Así lo sostiene Cladem , Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, sede Tucumán, en un comunicado en el que repudia la denuncia que realizó el legislador José Ricardo Ascárate (Unión Cívica Radical), quien apuntó contra el implante del chip anticonceptivo en adolescentes del Instituto Goretti. Luego de eso, se refirió a posibles situaciones de abuso sexual sufridas por adolescentes que se encuentran institucionalizadas.
El comunicado de Cladem
advierte que la organización mira “con preocupación el abordaje comunicacional
y también la denuncia realizada por parte del legislador las cuales ponen el
foco en los métodos anticonceptivos (implantes subdérmicos nombrados como
“chip”) y no así en los presuntos abusos sexuales sufridos por las adolescentes
del Dispositivo de Cuidado Institucional (DCI) Goretti ya sea dentro o fuera de
la institución”.
Ascárate se refirió al método
anticonceptivo como “esterilización química” y realizó una presentación sobre
este tema en la Corte Suprema de Justicia, aunque no realizó ninguna denuncia
sobre los posibles abusos sexuales.
El trabajo de Cladem tiene como
eje la violencia sexual en niñas y adolescentes, y recientemente publicó una
investigación sobre la interrelación y los vínculos entre la violencia sexual y
la muerte de niñas y adolescentes.
“Nos parece importante separar ambos aspectos
y aclarar: el acceso a
métodos anticonceptivos es parte del acceso a los derechos en salud sexual y
reproductiva de niñas, niños, adolescentes y de toda la población.
La colocación de los implantes forma parte de las políticas públicas de
cuidados de la salud sexual, es un servicio público y de acceso gratuito que va
acompañado de una consejería donde se brinda toda la información necesaria y de
esa forma garantizar una decisión informada, responsable y sobre todo
consentida como lo establece la ley de SSPR 25.673″, explicaron.
Para Cladem, “se trata de
estrategias comunicacionales y de un sector político que buscan confundir a la
sociedad en general y enviar mensajes que demonizan el acceso a la salud sexual
y reproductiva en niñas y adolescentes, estrategias clásicas de los sectores
conservadores”.
Por último, exigen que las instituciones den respuesta
a las denuncias de violencia sexual “investigando con debida diligencia y que a
su vez se garantice la salud sexual de las adolescentes”.
Fuente: https://lanotatucuman.com/