PERONISTAS TUCUMANOS SENTARON POSICIÓN SOBRE LO QUE PASA EN EL PAÍS

 

Un conjunto de militantes peronistas coincidieron en la necesidad de sentar posición en relación a realidades que se están viviendo en los últimos tiempos, no solo en Tucumán, sino que se vienen manifestando en todo el territorio argentino.

El documento fue presentado en la legislatura tucumana, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, en el Colegio de Abogados y el Juzgado Federal con la idea de que estos espacios institucionales, hagan conocer públicamente, como instituciones directrices de la sociedad tucumana, sus perspectivas ante las realidades políticas que atraviesan la sociedad argentina. También hubo un encuentro con el diputado por el Frente de Todos, Mario Leito.

En este escrito se realiza un análisis de escandalosos hechos,  consideraciones políticas sobre el accionar de jueces, fiscales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación considerando ese accionar, como mínino,  “violatorios de la división de poderes, grave peligro para la democracia y la paz de los argentinos”.


El documento contiene un párrafo específico el magnicidio que estuvo a punto de perpetrarse a la vista de todo mundo que puso en peligro la integridad y la vida de la Vicepresidenta de la Nación y pudo ser el inicio de un estallido que costara la vida de muchos argentinos”.

El documento de posicionamiento, lleva la firma, entre otros, la de Miguel Camel Nacul, Cristina Barrionuevo, Oscar Holmquist, Mario Humoller,  Liliana Rojas, Juan Carlos Ramírez, Ana Fernández, Luis Maguna, Ernesto Cheade, Manuela la Segovia, Juan Campos y Cesar Ávila.

Texto de la nota

A los señores…

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted y por su intermedio, a los señores miembros de ese cuerpo, con el objeto de transmitirles nuestra profunda preocupación, frente a los hechos de dominio público y que a continuación exponemos. 

Observar la teatralización del fiscal Luciani, gritándole a una computadora, representando una actuación mediática, estudiada pero sobreactuada, sin haber podido obtener ni indicar una prueba tras los tres años del juicio, ya resultó indecoroso. Ni sus testigos. Ni los empresarios de la construcción, ni los funcionarios citados, aportaron absolutamente nada, que pudiera inducir confirmar la comisión de delitos en la obra pública santacruceña. A tal punto que optó por lo que denominó “un relato sostenido en el sentido común”. Sin embargo, el desparpajo de este funcionario judicial se entiende, por la sórdida trama de su desempeño, que incluye durante la sustanciación del proceso, visitas a Macri y Rodríguez Simón, el prófugo, en Casa Rosada. 

Pero éste es sólo un ejemplo de la bajeza con las que un sector clave del Poder Judicial, los medios hegemónicos y los políticos profesionales, sicarios de la oligarquía y el poder económico concentrado, persiguen a los dirigentes nacionales y populares para descalificarlos, disciplinarlos o proscribirlos. Mientras, aseguran impunidad a la miserable delincuencia que convive entre sus filas, habitada por contrabandistas, endeudadores, apropiadores de empresas y vidas, especuladores, traficantes, defraudadores, estafadores, extorsionadores, monopolistas, fugadores, evasores, espiadores, lavadores de dinero, concesionarios truchos, etc. 

Todos sabemos que penalmente, no se puede catalogar como asociación ilícita a un gobierno, ni siquiera al de Macri. En materia penal, no puede haber enjuiciamiento por cuestiones que son de resolución exclusiva de la administración pública nacional. La administración pública se rige por tres principios. Mérito, oportunidad y conveniencia. En función de eso, las decisiones políticas que se adopten dentro de una jurisdicción provincial o nacional, no están sujetas a revisión por parte de los jueces. Caso contrario, no existe la división entre los poderes del Estado. Pero en Comodoro Py y la Corte, los jueces gobiernan prestándose a la judicialización de la política, y, como también, inmiscuyéndose y tomando parte, en las decisiones políticas que se adoptan en el ámbito administrativo. Practican una clara intromisión de un poder, dentro de otro poder. 

Resulta escandalosa la conducta de los cuatro vocales que ejercen discrecionalmente la titularidad de la Corte Suprema de Justicia. Los argentinos no merecemos éste Poder Judicial, el más desprestigiado de la República. Somos víctimas de sus permanentes violaciones a la Constitución y las leyes. La Corte asumió el rol que antes cumplieron los militares, cuando se prestaron a realizar golpes duros contra gobiernos democráticos, con la finalidad de implantar políticas destinadas a respaldar y ampliar los privilegios a favor de los dueños de Argentina, y afianzar la dependencia externa de nuestra Patria.  

Aquellos dictadores mataron a 30.000 argentinos comprometidos con un país solidario y soberano, y establecieron leyes aún vigentes, como la de entidades financieras, que impide al Estado regular el crédito a favor del desarrollo económico, y permite que los bancos se conviertan en tentáculos para la concentración económica y la especulación financiera. Es decir, privaron a nuestra Patria de contar con miles de sus mejores hijos, lúcidos e idealistas, y socavaron para derrumbar desde los cimientos, la posibilidad de construir un modelo socialmente justo, económicamente independiente y políticamente soberano. 

Hoy, estos cortesanos supremos, sin uniformes, pero al servicio de los mismos y nefastos intereses, son los encargados de ejecutar lo que conocemos como “golpes blandos”, desestabilizando, entorpeciendo y persiguiendo mediante el lawfare a los representantes del campo nacional y popular, mediante el armado de causas judiciales y su manejo discrecional, en coordinación con los medios de prensa hegemónicos. Escarnio público, linchamiento mediático, anti política selectiva y antiperonismo explícito.  

Pero, además, se dedican a gobernar y legislar en favor del establishment, del “círculo rojo”, en clara violación de la división de poderes establecidos por la Constitución Nacional. Aceptan cuanta medida cautelar interpongan empresas contra decisiones del gobierno. Empresas que abusan claramente de su posición dominante en el mercado para imponen precios a su antojo. Recientemente, admitieron cerca de mil cautelares para que el Estado no pueda impedir la fuga ilegal de dólares, por medio de la sub facturación o la sobre facturación, o la realización de operaciones de acopios innecesarios, en las exportaciones e importaciones. Antes lo habían hecho para impedir que se estableciera como derecho esencial, el acceso a la telefonía e internet en plena pandemia.  

Arrogándose facultades legislativas, pusieron en vigencia una ley derogada por el Congreso, para apoderarse del Concejo de la Magistratura. ¿Esa disposición vendría a ser una especie de decreto ley, quizás, como en épocas de Martínez de Hoz y Videla? Antes de ello, observamos atónitos como el presidente de la Corte demoró por dos horas el juramento de un legislador nacional, para que no pudiera asumir en dicho Concejo, y se pudiera votar el enjuiciamiento de un juez no querido por el macrismo.  

Vivimos entonces una formalidad democrática, en la que los gobernantes elegidos por el pueblo, no pueden ejercer sus responsabilidades desde el Poder Ejecutivo. No pueden gobernar. Dictar y hacer cumplir sus normas, conforme al contrato electoral que los ungió como tales. Tampoco pueden remover funcionarios, como es el caso del Procurador General Casal, puesto por antojo de Macri sin acuerdo del Senado, luego de la persecución de la que fue objeto su legítima titular, Alejandra Gils Carbó, obligada a renunciar por el prófugo Rodríguez Simón. Casal, usurpador del cargo que ocupa, persigue a la fiscal Gabriela Boquín que cuida los intereses del Estado en la causa que tiene más de veinte años, por la deuda de la familia Macri por el Correo, pero que mira para otro lado, frente a las flagrancias de sus fiscales halcones contra ex funcionarios peronistras. 

Nos preguntamos y les preguntamos. ¿No sorprende que nueve de las diez causas contra CFK hayan recaído POR SORTEO, en el juzgado del fallecido Bonadío, que citó a la ex presidenta a siete indagatorias en un mismo día, y autorizó excavaciones y destrucción de las instalaciones de su domicilio buscando lo que sabían inexistente? Memorándum con Irán, Dólar futuro, Hotesur, Vialidad, Los Sauces, Cuadernos y la ruta del dinero K, etc. ¿No parece demasiado? ¿No sorprende que Stornelli siga siendo fiscal, estando procesado por comprobadas sus extorciones a empresarios, en complicidad con el periodista Santoro? ¿No inquieta que se violara el sagrado derecho a la libertad, mediante la llamada “doctrina Irurzun” por la que se encarceló y espió a varios funcionarios del gobierno de CFK, practicando un autoritarismo dictatorial, violatorio del derecho reconocido por la CN, como es el principio de inocencia durante el proceso penal, por el que nadie puede ser privado de su libertad sin que haya sido declarado culpable por una sentencia firme emanada de jueces naturales? 

Ni hablar del cadáver del suicidado Nisman que desfreezan y sacan a pasear cada vez que una elección se acerca. Causa en la que introdujeron la vergonzosa pericia de Gendarmería en contra de las realizadas por el prestigioso cuerpo médico forense del Poder Judicial. Causa en la que ni siquiera dejaron declarar al responsable de Interpol, quién demostró que nunca se levantaron las alertas rojas por parte de ningún funcionario argentino. Alertas que, por otro lado, sólo podían ser levantadas por el juez de la causa, es decir, Nisman.  ¿Qué inventarán ahora cuando la Mossad, el servicio de inteligencia isaraelí, asevera que Irán nada tuvo que ver con los atentados a la Embajada y la AMIA, y que tampoco hubo conexión local? 

Nuestra Carta Magna está atravesada por el constitucionalismo social, y en ese sentido, sólo como ejemplos, citamos artículos como el 14 bis que establece derechos del trabajo, la seguridad social y la vivienda digna, el 42 sobre la salud, o los establecidos en el 75 incs. 22 y 23, de derechos humanos e igualdad de oportunidades. Entonces, no es aceptable que el autoelegido vicepresidente de la CSJN haya ejercido en Chile durante una conferencia, una defensa ideológica y no jurídica, del alcance, a su juicio irrestricto, del derecho de propiedad del art. 17 de la CN, cuando en realidad está sometido y sufre restricciones en beneficio del bien público. Su techo es el dominio público y Rosencrantz lo sabe.  Pero trata de convertirse en jurisconsulto de los “libertarios deshumanizados”, que se complacen con el modelo social que promueve la venta de órganos si no se tiene para comer. Este “magistrado” que no sólo debe ser ecuánime, sino también parecerlo, se permitió, como un afiliado político más, antiperonista por cierto, contradecir a Eva Duarte de Perón para congraciarse con la codicia insaciable de su selecto auditorio. Debe el esclavismo y el feudalismo. Desde el absolutismo monárquico e inquisidor y las dictaduras más execrables, los pueblos lucharon para conquistar derechos y superar desigualdades y necesidades. Para aprenderlo al menos, Rosencrantz primero tendría que tomar lecciones de humildad, decencia y ética. No olvidemos que no hace mucho declaró, que él no se excusará en las causas que litiguen quienes fueron sus clientes. En fin, un ser ilustrado, pero analfabeto en doctrina nacional y moral ciudadana. 

¿Si todos los habitantes de éste bendito suelo somos iguales ante la ley por el art. 7 de la CN, por qué los jueces no pagan el impuesto a las ganancias, cuando hasta los jubilados lo hacen? ¿Por qué todas las causas contra Macri recaen en los jueces de Comodoro Py para que lo absuelvan, justamente en los mismos que inventan las causas contra CFK para condenarla? Causas que sabemos se inician por una mentira publicada en Clarín o La Nación, replicadas hasta el cansancio por TN y los canales en manos de los dueños de Argentina, hasta instalarlas como ciertas, y terminar incidiendo directamente, en el humor social al momento de elegir autoridades. 

La Corte no sólo es la instancia superior para tramitar causas o juicios, sino que, además, ejerce funciones de superintendencia y control respecto a la conducta de los jueces. Por ello es inconcebible que los desfachatados y reiterados encuentros con Macri y Rodríguez Simón en Olivos y Casa Rosada por parte de los jueces responsables de las causas contra CFK y funcionarios de su gobierno, no hayan tenido ni una observación y menos un cuestionamiento por parte de la CSJN. 

¿Se podría esperar algo distinto si dos de sus miembros aceptaron ser designados por un decreto presidencial, sin el necesario acuerdo del Senado, en violación al art.99 de la CN? ¿Cómo pueden ser custodios del cumplimiento de la normativa constitucional entonces? ¿A qué se habrán comprometido para aceptar sin disimulos tamaña ilegalidad? Sólo se podría entender si el firmante de la designación hubiera sido Videla, pero jamás en democracia. 

Para alarmarnos con el silencio de la justicia, podríamos mencionar hechos puntuales.  ¿Cómo permitió testigos pagados, caso Boudou, o fotocopias de “cuadernos”, para armar causas? ¿Si les importa la verdad, por qué no procuraron auditar toda la obra pública realizada en Argentina durante los doce años de gobiernos peronistas del matrimonio Kirchtner, solicitada por la defensa de CFK? ¿Qué hizo o dijo sobre los discursos golpistas de Rico, o destituyente del presidente de la Sociedad Rural? ¿Por qué duermen por años causas como la deuda de la familia Macri con el Correo Argentino, la del incendio de Iron Mountain, o la de aportantes truchos para la campaña de Vidal? ¿Cómo es posible que se naturalicen fallos vergonzosos, que niegan el espionaje oficial ilegal con todas las pruebas a la vista, para luego, en el caso del ARA San Juan, afirmar que lo hicieron para proteger a Macri de los familiares de los marinos fallecidos? ¿Cómo es posible que la Corte haya permitido el traslado de jueces amigos a otros juzgados o tribunales, para los que no habían sido designados, con el único propósito que puedan manejar las causas de persecución a los funcionarios peronistas? Peor aún. ¿Cómo es posible, denunciada esa irregularidad, que dispusieran la continuidad de esos jueces en esas funciones, hasta tanto, y vaya a saber cuándo, se realicen los concursos para designar los jueces naturales? ¿Qué se puede esperar de “magistrados” que se autovotaron para ser presidente, vice o manejar la obra social judicial, ya que siendo cuatro, sólo lo resolvieron entre tres? 

Se podría escribir un libro sobre el tema que por la presente nos limitamos a describir. Pero nuestra intención como ciudadanos argentinos y habitantes de ésta provincia, es que ustedes, atento a lo expuesto, revisen, estudien y emitan una declaración pública que ponga de manifiesto, si concuerdan con nosotros, vuestra preocupación frente al peligro por el que atraviesa la República y nuestra desvirtuada vida democrática, debido al deterioro institucional y el abuso de poder, desarrollado y ejercido, por los miembros de la Corte de Justicia de la Nación.  

Atentamente. 

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