Dos periodistas de Tucumán denunciaron que fueron abusadas durante la cobertura de las elecciones en su provincia. Carolina Ponce de León, de Radio Universidad, y Mariana Romero, de Radio 10 de Tucumán, denunciaron haber sido abusadas sexualmente en la Casa de Gobierno, lo que generó indignación en autoridades y foros periodísticos.
Ponce de León sostuvo que el domingo pasado, mientras cubría las elecciones
generales, fue acorralada por tres personas en la sede gubernamental, en el Salón Blanco, que la
manosearon, y que al llegar al lugar donde estaban sus compañeras, se puso a
gritar.
Tras enterarse de la denuncia de su colega, radicada ante la Justicia, Romero relató desde su cuenta de Twitter que
le ocurrió algo similar en las PASO del 12 de septiembre pasado cuando cubría
la información en la Casa de Gobierno tucumana, a la que habían entrado “muchas
personas que no eran trabajadores de prensa”.
Romero contó que en esa oportunidad fue manoseada “fuertemente”
por un desconocido, pero que no dijo nada. “Hoy me arrepiento; si hubiera hecho
lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera”, escribió.
Lamentó “haber minimizado” la agresión y se manifestó “avergonzada de no
haberlo dicho antes” porque “nadie merece trabajar así, mientras le manosean
sus partes íntimas”.
Repudio
y solidaridad
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, condenó este miércoles
“enérgicamente” los hechos denunciados por abuso sexual por dos periodistas
mujeres de Tucumán, Carolina Ponce de León y Mariana Romero, cuando cubrían las
elecciones primarias y también las generales en esa provincia, y expresó su
“solidaridad” con ellas.
Se comprometió además a hacer todo lo que estuviera a su alcance "para
ayudar a esclarecer estos actos de violencia y que los abusadores sean
condenados por la justicia”. Sostuvo además: “El compromiso con la reparación
de este tipo de abusos debe ser una causa de todos y todas”.
En la misma línea, y también a través de Twitter, se manifestó la portavoz
presidencial, Gabriela Cerruti.
“La garantía de la libertad de expresión incluye, en el caso de las mujeres y
disidencias, medidas adicionales por parte de gobiernos e instituciones para
prevenir situaciones de abuso, acoso o violencia, y asegurar el ejercicio de la
profesión en condiciones de equidad”, agregó Cerruti.