Así lo aseguró la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Myriam Martini, se expidió respecto de la colocación de métodos anticonceptivos en niños, niñas y adolescentes que están siendo cuidados en los dispositivos institucionales del Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, informó que según la 25.673, de orden público y de aplicación obligatoria, se dispone que el Estado, en todos sus niveles, tiene que arbitrar los medios para otorgar métodos anticonceptivos gratuitos en sus diversas formas.
Al respecto, explicó que todos los procedimientos se
hacen a través del programa sobre Reproducción y Procreación del Ministerio de
Salud de la Nación. Además, indicó que se trabaja en base a lo dispuesto por el
Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), también de la
mencionada cartera nacional. Este programa está compuesto por un equipo
interdisciplinario de abogados, médicos obstetras, psicólogos, entre otros que
la temática requiere.
“Se convoca al programa ENIA, se hacen consejerías y luego se decide. Se organiza el operativo, se dispone de acuerdo a las instrucciones que recibamos del Sistema Provincial de Salud y se establece si se hace en la institución o algún dispositivo de salud, como ser la Maternidad, y se efectiviza”, precisó.
También, indicó que todo se hace con consentimiento del niño, niña
o adolescente o adulto responsable de acuerdo a las edades. “Según
establece el Código Civil, desde los 16 años el adolescente es
considerado adulto en cuanto a la disposición de su cuerpo, por lo que en
todos los casos basta con el consentimiento del adolescente en cuestión. Hay
distintas franjas etarias que lo van poniendo en distinto nivel”.
Por el lado de personas de entre 13 y 16 se tienen en cuenta los
principios regidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
por el Sistema de Protección Nacional, la Ley 26.061 y la 8.293 “que
nos obliga, como sistema de aplicación, a respetar el derecho a la autonomía
progresiva, al derecho del adolescente a ser escuchado y que nos exige que
establezcamos todos los medios para que el adolescente pueda acceder a la
información y pueda tomar la decisión”.
En el caso de los menores de 13, la aplicación del método se hace con el
acompañamiento de la firma de un adulto responsable, que bien puede ser
encargado de la institución de cuidado. “Hay un solo caso de 12 años que
se le colocó el implante subdérmico con el aval y la firma del adulto
responsable, como marca el protocolo“, aseguró respecto de un caso en el
dispositivo de cuidado María Goretti.
“Como Estado tenemos la obligación de hacerlo. No aplicarlo implicaría que
estamos negando el derecho a la salud, a una libertad responsable de
procreación, a la libertad sexual de los adolescentes y tenemos que facilitar,
en el contexto, con todo el equipo interdisciplinario que ellos requieren”,
resaltó.
Para terminar, explicó que “la administración de métodos anticonceptivos no tiene que ver con que tengan relaciones sexuales o no”. “Es un derecho a la salud, es parte de enseñar y otorgar herramientas al adolescente para que tenga una autonomía progresiva y pueda ir decidiendo y entendiendo lo que es desarrollo de su salud reproductiva. Jamás se impone ni se obliga”, concluyó.
Caso judicial
Con respecto a la denuncia por un presunto caso de abuso sexual en el
dispositivo de cuidado institucional María Goretti, afirmó que “desde el
Ministerio se llevaron a cabo todos las tareas administrativas y judiciales que
la gravedad de la situación requiere. Estamos a disposición de la justicia
y somos los primeros interesados en conocer la verdad material de lo que
sucede“.
Además, aseguró que “somos los primeros que haremos la denuncia en caso de
tomar conocimiento” y añadió que “sí nos gustaría que todo tipo de denuncias
que se conozcan respecto de vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes, se encuentren institucionalizados o no, se hagan primero ante el
lugar que corresponde, que es la Justicia, de manera de no entorpecer el acceso
a ese ámbito, porque el niño, niña y adolescente, como sujeto de derecho que
es, requiere del servicio de justicia expedito, inmediato y si uno no lo hace en
el lugar que corresponde, se está demorando eso”.
Denuncia sobre el Goretti
La denuncia original fue efectuada por su abuelo
a principios de este abril sobre que una niña de 13 años con huellas de abuso
sexual y un chip anticonceptivo implantado en su cuerpo, en el instituto de
menores Santa María Goretti. Según su abuelo la niña había sido atacada por los
celadores. La revisión médica detectó la presencia del dispositivo para evitar
embarazos.
La denuncia fue retomada por el legislador radical José Ricardo Ascárate, quien se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, para denunciar la colocación sistemática chips anticonceptivos a las jóvenes.
Fuentes: Comunicación Pública – Tucumán / Contexto