CASACIÓN ORDENÓ REABRIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS EX EMPRESARIOS DE LA CAUSA INGENIO FRONTERITA

El abogado Pablo Gargiulo, representante de las querellas de las víctimas y el Estado en la causa que se sigue por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el ingenio tucumano de La Fronterita, durante la última dictadura cívico militar, consideró que “los empresarios imputados deben ser procesados” tras el fallo de Casación que esta semana ordenó reabrir la investigación de los hechos.

“Estamos ante un fallo que anula una falta de mérito dictada por el juez de instrucción y una cámara federal de apelaciones. Creemos que ahora está todo dado para que se dicte un procesamiento y se abra el camino al juicio oral”, señaló Gargiulo en declaraciones a Télam.

Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos dejaron sin efecto la falta de mérito que había dictado el juez federal de Tucumán Daniel Bejas a favor de los ex directores del ingenio Alfredo José Martínez Minetti, Fernando Cornú de Olmos, Eduardo Butori y de Jorge Alberto Figueroa Minetti, que había sido confirmada en julio por la Cámara de Apelaciones de Tucumán.

Un mes después, el Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos de Tucumán pidieron ante la Cámara de Casación Penal que se revoquen las medidas dictadas en favor de los exadministradores de "La Fronterita".

 "Se trata de un caso paradigmático de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado y que se debe investigar el rol que tuvieron los empresarios con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los trabajadores del ingenio", apuntó Gargiulo, integrante de la Asociación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).

Esta entidad representa una querella que siguen los familiares de Fidel Jacobo Ortiz, un trabajador y gremialista de la industria azucarera que se encuentra desaparecido. Los familiares de la víctima piden que se investigue la implicación que tuvieron directivos del grupo Minetti con ese y otros 67 hechos ocurridos entre 1975 y 1977 en La Fronterita.

El fiscal federal de Tucumán Pablo Camuña y la querella de Andhes pedían que se investigara a Figueroa Minetti, Butori, Martínez Minetti y Cornú de Olmos, integrantes del consejo directivo de La Fronterita en la provincia durante el desarrollo del Operativo Independencia y la dictadura.

Mediante ese plan operativo, el Ejército se desplegó en la provincia con el propósito de exterminar los focos guerrilleros que el PRT-ERP había instalado en las zonas rurales, y se cometieron violaciones a los derechos humanos que aún se siguen investigando en la Justicia Federal.

La investigación del Ministerio Público y de los organismos estableció que en ese ingenio, ubicado en el departamento de Famaillá, el grupo Minetti permitió que se instalara un centro clandestino de detención ilegal donde trabajadores y habitantes de las colonias de la zona padecieron cautiverios y torturas.

"El grupo Minetti aportó logística, camionetas e instalaciones para que la represión se llevara a cabo en el ingenio y obtuvieron un beneficio económico de ello. Es un caso muy parecido a lo que sucedió en Jujuy con el Ingenio Ledesma", sostuvo el letrado al establecer un paragón con el caso que involucra a la familia Blaquier en una causa de represión ilegal.

Sin embargo, el entonces juez Bejas -hoy miembro de la Cámara Nacional Electoral de La Plata- había dictaminó que los empresarios "fueron víctimas del terrorismo de Estado", al igual que los trabajadores y pobladores de la zona que pasaron por el centro de detención ilegal que funcionó en "La Fronterita". Por su lado, El pasado 7 de julio, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán había convalidado esa sentencia y, al emular al magistrado de primera instancia, dictaminó la falta de mérito para los ex directivos y ordenó que la investigación se limite a las efectivos militares que operaron en la zona.

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