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| Gustavo Arribas y Silvia Majdalani pretendían que el expediente pasara a los tribunales de Retiro. |
El juez federal de Lomas de Zamora rechazó enviar la investigación a su par porteña María Eugenia Capuchetti, como había dispuesto la sala I de la Cámara Federal con sede en los tribunales porteños de Retiro.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan
Pablo Augé, rechazó hoy inhibirse de seguir interviniendo en la causa en la que
se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, por lo que descartó
cederle el expediente a los tribunales de Comodoro Py.
La decisión del magistrado significa un nuevo revés para los procesados exjefes
de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia
Majdalani, quienes pretendían que el expediente pasara a los tribunales de
Retiro.
Augé remarcó que el expediente que tramita ante la justicia federal de Lomas de
Zamora se encuentra acumulado a otro en el que se investigan maniobras
similares sobre dirigentes políticos, sindicales, religiosos y periodistas, por
lo que corresponde "desmembrar" la pesquisa y, tras trabar la
cuestión de competencia, le dio intervención a la Cámara Federal de la Plata
para que se expida en el asunto.
"Resulta más que confuso el planteo de inhibitoria, ya que desmembrar esta
pesquisa de esa forma es violatorio de los derechos de defensa en juicio de los
imputados, como así la afectación de los querellantes para el ejercicio de sus
derechos", sostuvo el juez Augé en el fallo de doce páginas al que tuvo
acceso Télam.
El magistrado respondió así a un planteo de inhibitoria que le formuló su par
porteña, María Eugenia Capuchetti, quien –a instancias de la Cámara Federal de
la ciudad de Buenos Aires- le había reclamado la competencia sobre la causa en
la que ya están procesados Arribas y Majdalani por violación a la ley de
inteligencia y por falsedad documental, dado que se los acusa de haber ordenado
producir documentación para intentar tapar el espionaje ilegal.
"El epicentro de la maniobra con la que se pretendió dar cobertura a las
acciones prohibidas desplegadas, resultó una causa judicial de esta
jurisdicción y fue aquí donde esos informes ideológicamente falsos fueron
presentados y produjeron sus efectos hasta la actualidad", sostuvo el juez
Augé.
Y recordó que los documentos presuntamente falsos que produjo la AFI para
ocultar el espionaje fueron presentados entonces ante la justicia federal de
Lomas de Zamora, en el marco de un expediente en el que se investigaban falsas
alertas de atentado vinculadas con la realización de una cumbre del G20 en
Argentina.
"No sólo coloca un aspecto esencial del accionar delictivo en esta
jurisdicción, sino que, además, del análisis de la documentación pertinente se
advierte que las observaciones y seguimientos introducidos allí son
significativamente más amplios que los indicados" por quienes intentan
llevar la causa a Comodoro Py.
En ese sentido, agrega que "el mismo informe revela que la actividad
incluyó también a Mauricio Macri, Diego Santilli, Graciela Ocaña, Waldo Wolf y
María Eugenia Vidal", por entonces gobernadora de la Provincia de Buenos
Aires.
"Paradigmático en este sentido resulta el despliegue de tareas que pueda
haberse realizado sobre la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, pues probablemente las acciones de inteligencia a su respecto
nunca hayan tenido lugar en el ámbito de CABA", remarcó el magistrado.
"Una parte sustancial de la prueba se encuentra aquí y esta investigación
tiene un grado de avance muy importante, con más de veinte personas indagadas,
a los que precisamente se agregaron Silvia Majdalani; Gustavo Arribas y Darío
Nieto (secretario de Macri)" quienes están citados para los días 6, 8 y 9
de octubre próximo, agregó el juez, al señalar la acumulación de evidencias en
la causa del Instituto Patria.
"Aquí también es aplicable el principio básico del Juez que previno y que
tiene más avanzada la pesquisa, para no demorar con planteos de competencia la
sustanciación de proceso, elemento fundamental para dar satisfacción al pronto
juzgamiento del delito que le fuera imputado al detenido de autos",
resaltó el juez.
El planteo para que la causa pase a los tribunales federales de Comodoro Py
había sido rechazado por la fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona y Santiago
Eyherabide; por la querella de la vicepresidenta y por las defensas de algunos
de los espías investigados en el expediente, según pudo reconstruir esta
agencia de fuentes judiciales.
La resolución se conoció al mismo tiempo que el exespía Leandro Araque ampliaba
su declaración indagatoria, a través de la plataforma virtual zoom, en el marco
del expediente en el que se le atribuye participación en 18 maniobras de
supuesto espionaje político ilegal.
El también expolicía metropolitano, que se negó a responder preguntas,
cuestionó el inició de la investigación y tachó de "falsa" la
declaración del narcotraficante Sergio "Verdura" Rodríguez, quien
dijo ante la justicia que en su momento fue contactado por agentes de la AFI
para colocar un explosivo en el acceso a un edificio en el que se creía que
vivía un exfuncionario del Ministerio de Defensa, que antes había pasado por la
AFI y que en el mundo de la inteligencia se lo sindicaba como un eventual
competidor de Arribas.
La estrategia de cuestionar el inicio de la causa parece ser el camino elegido
por los espías para esta segunda ronda de indagatorias, dado que a la misma
estrategia –y con el mismo abogado defensor, Fernando Sicilia- recurrió el
viernes el ex agente de inteligencia y abogado, Facundo Melo.
Para mañana está convocado Jorge "el turco" Sáez, señalado como quien
reclutó a los espías, ahora investigados por la justicia, que compartían el
grupo de whatsapp titulado Súper Mario Bross, del que salió buena parte de la
prueba que engrosa el expediente.
A todos los imputados se los acusa de "haber conformado una organización
criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial
desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la
Agencia Federal de Inteligencia", desde la cual llevaron a cabo
actividades de inteligencia ilegal en distintos períodos y en diversas
jurisdicciones, según surge de la imputación que les fue remitida a las partes,
a la que Télam tuvo acceso.
Fuente: Telam