La Fiscalía
General ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán continuó celebrando acuerdos
por juicios abreviados en el marco de la pandemia de Covid-19, a pesar del
impacto significativo que tuvo en el trabajo cotidiano y estratégico de la
dependencia.
Según se puso
en conocimiento, y en uso de esta facultad prevista en la ley, la fiscalía a
cargo de Pablo Camuña logró la homologación de 19 acuerdos por juicio abreviado
desde la segunda quincena de junio hasta la fecha a través de distintas
plataformas virtuales, lo que implicó un esfuerzo para desarrollar audiencias
tanto de acuerdo con los imputados y sus defensas técnicas, como también con el
Tribunal a cargo de celebrar audiencias de visu para su homologación.
En ese marco,
se obtuvo la condena de 42 personas por la comisión de delitos de la ley de
estupefacientes 23.737, con el secuestro implicando de más de 68 kilos de
cocaína de máxima pureza y de más de tres kilogramos de marihuana. Las
condenas, acordadas y homologadas por el Tribunal tucumano, superan los nueve
años en algunos casos, y se impusieron multas que, en total, superan
ampliamente los nueve millones de pesos.
En particular,
la dependencia destacó que se obtuvo acuerdo y condena por juicio abreviado en
el marco de causas con macrocriminalidad, es decir, con organizaciones de
envergadura dedicadas al comercio de estupefacientes, como la causa conocida
como “Pasarín”.
Allí se condenó
como organizador a Mario Pasarín a nueve años y cuatro meses de prisión, junto
a otras nueve personas -con penas desde seis años hasta ocho años y ocho meses
de prisión- por organizar un grupo para la importación y tráfico de cocaína
proveniente de Bolivia y el norte del país. En esta causa se condenó a
proveedor, comprador mayorista, y también a personas que se encargaban de la
distribución en Tucumán, así como la venta por menudeo en la capital
provincial, la ciudad de Famaillá y otros puntos.
Recupero de activos
En el marco de
los juicios abreviados y en cumplimiento de la política criminal establecida
por la Procuración General de la Nación, se obtuvo el decomiso de bienes
registrables como política de recupero de activos de orden ilícito producto del
delito. En ese orden de ideas, en estas causas de bandas narcocriminales se
requirió y se consiguió que el Tribunal ordenara el decomiso de casi una decena
de vehículos, sobre los que luego se solicitó que sean puestos a disposición
del Ministerio de Salud de la provincia para su uso en las medidas por la
pandemia de Covid-19.
Nuevas formas de trabajo
Desde la fiscalía general señalaron que el trabajo desarrollado implicó un esfuerzo de todo el equipo que la conforma, que debió adaptarse a partir de marzo al formato del teletrabajo, poner a punto las diversas herramientas de control remoto del flujo procesal y reorganizar los sistemas internos de asignación de causas, control, presentación de escritos, notificaciones, vistas, etcétera. En ese sentido se estimó que, no obstante las dificultades, se obtuvieron resultados "altamente satisfactorios para la concreción de la política criminal del Ministerio Público Fiscal de la Nación".