QUE LA REVISIÓN TARIFARIA DE LOS SERVICIOS SEA LEGAL, NO SIGNIFICA QUE SEA LEGÍTIMA


El presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Tucumán, Miguel Paz manifestó su preocupación por los aumentos en las tarifas de luz y agua. Consideró que el anuncio es inoportuno.

Durante la última semana, las usuarias y los usuarios de los servicios de energía eléctrica y de aguao, nos vimos sorprendidos por un inoportuno anuncio por parte del ente de contralor ERSEPT, al autorizar abrir el debate público para definir nuevos aumentos en las tarifas.

Si bien comprendemos que la solicitud de actualización de la tarifa (VAD / VAASR) realizada por las empresas EDET SA y SAT SAPEM se encuadra dentro un sistema legal vigente, y que por la Ley Provincial N° 8479 es el ERSEPT quien debe autorizarlas, previa audiencia pública donde los usuarios podamos ser partícipes y escuchados (aunque nuestra opinión no sea vinculante), creemos que llevar a cabo este proceso es totalmente desacertado en este momento donde estamos sufriendo grandes picos de contagios del COVID-19.

Escuchamos decir por algunos actores de la sociedad, que lo convocado por el Directorio del ERSEPT es “inconstitucional” o que “está violando leyes y DNU presidenciales”, cabe recordar que este proceso, ERSEPT lo tenía previsto desde antes de la pandemia y que hasta la fecha fueron dictando resoluciones para suspender el tratamiento de las revisiones (por la pandemia) debidas a las empresas por el segundo semestre de 2019 y que cumplió con la reglamentación prevista para convocar a la ciudadanía para participar de las Consultas Documentadas y Audiencia Pública. También escuchamos a las autoridades del ente y de las empresas justificar la medida para dar sustentabilidad a los servicios y generar las inversiones necesarias.

Respecto a las distintas medidas que con mucho esfuerzo viene realizando el gobierno nacional, es necesario mencionar la Ley 27.541 “LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA”, que se sancionó al inicio del mandato de Alberto Fernández donde se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social debido al desastre de la gestión anterior.

En su artículo 5° establece que el Ejecutivo Nacional ha de mantener las tarifas de electricidad y gas hasta fin de año (luego de varias prórrogas a través de DNU) y a iniciar un proceso de revisión que determine montos más favorables para las usuarias y usuarios de los servicios que se encuentren en la órbita de su jurisdicción, es decir, aquellos controlados directamente a través de los Entes Nacionales Reguladores de Energía y Gas (ENRE / ENARGAS), o sea solo para esa porción de argentinas y argentinos residentes en CABA. Ahora, este artículo invita a las provincias a que se adhieran a esta medida y que por lo tanto dicten las normas necesarias para su cumplimiento. 

 

Es por eso que desde La Unión de Usuarios y Consumidores, hicimos una recomendación a la Honorable Legislatura de Tucumán, a través del presidente de las comisiones de Defensa de las y los Consumidores y Energía, Eduardo Cobos, para que la provincia adhiera de forma inmediata o proceda a sancionar una norma local que determine la suspensión de los aumentos, fijando un plazo de gracia favorable para el bolsillo de las tucumanas y tucumanos que se está viendo afectado por la circunstancia de salud extraordinaria.

Es nuestro deber como ciudadanos y como institución aportar para una solución pacífica y favorable para la población, por eso nos ponemos a disposición de quienes la requieran para trabajar juntos en la elaboración de una normativa que fije tarifas más justas, más razonables y sobre todo más humanas.-

Miguel Paz es abogado y presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores

 

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