JOHNSON & JOHNSON TENDRÁ QUE PAGAR U$D 2.100 MILLONES POR VENDER TALCO CANCERÍGENO

 

La empresa recibió múltiples demandas por vender productos cancerígenos.

El fabricante de productos de higiene recibió miles de denuncias en los últimos años de personas que lo acusaron de vender talco que contenía amianto y provocaba cáncer de ovarios.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a estudiar un recurso de la empresa farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, con lo que confirmó así su condena a pagar 2.100 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por la venta de polvos de talco fabricados con productos cancerígenos.

El más alto tribunal de ese país no explicó su decisión, que pone fin a años de litigios y podría tener repercusiones en otras demandas colectivas, consignó la agencia AFP.

El fabricante de productos de higiene recibió miles de denuncias en los últimos años de personas que lo acusaron de vender talco que contenía amianto y provocaba cáncer de ovarios.

Johnson & Johnson siempre negó esas acusaciones. 

Las sentencias

La compañía ha sido condenada varias veces, una de ellas en 2018 por un jurado que la condenó a pagar 4.700 millones de dólares a 22 demandantes por daños y perjuicios.

En junio de 2020, un tribunal de apelación de Misuri redujo esta cantidad al considerar que algunos demandantes, al no tener vínculos con el Estado, no debían haber sido incluidos en el juicio.

Sin embargo, el tribunal determinó que el grupo había "vendido a sabiendas productos que contenían amianto a los consumidores", lo que causó "gran angustia física, mental y emocional".

Johnson & Johnson presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Misuri, que se negó a estudiar el caso, y luego al más alto tribunal del país, que hizo lo mismo este martes.

El grupo había argumentado que la demanda colectiva, que incluía a demandantes de otros estados, violaba sus derechos y cuestionaba el importe punitivo de la indemnización.

Para la compañía, la decisión del Tribunal Supremo no tiene nada que ver con "la seguridad del producto", y criticó además que "deja en el aire importantes cuestiones legales que los tribunales estatales y federales seguirán enfrentando" sobre temas procesales y de competencias.

 

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