Las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires firmaron con el presidente Alberto Fernández el Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la Violencia de Género que las compromete a desarrollar "políticas públicas integrales" para prevenir y combatir las violencias.
Con presupuestos específicos, proyectos de
ley y programas para la prevención y atención de casos de violencia de género,
los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de las provincias anunciaron
medidas y políticas estatales vinculadas a la problemática.
Además, las 23 provincias y la ciudad de
Buenos Aires firmaron el lunes 8 de marzo con el presidente Alberto Fernández
el Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la Violencia de Género que
las compromete a desarrollar "políticas públicas integrales" para prevenir y combatir las violencias,
para lo cual decidieron fortalecer "las áreas de género encargadas de
abordar esta problemática en cada territorio, dotándolas de recursos,
herramientas y acompañamiento político que la sociedad espera".
En
ese marco, integrarán un Consejo Federal
para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y
transfemicidios, adhieren al Sistema Único de Registro de denuncias por
violencia de género (URGE), al Sistema Integrado de casos (SICVG), y acordaron
promover que el Poder Judicial de cada provincia incorpore la perspectiva de
género a su funcionamiento; fortalecer las áreas de género provinciales,
garantizar que haya equipos interdisciplinarios en los establecimientos de
salud y trabajar junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación para articular recursos, políticas y acciones.
Además, en Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof presentó en el Día
Internacional de la Mujer un paquete de políticas estatales para luchar contra
la violencia de género: entre ellas, el Plan Integral para el Abordaje de Casos
Críticos y de Alto Riesgo, firmó convenios para el plan Comunidades sin
Violencia y creó la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Hacienda y
Finanzas provincial, que realizó el primer informe sobre la perspectiva y
brechas de género en el mundo laboral de la provincia.
Kicilloff aseguró que "las bonaerenses
no van a estar solas" ante "esta cuestión horrorosa" y remarcó
su compromiso para "acompañar esta problemática y dar respuestas
eficaces".
El mandatario explicó que busca
"convertir a las políticas vinculadas a la igualdad en un tema central de
gobierno, con una mirada transversal" que se implemente en cada ministerio
y política pública del distrito.
La Unidad de Género y Economía, que dirige
Laura Lombardía, trabajará en el diseño, promoción y realización de programas
para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en todas las
áreas y funciones del organismo.
Y el Informe de Brechas de Género de la
Provincia busca poner de manifiesto las desigualdades estructurales que
organizan el mundo del trabajo, haciendo foco en la división sexual del trabajo
como categoría usualmente ignorada en los análisis económicos tradicionales,
organizadora de un asimétrico reparto de tareas.
Se impulsará que el Poder Judicial de
cada provincia incorpore la perspectiva de género.
A nivel municipal, en la ciudad de Bahía
Blanca el Laboratorio para la Participación Ciudadana y la Innovación
Democrática (LAB) de la comuna actualizó el portal con datos abiertos sobre
Políticas de Género donde habrá información sobre denuncias de violencia de
género, de violaciones y abusos sexuales, mientras siguen en funcionamiento los
centros de atención de la Mujer y la Familia, en los que se puede obtener
información y asesoramiento sobre derechos y herramientas para hacer frente a
situaciones de violencia, entre otros.
En las otras provincias
En Córdoba,
por otra parte, el gobernador Juan Schiaretti firmó el 8 de marzo un proyecto
de ley, que envió a la Legislatura unicameral, para crear el Fuero Penal en
Violencia de Género, que contempla alcanzar 12 fiscalías, dos asesorías
letradas de víctimas y dos juzgados, en todos los casos con competencia para
atender esa problemática.
Schiaretti consideró a la violencia de género
como "un fenómeno que es un verdadero flagelo social" y afirmó que
esa problemática "tiene que ser encarado por el Estado", para lo cual
dijo que su Gobierno decidió incrementar a 600 millones de pesos el presupuesto
para ayudar a las víctimas.
En la provincia de Río Negro, el oficialismo de Juntos Somos Río Negro propuso un
proyecto de ley que propone modificar el Código Procesal Penal de la provincia
para que fiscales, querellantes o víctimas de violencia de género puedan
solicitar la prisión preventiva para los denunciados que violen una medida
cautelar en su contra.
"Los femicidios se inician como amenazas
o lesiones leves, delitos que tienen como pena máxima 3 años de prisión, por lo
cual no se autoriza el pedido de prisión preventiva", explicó el diputado
Pica, autor de la iniciativa, y señaló que su "proyecto se basa en el
sentido común para cambiar una realidad que nos explota en la cara, hay que dar
una muestra de carácter y los violentos tienen que transitar presos hasta que
se resuelva su situación".
Se promoverá la inclusión en las curriculas educativas el abordaje de género y diversidad.
Y en Jujuy,
el Consejo Provincial de la Mujer presentó en el marco del 8M un manual de
procedimientos para la atención y protección de derechos de mujeres y diversidades,
elaborado en un trabajo conjunto con la Iniciativa Spotlight (ONU-UE), la
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y organizaciones de
la sociedad civil.
En materia de prevención, firmó también un
convenio con una empresa de transporte público de la capital jujeña para la
formación en perspectiva de género de sus choferes y la difusión, a través de
carteles pegados en sus colectivos, de un 0800 que tiene habilitado la
provincia para denunciar casos de violencia por razones de género.
En Tucumán,
el gobernador Juan Manzur firmó en los últimos días con la ministra de
Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, un acuerdo para crear un registro de
denuncias por violencia de género y su protocolo de actuación policial.
Y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, convirtió a la Secretaría de la Mujer en
Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad y creó la Dirección de Diversidad
al sostener que el abordaje de la problemática de género, que incluye la
violencia, debe tener una mirada integral e inclusiva.
El mandatario también envió a Diputados el
proyecto de Ley de Inclusión Laboral para personas Travestis, Transexuales y
Transgénero, concretó la aplicación de la Ley Micaela en los tres poderes del
Estado y en el sector privado, y creó el registro provincial de violencia hacia
la mujer, donde se inscriben a todos los que ejercieron violencia y tienen
condena judicial firme, entre otras medidas.
La provincia de Santiago del Estero, por su parte, incorporó a la curricula de
todos los niveles educativos el abordaje integral de género, diversidad,
promoción de los derechos y la problemática de adicciones, convirtiéndose en
una de las primeras provincias en implementarlo a partir de este año.
Según el acuerdo firmado entre las ministras
de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O'Mill, y de Educación, Mariela Nassif,
los lineamientos curriculares sobre prevención en esta temática se incorporan
con el lema "Educando en valores, respeto y diversidad" como
contenidos específicos y transversales.
Fuente: Telam