El fotoperiodista Facundo Molares Schoenfeld está acusado de los delitos de "secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y hurto calificado" vinculados al secuestro del concejal Armando Acuña, y se encuentra detenido en Ezeiza desde noviembre del año pasado, a la espera del veredicto final sobre su extradición.
En una audiencia virtual donde participaron Molares Schoenfeld (detenido en el penal de Ezeiza) y las partes, el juez declaró "parcialmente procedente" la extradición, centrándola en los delitos de "secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y hurto calificado", y anunció que el jueves se conocerán los fundamentos completos de la sentencia.
El
magistrado se refirió al secuestro del concejal
colombiano José Armando Acuña Molina, donde Molares habría tenido la tarea de
custodiarlo durante parte de su cautiverio, según consignó
Otranto, y a la emboscada a una patrulla policial para robar sus armas por
parte de las FARC.
Sin embargo, el juez consideró "improcedente" extraditarlo
"por lo delitos de terrorismo" así como otros
reclamados por la Justicia colombiana, al tiempo que solicitó al Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) que, por medio de la Cancillería, "requiera a Colombia
se garanticen las condiciones de detención" de Molares Schoenfeld para que
se "preserve su vida", puesto que su defensa había asegurado que
podría ser asesinado si era enviado a ese país.
La
defensa del argentino la ejercen los abogados Gustavo Franquet y Eduardo
Soares, que integran La Gremial de Abogados, y el caso
concitó el apoyo de organismos de derechos humanos que consideraron
"inadmisible" la extradición ya que "las acusaciones formuladas,
inciertas e infundadas, corresponden al período comprendido en los Acuerdos de
Paz", según advirtieron en una declaración Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga
Argentina por los Derechos Humanos, entre otras entidades.
"La sentencia es malísima. El juez le hizo caso a la fiscalía, que pedía
sacarse el problema de encima y tirárselo a la Corte Suprema", se quejó
Franquet en diálogo con Télam.
Para el letrado, "el juez plantea que el fuero común colombiano
tiene competencia y está demostrado que no tiene competencia en casos como
este, por lo tanto no puede" pedir la extradición.
"Creemos que es un fallo pésimo y el juez federal lo que hace es lavarse
las manos, mientras tanto Facundo Molares sigue preso", añadió el abogado
Antes del veredicto, Molares Schoenfeld tuvo la palabra y
pidió "un fallo favorable (rechazando la extradición) que haga
Justicia", además de contar que desde niño siente
"la necesidad de luchar por la justicia, un imperativo ético y moral que
tienen muchos jóvenes".
"Opté por tomar partido por la lucha por la justicia social y la igualdad
de los seres humanos, esa lucha me llevó a tomar decisiones de mucho
compromiso. Entre ellas la más importante fue vincularme a una lucha en un país
hermano, en la que invertí casi la mitad de mi vida y aprendí mucho",
sostuvo sobre su militancia de más de una década en Colombia.
El argentino convocó a "comprometernos por la lucha por una sociedad
más justa donde no haya explotadores y explotados", y ratificó:
"Mi incorporación a la lucha en Colombia fue una incorporación política, y
la reivindico todavía. Era justa".
Sus
abogados detallaron a Télam que apelarán la decisión de Otranto, mientras
militantes que respaldan a Molares se manifestaban -apenas se conoció el fallo
adverso- en la puerta del penal de Ezeiza, donde el argentino está detenido
desde noviembre del año pasado, cuando fue apresado por la división Interpol de
la Policía Federal en la casa de su padre en la localidad chubutense de
Trevelin.
El
requerimiento de extradición del Gobierno de Iván Duque fue rechazado por la
defensa y por organismos de derechos humanos que sostienen
que el fuero penal ordinario de Colombia no tiene competencia para solicitar la
extradición porque los delitos que se le imputan son anteriores al Acuerdo de
Paz del año 2016, por lo que deben ser tratados por la Justicia Especial para
la Paz (JEP), tribunal encargado de administrar justicia a los actores del
conflicto armado.
"Extraditar
a Facundo Molares equivale a extraditarlo para que lo maten, porque está
bastante claro que (en Colombia) lo están esperando para matarlo", había
señalado además su defensa durante el juicio, que comenzó el 20 de abril último
y concluirá el jueves con la lectura de la sentencia final, cuyos argumentos
Otranto adelantó este lunes.