La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos repudió la "represión y persecución" contra los movimientos sociales y consideraron que el Gobierno jujeño y la Justicia local "adoptaron medidas dictatoriales" para amedrentar a los dirigentes provinciales.
La comisión itinerante de derechos humanos recabó información sobre 16 allanamientos a organizaciones sociales impulsados por la justicia jujeña y otras causas y adelantó que presentará una nueva denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos
repudió la "represión y persecución" contra los movimientos sociales
y consideraron que el Gobierno jujeño y la Justicia local "adoptaron
medidas dictatoriales" para amedrentar a los dirigentes provinciales.
El 6 de julio, efectivos la Policía de Jujuy allanaron 16 domicilios de
dirigentes y sedes de organizaciones sociales en cumplimiento de una medida
judicial en una causa que investiga asociación ilícita y extorsión.
En ese marco, se secuestró documentación y otros elementos, medida rechazada
por las entidades, que la consideraron una "persecución política" y
apuntaron contra el Gobierno de Gerardo Morales.
La medida fue ordenada por el fiscal Diego Funes, especializado en Delitos
Económicos y contra la Administración Pública.
"Cuando veía lo que pasaba en esta provincia no podía dejar de entender
los hechos como actitudes dictatoriales por parte del gobernador, Gerardo
Morales", dijo Pablo Pimentel, titular de la APDH La Matanza.
"La idea nuestra es hablar con mucho respeto con las organizaciones sociales de Jujuy y las víctimas de los allanamientos, situación que la podemos dejar pasar y para que sepa Gerardo Morales que vamos a luchar hasta que termine esta represión y persecución" - Pablo Pimentel, titular de la APDH La Matanza
Las marchas no se hicieron esperar en respuesta a los allanamientos / Foto:
Edgardo Valera.
En conferencia de prensa se manifestó en contra del Código Contravencional que
rige en Jujuy, el cual "tiene endeudado a la mitad de los jujeños porque
si no tenés plata vas preso una semana", dijo en referencia a las causas
contra los referentes sociales que "salen a reclamar los derechos más
básicos".
Los activistas buscarán redactar un documento jurídico que sea visibilizado en
"el país y el mundo" y se elaborará una denuncia que será presentada
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo que "sea
ese organismo el que se expida en relación al funcionamiento de la Justicia
jujeña".
"La idea nuestra es hablar con mucho respeto con las organizaciones sociales de Jujuy y las víctimas de los allanamientos, situación que la podemos dejar pasar y para que sepa Gerardo Morales que vamos a luchar hasta que termine esta represión y persecución", sostuvo Pimentel.
El conjunto requirió audiencias con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y el Poder Judicial provincial para manifestarse contra de las "tareas de inteligencia" para perseguir dirigentes.
A su vez, Sergio Job advirtió que en Jujuy existe "una
suspensión de las vías institucionales para resolver los conflictos" y
analizó que ello tiene como parte a los "sectores policiales y
parapoliciales aliados con la voluntad de Morales y el Poder Judicial".
En ese marco insistió en la intervención federal al Poder Judicial de Jujuy,
porque "entendemos que hay sobrados elementos para que se intervenga y a
medida que van aumentando los casos se conocen otras causas como desalojos y
detenciones ilegales", entre otras.
"Lo que vemos es una situación absolutamente irregular y uno empieza
pensar que la pasividad del Gobierno nacional no puede actuar como cómplice de
eso y nosotros debemos redoblar los esfuerzos para que se tomen
decisiones", sostuvo.