Desde el Ministerio de Economía explicaron que el eventual pago de los vencimientos por US$ 20.000 millones (del acuerdo celebrado en 2018) generaría una "reducción de la inversión en infraestructura por $1.300.000 millones y los subsidios económicos por $1.100.000 millones".
El proyecto de Presupuesto 2022 prioriza un esquema de política fiscal expansiva orientado a la recuperación económica, con crecimiento inclusivo, posible por la no inclusión del pago de los vencimientos por US$ 20.000 millones (4% del PBI) previstos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el año que viene.
Fuentes del Ministerio de Economía resaltaron el "brutal enorme daño que le haría a
la Argentina tener que pagarle al FMI los compromisos que asumió el gobierno
anterior".
En ese sentido, precisaron que el pago de los más de US$ 19.000 millones en
2022 implicaría "eliminar todo el gasto de capital desde los actuales 2,4
puntos del Producto Bruto Interno a cero, y los subsidios a la energía y el
transporte".
También significaría "eliminar la AUH, el programa Potenciar Trabajo, las
Becas Progresar, todos los programas sociales y partidas como la Tarjeta
Alimentar, no comprar vacunas, no realizar transferencias a provincias y
universidades.
"Sería
una situación de descalabro macroeconómico totalmente insostenible y de gran
angustia social", agregaron.
"Este proyecto de
ley está pensado para cuidar a la Argentina y asegurar un crecimiento
sostenible, y por ello supone que no se enfrentan los vencimientos de deuda
insostenibles acordados por la administración anterior", señaló el texto
del proyecto de ley girado al Congreso Nacional.
Se aclara, además, que si se "previera el pago de la
totalidad de los vencimientos (del acuerdo celebrado con el FMI en el 2018), se
colocaría al Estado Nacional en una grave situación con una carga de pagos
insostenible de alrededor de US$ 19.000 millones, lo que obligaría a postergar
prioridades de políticas públicas esenciales".
De hecho, si esos vencimientos se presupuestaran, debería "propiciarse una
reducción significativa en partidas presupuestarias que resultan prioritarias
para atender los objetivos de política que han distinguido la acción de
gobierno de esta Administración, generando probablemente una crisis social de
magnitudes absolutamente desproporcionadas en relación a nuestra historia".
El
eventual pago de esos vencimientos generaría una "reducción de la
inversión en infraestructura por $1.300.000 millones y los subsidios económicos
por $1.100.000 millones".
Además, se deberían "reducir asignaciones, programas sociales, y partidas
asociadas a la Salud y Educación".
Fuente: Telam