"Solicitamos suspender
la aplicación de todo el texto aprobado por la reforma parcial realizada, hasta
tanto se resuelva la cuestión de fondo y se garanticen los derechos vulnerados
a las comunidades", señalaron integrantes de la
Multisectorial que agrupa a sindicatos, organizaciones sociales, de DD.HH,
campesinas e indígenas.
Integrantes de
la Multisectorial contra la reforma constitucional de Jujuy presentaron un
amparo colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia para pedir la nulidad
del procedimiento realizado para modificar parcialmente la Constitución
provincial, y denunciaron que el gobierno de Gerardo Morales busca
"adecuar las cartas orgánicas de seis municipios" al texto normativo
aprobado y jurado el 20 de junio pasado.
La demanda en
el Poder Judicial fue interpuesta por Abogados y Abogadas del Noroeste
Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que patrocina a las
comunidades y pueblos indígenas, al denunciar que "hay una vulneración del
derecho a la consulta previa, libre e informada y a los derechos humanos".
Pidieron,
además, al máximo tribunal jujeño que ordene la realización de un nuevo proceso
de reforma que cumpla con los estándares vigentes en la materia.
"Solicitamos
suspender la aplicación de todo el texto aprobado por la reforma parcial
realizada, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y se garanticen los
derechos vulnerados a las comunidades", señalaron en una conferencia de
prensa.
En ese marco,
el cacique del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jeréz, hizo hincapié en la
defensa de las garantías de los derechos constitucionales y tratados
internacionales de acceso a la información, la participación y al diálogo entre
el Estado y los pueblos indígenas.
"Rechazamos
una reforma inconstitucional, inconsulta, de saqueo, de reducción de derechos
de los trabajadores jujeños y abuso de poder del Estado", expresó y
añadió: "está hecho a medida del poder económico concentrado y de las
multinacionales".
También
remarcó que "para nosotros esta reforma no está en vigencia, no existe y
el pueblo se está expresando en las calles y en las rutas" porque
"sus derechos están siendo vulnerados".
Sobre el
derecho a la consulta libre, previa e informada que figura en el convenio 169
de la OIT, ratificado a través de la ley 24071, subrayó que está avalada por
"un instrumento jurídico internacional de rango constitucional obligatorio
para el Estado".
"Allí se
explica claramente cuáles son la pautas para llevar adelante el proceso de
consulta a través de la inscripción representativa de buena fe y con el
objetivo de llegar a un acuerdo para obtener el consentimiento libre pre
aprobado y que aquí ha sido vulnerado en su plenitud", indicó
En tanto,
Diego Morales, director de litio del Centro de Estudios Legales y Sociales
(Cels), mencionó que hay aspectos previos a la aprobación de la reforma que dan
cuenta de un proceso acotado para el debate.
"El
pueblo jujeño conoció la propuesta constitucional recién el 14 de junio, y a
partir de ahí se organizaron protestas, y dos días después se aprobó ese texto
cuando la convención se había convocado para trabajar durante 90 días",
expresó y puntualizó que "además, el texto que va a comprometer a todos
los jujeños se conoció recién un día antes de ser aprobado".
Fuente: Telam