“LA ADMINISTRACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ES UN DERECHO A LA SALUD”

 

Así lo aseguró la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Myriam Martini, se expidió respecto de la colocación de métodos anticonceptivos en niños, niñas y adolescentes que están siendo cuidados en los dispositivos institucionales del Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, informó que según la 25.673, de orden público y de aplicación obligatoria, se dispone que el Estado, en todos sus niveles, tiene que arbitrar los medios para otorgar métodos anticonceptivos gratuitos en sus diversas formas.


Al respecto, explicó que todos los procedimientos se hacen a través del programa sobre Reproducción y Procreación del Ministerio de Salud de la Nación. Además, indicó que se trabaja en base a lo dispuesto por el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), también de la mencionada cartera nacional. Este programa está compuesto por un equipo interdisciplinario de abogados, médicos obstetras, psicólogos, entre otros que la temática requiere.

Se convoca al programa ENIA, se hacen consejerías y luego se decide. Se organiza el operativo, se dispone de acuerdo a las instrucciones que recibamos del Sistema Provincial de Salud y se establece si se hace en la institución o algún dispositivo de salud, como ser la Maternidad, y se efectiviza”, precisó.

También, indicó que todo se hace con consentimiento del niño, niña o adolescente o adulto responsable de acuerdo a las edades. “Según establece el Código Civil, desde los 16 años el adolescente es considerado adulto en cuanto a la disposición de su cuerpo, por lo que en todos los casos basta con el consentimiento del adolescente en cuestión. Hay distintas franjas etarias que lo van poniendo en distinto nivel”.

Por el lado de personas de entre 13 y 16 se tienen en cuenta los principios regidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por el Sistema de Protección Nacional, la Ley 26.061 y la 8.293 “que nos obliga, como sistema de aplicación, a respetar el derecho a la autonomía progresiva, al derecho del adolescente a ser escuchado y que nos exige que establezcamos todos los medios para que el adolescente pueda acceder a la información y pueda tomar la decisión”.

En el caso de los menores de 13, la aplicación del método se hace con el acompañamiento de la firma de un adulto responsable, que bien puede ser encargado de la institución de cuidado.  “Hay un solo caso de 12 años que se le colocó el implante subdérmico con el aval y la firma del adulto responsable, como marca el protocolo“, aseguró respecto de un caso en el dispositivo de cuidado María Goretti.

“Como Estado tenemos la obligación de hacerlo. No aplicarlo implicaría que estamos negando el derecho a la salud, a una libertad responsable de procreación, a la libertad sexual de los adolescentes y tenemos que facilitar, en el contexto, con todo el equipo interdisciplinario que ellos requieren”, resaltó.

Para terminar, explicó que “la administración de métodos anticonceptivos no tiene que ver con que tengan relaciones sexuales o no”. “Es un derecho a la salud, es parte de enseñar y otorgar herramientas al adolescente para que tenga una autonomía progresiva y pueda ir decidiendo y entendiendo lo que es desarrollo de su salud reproductiva. Jamás se impone ni se obliga”, concluyó. 

Caso judicial

Con respecto a la denuncia por un presunto caso de abuso sexual en el dispositivo de cuidado institucional María Goretti, afirmó que “desde el Ministerio se llevaron a cabo todos las tareas administrativas y judiciales que la gravedad de la situación requiere. Estamos a disposición de la justicia y somos los primeros interesados en conocer la verdad material de lo que sucede“.

Además, aseguró que “somos los primeros que haremos la denuncia en caso de tomar conocimiento” y añadió que “sí nos gustaría que todo tipo de denuncias que se conozcan respecto de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, se encuentren institucionalizados o no, se hagan primero ante el lugar que corresponde, que es la Justicia, de manera de no entorpecer el acceso a ese ámbito, porque el niño, niña y adolescente, como sujeto de derecho que es, requiere del servicio de justicia expedito, inmediato y si uno no lo hace en el lugar que corresponde, se está demorando eso”.

Denuncia sobre el Goretti

La denuncia original fue efectuada por su abuelo a principios de este abril sobre que una niña de 13 años con huellas de abuso sexual y un chip anticonceptivo implantado en su cuerpo, en el instituto de menores Santa María Goretti. Según su abuelo la niña había sido atacada por los celadores. La revisión médica detectó la presencia del dispositivo para evitar embarazos.

La denuncia fue retomada por el legislador radical José Ricardo Ascárate, quien se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, para denunciar la colocación sistemática chips anticonceptivos a las jóvenes.

Fuentes: Comunicación Pública – Tucumán / Contexto

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