El cierre de 11 ingenios decidido el 21 de agosto de 1966 por Jorge Salimei, ministro de Economía de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, provocaría un cataclismo social y económico en la provincia. El acontecimiento implicó también el inicio de un proceso de resistencia de los distintos sectores afectados por la medida que habría de tener como principal protagonista a la clase obrera azucarera.
Las terribles condiciones sociales --desocupación, hambre, éxodo masivo-- generadas por la brutal medida tomada por la dictadura militar en contra de la industria azucarera tucumana convertirán a la provincia en un polvorín cuyos estallidos no se harían esperar.
La visibilidad social y política que adquiere la
cuestión azucarera se explica, entre otras razones, por la tradición de lucha
de los obreros azucareros tucumanos y en el hecho muy importante de que éstos
poseían una poderosa organización sindical: la Federación Obrera de Tucumana de
la Industria Azucarera (FOTIA).
- a fines de 1966 más
de 9.000 pequeños cañeros han perdido sus cupos de producción
- otros tantos seguirán el mismo camino al año
siguiente
- para principios de
1967, más de 17.000 trabajadores (un 35% del total de 1966) están en la calle
con el cierre de los ingenios y la reducción del personal en los que siguieron
funcionando
- al mismo tiempo cientos de pequeños comerciantes debieron cerrar sus negocios a causa de la recesión
- el índice de desocupación en Tucumán llegó al 10% durante el año 1967 y trepó hasta casi el 15% entre 1968 y 1969 (el nivel general de desocupación del país estaba alrededor del 4,5%).
- en un plazo de tres años se constató un proceso migratorio que llevó a abandonar la provincia a más de 150.000 personas, sobre una población cercana a los 750.00 habitantes.
Reclamos y protestas
En el marco de estas protestas, el 12 de enero de 1967
la represión a los obreros de los ingenios Santa Lucía y Bella Vista dejó como
saldo la muerte de Hilda Guerrero de Molina que se convertiría en símbolo de la
lucha contra el cierre de los ingenios.
El siguiente pico de conflictividad se registró en
enero de 1968.
En San Pablo, como protesta por 97 cesantías en el
ingenio que permanecía abierto, los trabajadores, sus dirigentes gremiales, el
cura local Raúl Sánchez y sectores estudiantiles organizaron una misa seguida
de una manifestación que terminó con la destrucción de la vivienda de un
funcionario del ingenio.
La policía no sólo reprimió la manifestación
encabezada por el párroco local y detuvo a varios dirigentes obreros en los
días sucesivos, sino que el gobernador elevó una nota al encargado de la
diócesis de Tucumán condenando la actitud del párroco Sánchez por “subversiva”
y justificando su orden de captura.
El arzobispo de la provincia no se amilanó ante la
presión del Estado provincial y respondió: “el origen de los tumultos no hay
que buscarlo ni en la intención del presbítero Sánchez ni en su presencia en la
caravana, sino en las injusticias que sufre el pueblo”.
Para 1969 la FOTIA no podía ocultar los signos del
desgaste sufrido por varios años de lucha y de feroz represión que no pudieron
revertir el cierre de 11 ingenios en un solo año, una brutal reducción de los
niveles de producción, porcentajes altísimos de emigración y desempleo y una
caída vertiginosa de la sindicalización azucarera.
Un dato resulta esclarecedor para comprender el declive de la protesta obrera. De 36.000 afiliados en FOTIA en 1966, sólo quedaban 19.000 en 1969.
La clase obrera azucarera que había tenido un papel central en la lucha contra la dictadura militar instaurada en junio de 1966 coincide en su lucha con un nuevo emergente protagónico: el movimiento estudiantil que levanta además las banderas políticas del conjunto de los sectores populares de la provincia. Las huella de la lucha de los trabajadores fueron reconocidas por múltiples demandas de los estudiantes tucumanos.
Fuente: Comunicación Pública - Tucumán (2016)