
familia Kirchner, los jueces revocaron los sobreseimientos dispuestos por el
Tribunal Oral Federal 5 a fines de 2021.
Los magistrados ratificaron que quedó fuera del proceso Florencia Kirchner,
hija de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, porque tenía 12
años en el momento en que se habrían producido los hechos.
Así, Casación dispuso que vayan a juicio oral la actual vicepresidenta de la
Nación, su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner; su sobrina Romina
Mercado, Patricio Pereyra Arandia, el empresario Lázaro Báez, sus hijos Martín,
Leandro y Sabrina Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Carlos Sancho,
Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.
Asimismo, fueron apartados los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián
Grünberg.
Esos jueces habían dicho que los fondos que se habían usado para pagar
alquileres de habitaciones en el complejo hotelero -la base de la sospecha de
supuesto lavado de dinero- eran de "origen lícito" pues estaban
bancarizados y "estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de
organismos oficiales y/o autoridades".
Además, aquellos magistrados habían sostenido que debía aplicarse la ley más
benigna, y que hasta 2011 -los hechos investigados habrían ido desde 2008 hasta
2015- el "autolavado" (maniobra para blanquear dinero propio) no
estaba contemplado por la ley argentina.
"La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer
momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las
contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran
beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa
de rigor", habían sostenido Obligado y Grünberg.
Los jueces de Casación Barroetaveña y Petrone objetaron ese planteo.
En cuanto al Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013, cuyo
objetivo era destrabar la investigación del atentado terrorista a la mutual
judía AMIA (de 1994, que provocó 85 muertes), Barroetaveña y Petrone también
revocaron los sobreseimientos y ordenaron que se haga el juicio oral.
El Tribunal Oral Federal 8 había sobreseído, también en 2021, a la expresidenta
y otros consortes de causa que estaban acusados de encubrimiento de aquel
atentado.
Ahora la Casación resolvió revocar esa medida y ordenó el debate oral y
público. También dispuso apartar a los jueces del TOF Daniel Obligado y José
Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.
El Memorándum tenía como objetivo, según el Gobierno de entonces, acelerar el
esclarecimiento del atentado con, entre otras acciones, interrogar en el
exterior a los jerarcas iraníes acusados por la masacre.
El acuerdo fue aprobado en el Congreso argentino, mientras que Irán lo hizo a
través de una medida ejecutiva.
El fallecido fiscal federal especial en la causa AMIA Alberto Nisman denunció a
Fernández de Kirchner y otros dirigentes y funcionarios kirchneristas de
encubrimiento del atentado a través de este instrumento pero finalmente los
jueces del TOF 8 sostuvieron, en síntesis, que "el Memorándum de
Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto
político, no constituyó un delito".
Ahora Casación, después de un extenso análisis del caso, señaló que "los
defectos de fundamentación en que incurrió el tribunal a quo afectan la
garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a los recurrentes y, de
conformidad con el estándar de arbitrariedad definido por la CSJN, justifican
la invalidación de la resolución recurrida".
Los querellantes -la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y
familiares de víctimas de la AMIA- habían apelado los sobreseimientos de los
acusados.
Los acusados en la causa del Memorándum fueron Cristina Fernández, Eduardo
Antonio Zuain, Carlos Alberto Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther
Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D´Elía, Fernando Esteche,
Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Fuente: Telam