Por Alejo di Risio
Quedan menos de cuatro semanas para el
vencimiento de la Ley Nacional de Biocombustibles (26.093) que regula el
mercado interno de biodiesel y bioetanol. La sesión especial convocada por la
oposición para el día el jueves 25 no logró el quórum para poder votar la
prórroga por otros cuatro años. Disputas internas del sector del agronegocio y
proyectos paralelos amenazan las garantías de rentabilidad de esta etapa de la
cadena del sector agroindustrial. En supuesta defensa de la “bioeconomía”, el
desarrollo sustentable y la lucha contra el cambio climático, las
presiones del agronegocio entraron en acción en medios y pasillos del congreso.
Los agrocombustibles se vuelven a alzar como la salvación, pero en la práctica
retrasan la soberanía alimentaria y sostienen un modelo de desarrollo
basado en exportación de monocultivos.
La Ley 26.093 regula desde 2006 a los
combustibles obtenidos a partir de aceites vegetales, que son usados para
reemplazar parcialmente petróleo y gas en el transporte nacional. En diciembre
del 2020 la Cámara de Senadores votó
con unanimidad su prórroga para postergar su vencimiento hasta el 31
de diciembre de 2024. Su tratamiento en Diputados había sido pactado para el 20
de enero, pero recién el jueves 25 de marzo, en una sesión especial convocada
desde Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, llegó a la Cámara Baja.
Para llegar al quórum se precisaban 129
legisladores, pero sólo 114 estaban al momento de la sesión. La unidad de
los bloques partidarios no fue suficiente para superar las diferencias
regionales en los intereses de las provincias. Esta falta de consenso es síntoma
de la puja que atraviesan los agrocombustibles con el sector petrolero.
Las internas responden a dos grandes
factores: banderas políticas provinciales y especialización regional de
sectores extractivos.
A sabiendas de lo complicado que sería
generar el consenso para una nueva ley que provea un marco jurídico en menos de
cinco semanas, el objetivo de la oposición era mantener el régimen actual hasta
poder lograr una eventual ley que beneficiara más al sector.
En la actualidad, el diez por ciento del
gasoil vendido para transporte en todo el territorio nacional debe estar
compuesto por biodiesel proveniente de la soja. Esta cifra asciende al 12 por
ciento para la nafta, cuya proporción debe provenir maíz o, en menor medida,
caña de azúcar.
Estos agrocombustibles son referidos por la
industria como “biocombustibles”, para proyectar una falsa noción de promoción
de la vida.
Pero en
nuestro país su producción se concentra en 54 plantas que forman parte
de la cadena de valor del agronegocio. La concentración más fuerte está en las
provincias de Córdoba y Santa Fe, de mayor participación histórica, pero
también hay empresas en Tucumán, Salta, Jujuy y San Luis.
El 9 de febrero, Alberto Fernández, en
reunión con empresarios del sector azucarero tucumano, había prometido
continuar el régimen vigente. Pero la aparición en los últimos días de un
proyecto paralelo redactado por Máximo Kirchner cambió las reglas del juego.
Ante la aparición de un proyecto propio, el oficialismo cambió de rumbo y los y
las 120 diputados y diputadas del Frente de Todos no dieron quórum de la
prórroga del proyecto que su mismo partido había votado unánimemente en el
Senado.
El proyecto de Máximo Krichner aún no ha sido
publicado, pero desde el oficialismo se declaró que favorecería a las Pymes del
sector y que bajaría el corte entre cinco y siete por ciento.
Se espera que el oficialismo avance en el
tratamiento de este proyecto paralelo para lograr aprobarlo antes del
vencimiento del régimen actual. En un año electoral, dejar vencer dicho régimen
sin ofrecer una opción superadora podría añadir una gran piedra en la intención
del Frente de Todos de no confrontar directamente con el sector agropecuario
industrial. Para esto, deberá lograr consenso y alianzas con legisladores de la
oposición que responden a intereses productivos industriales de sus provincias,
incluso por encima de sus lealtades partidarias.
La unanimidad que hace pocos años se mantenía
en la alianza interprovincial conocida como “liga bioenergética” hoy está
desdibujada. Es en ese marco que parece poco probable que el consenso para un
nuevo marco regulatorio pueda lograrse, con la añadida presencia de ser un año
electoral.
Mientras el NOA se especializa en bioetanol
de azúcar, Córdoba produce principalmente bioetanol de maíz.
Así chocan voces como la de Sergio Busso,
ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, que no dudó en acusar a las
petroleras de boicotear al sector y que reclaman
aumentos en el corte y sendas de precios que puedan dar
“previsibilidad” al sector de agrocombustibles. Por otro lado, la senadora
Silvia Elías de Pérez de la UCR-Tucumán hizo
también lo propio para defender a la industria azucarera, la cual ya tiene
un corte para el etanol del 12 por ciento, con un dos por ciento exclusivamente
destinado a ser cubierto por ingenios azucareros. Este corte fue instaurado por
la alianza Cambiemos en el marco del llamado Plan Belgrano, realizado luego de
movilizaciones por el posible cierre de los ingenios azucareros durante 2017 y
2018.
Desde Córdoba, resienten el supuesto
favoritismo hacia la caña de azúcar, y adjudican
el rechazo al maíz como preferencias partidarias hacia el gobernador
Manzur (al igual que la promesa de rentabilidad del presidente realizada en
Tucumán).
Así, mientras medios de comunicación y
legisladores hablan de “provincias petroleras vs. provincias sojeras”, al mismo
tiempo implica una invisibilización de las relaciones de poder: sería más
cercano hablar de legisladores que responden a las élites del sector
petrolero contra legisladores que responden a intereses del sector agroindustrial.
El principal punto en común en el reclamo del
sector de agrocombustibles es el de certeza, la “necesidad de previsibilidad”.
Esto responde simplemente a la condición inevitable para la inversión privada
que el sector exige: renta extraordinaria. Y como el mercado del
agronegocio se maneja con logísticas internacionales, el riesgo sobre las
inversiones también es de magnitud global. Estos riesgos para las inversiones
privadas dependen de factores tan complejos como el clima cambiante, el volumen
de las cosechas o la capacidad de producción de otros países. Incluso entra en
juego la demanda europea de combustibles que reduzcan sus emisiones de carbono,
aunque esto signifique la expansión de la frontera del monocultivo sojero
en países del sur geopolítico.
La financiarización en el uso de la tierra y
los cultivos es promovido como una intervención tecnológica beneficiosa,
presentada como agregado de valor y promocionada como motor del desarrollo,
solución al cambio climático e incluso a la crisis del petróleo, pero en la
práctica resulta ser parte del problema. Es parte de mecanismos que
obstaculizan el avance en proyectos y horizontes que avancen hacia la soberanía
alimentaria y territorial de la población. En un país que sigue sufriendo el
hambre y la malnutrición, es necesario progresivamente desmercantilizar el
sector agropecuario y fortalecer redes de agricultura familiar y agroecológica
que provean de alimento saludable y trabajo real a una mayor porción de la
población. En términos energéticos, la reducción en la demanda de energía de
los cultivos agroecológicos, en comparación con la energía fósil utilizada por
el agronegocio presenta una alternativa más justa, resiliente y sustentable que
la de los agrocombustibles.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/biocombustibles-los-legisladores-bailan-al-ritmo-de-los-sectores-empresarios/