Para la jueza federal María Eugenia Capuchetti
resulta "irrazonable" hacer lugar al pedido de los abogados que
representan a la vicepresidenta, en coincidencia con la posición del fiscal
Carlos Rívolo.
La jueza
federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo rechazaron
este viernes ordenar nuevas medidas de prueba en relación a la llamada "pista
Milman" en la causa por el
intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1
de septiembre pasado, al no hacer lugar a un planteo de la querella.
La magistrada consideró "irrazonable"
dictar una medida de prueba cuando el fiscal que tiene delegada la
investigación, Rívolo, "ha manifestado expresamente que el
grado de convicción que asigna a las pruebas que componen la línea
investigativa, no superan siquiera el examen para realizar las medidas que le
fueron propuestas", según la resolución a la que tuvo
acceso Télam.
Cuáles son las pistas que los letrados insistían en investigar
La querella de la
Vicepresidenta -representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos
Aldazábal- reclamó avanzar en la investigación de la pista que
vincula al diputado nacional Gerardo Milman, con un conjunto de medidas
vinculadas al lugar donde, según declaró una ex asesora, se reunieron junto con
él y un perito para borrar información de sus teléfonos celulares.
Los investigadores rechazaron "de momento" disponer esas medidas a la
espera que otras que están en curso y de una decisión de la Cámara Federal
porteña vinculada a un planteo para secuestrar el celular de Milman.
Rívolo sí pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que le envíe
información sobre uno de los acusados en la causa por hackeo de celulares a
jueces y funcionarios, Ariel Zanchetta.
Foto: Candelaria Lagos
Zanchetta "habría realizado consultas sobre diversas
personas en la base de datos llamada “SudamericanaData”, entre las cuales se
hallarían: Fernando André Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte,
Cristina Fernández de Kirchner y Diego Martín Carbone (custodio
de la Vicepresidenta) ; pudiendo resultar de interés para la pesquisa".
Por eso solicitó el envío a su fiscalía de un "listado con la totalidad de
las búsquedas que haya realizado dicho individuo en las bases de datos que haya
utilizado al respecto -con indicación de fechas y horarios".
Además, ordenó realizar una pericia caligráfica para determinar si un escrito
identificado como "La Regla de Tueller (pistola vs navaja)"
secuestrado en la causa corresponde con la escritura de alguno de los tres
detenidos por el intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte
o Gabriel Carrizo.
Los tres están detenidos con prisión preventiva y ya fueron enviados a juicio
oral por el intento de asesinato de la Vicepresidenta.
En un escrito presentado este jueves, los abogados de la Vicepresidenta José
Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal reclamaron urgentes medidas de prueba
en torno a la declaración de la ex asesora de Milman, Ivana Bohdziewicz, quien
reveló la existencia de la reunión para borrar información de los celulares.
Rívolo dictamino que "de momento no corresponde hacer lugar a las
diligencias pedidas por las querellas" y remitió a Capuchetti la causa
para que resuelva sobre una de ellas, un allanamiento, por resultar de su
competencia, y la magistrada también se negó a disponerlo.
Los abogados de la querella reclamaron a la fiscalía que " honre su
compromiso (que, mejor dicho, es un deber legal) de seguir investigando el
tramo de la causa que continúa en la instrucción", luego del envío parcial
del caso a juicio.
"La tramitación del recurso relativo al secuestro del celular de Gerardo
Milman no constituye razón alguna para paralizar la investigación de la línea
vinculada con el diputado nacional", advirtieron.
Foto: Candelaria Lagos
Zanchetta "habría realizado consultas sobre diversas
personas en la base de datos llamada “SudamericanaData”, entre las cuales se
hallarían: Fernando André Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte,
Cristina Fernández de Kirchner y Diego Martín Carbone (custodio
de la Vicepresidenta) ; pudiendo resultar de interés para la pesquisa".
Por eso solicitó el envío a su fiscalía de un "listado con la totalidad de
las búsquedas que haya realizado dicho individuo en las bases de datos que haya
utilizado al respecto -con indicación de fechas y horarios".
Además, ordenó realizar una pericia caligráfica para determinar si un escrito
identificado como "La Regla de Tueller (pistola vs navaja)"
secuestrado en la causa corresponde con la escritura de alguno de los tres
detenidos por el intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte
o Gabriel Carrizo.
Los tres están detenidos con prisión preventiva y ya fueron enviados a juicio
oral por el intento de asesinato de la Vicepresidenta.
En un escrito presentado este jueves, los abogados de la Vicepresidenta José
Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal reclamaron urgentes medidas de prueba
en torno a la declaración de la ex asesora de Milman, Ivana Bohdziewicz, quien
reveló la existencia de la reunión para borrar información de los celulares.
Rívolo dictamino que "de momento no corresponde hacer lugar a las
diligencias pedidas por las querellas" y remitió a Capuchetti la causa
para que resuelva sobre una de ellas, un allanamiento, por resultar de su
competencia, y la magistrada también se negó a disponerlo.
Los abogados de la querella reclamaron a la fiscalía que " honre su
compromiso (que, mejor dicho, es un deber legal) de seguir investigando el
tramo de la causa que continúa en la instrucción", luego del envío parcial
del caso a juicio.
"La tramitación del recurso relativo al secuestro del celular de Gerardo
Milman no constituye razón alguna para paralizar la investigación de la línea
vinculada con el diputado nacional", advirtieron.
A raíz de ello insistieron con reclamar "de manera urgente" nuevas
medidas de prueba porque lo declarado por Bohdziewicz "debe ser
investigado en cada detalle".
La querella reclamó identificar si existe un local de cafetería en las
inmediaciones del lugar donde según declaró Bohdziewicz fue convocada por Gómez
Mónaco "antes de llevarla a Avenida de Mayo para borrar los
celulares".
Fuente: Telam
Por
eso pidió librar oficios a la cafetería mencionada y al gobierno de CABA
"con el fin que informen si existen cámaras de seguridad tanto en el lugar
con en las inmediaciones" y, en caso de respuesta afirmativa, remitir
copias de filmaciones desde el 1 al 30 de noviembre de 2022.
También reclamaron medidas de prueba sobre el edificio de avenida de Mayo 953
en cuyo tercer piso "Milman, Gómez Mónaco y Bohdziewicz habrían destruido
o alterado pruebas vinculadas con esta investigación, y un perito habría
colaborado con esta tarea".
Además pidieron que se busque información sobre un abogado, identificado como
Diego, quien "habría brindado su consejo respecto de cómo eludir la investigación".
"En este sentido, debe oficiarse al gobierno de la
CABA con el fin de que informe acerca de la existencia de cámaras de seguridad en
la zona del edificio de Avenida de Mayo 953 y de que envíe copias de
filmaciones que abarquen el plazo comprendido entre los días 1 y 30 de
noviembre de 2022", pidieron, entre otras medidas a las que no se hizo
lugar.
"Es de público conocimiento que allí funciona el Instituto
de Estudios Estratégicos, que dirige Patricia Bullrich y del que también es
parte Gerardo Milman (tal como surge de la página de
internet de este organismo: https://ieesinstituto.org/). Que la sede es Avenida
de Mayo 953 surge del propio Twitter del IEES (https://twitter.com/IEES_AR),
así como de diversas notas periodísticas que se encuentran con una simple
búsqueda en internet", remarcaron.
Al responder al pedido de pruebas, la fiscalía sostuvo que "al menos hasta
el momento no existe, de los elementos recabados, indicio alguno de que los
teléfonos celulares que utilizaran tanto
Ivana Bohdziewicz como Carolina Gómez Mónaco registraren elementos de interés
vinculados con el planeamiento y/o la ejecución del intento de homicidio contra
la Vicepresidenta de la Nación, acontecido el 1° de septiembre de 2022".
"Este extremo de comprobación se ve reforzado por las conclusiones de los
informes elaborados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por la
Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a las