Derechos humanos
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REPUDIO Y MOVILIZACIÓN POR LA LIBERACIÓN DE LOS ASESINOS DE JAVIER CHOCOBAR
“En argentina no hay justicia para los pueblos originarios. Liberaron a los asesinos de nuestra autoridad Javier Chocobar”, dice un comunicado de la comunidad de Chuschagasta.
En otro párrafo, la nota sostiene que “a casi
dos años de la sentencia, la Corte Suprema tucumana aún no ha dictado sentencia
firme, por lo cuál los asesinos fueron liberados y lxs Chuschagastas nos vemos
sumidos en un profundo pánico, temor e incertidumbre de vida nuevamente. Los
responsables de esta aberración de la justicia tienen nombre y apellido, son
las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, el juez Emilio Paéz de la Torre
y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira”.
Texto del comunicado:
EN ARGENTINA NO HAY JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS.
LIBERARON A LOS ASESINOS DE NUESTRA AUTORIDAD
JAVIER CHOCOBAR.
Con profundo dolor y angustia, lxs
Chuschagasta expresamos nuestro enérgico repudio ante la liberación de los
asesinos de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar por parte del Poder
Judicial de la Provincia de Tucumán. Una vez más la justicia tucumana actúa en
contra de los derechos y de la vida de los Pueblos Originarios.
Nueve años tuvimos que esperar para que el
Poder Judicial, blanco, occidental y fascista, deje de hacer oídos sordos y
escuche nuestro grito de justicia por el asesinato de nuestra autoridad,
comunero, padre, tío, hermano, hijo. Luego de un proceso judicial traumático y
viciado, y tras un fallo favorable que condenó a los asesinos Darío Amín, Luis
Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, creímos que podríamos comenzar a dar un
cierre a esta década de miedo y dolor, y seguir adelante reconstruyendo nuestra
vida en comunidad, a pesar de que nadie nos va a devolver a Javier. Sin
embargo, como de costumbre, el Poder Judicial y las personas que lo integran,
una vez más actúan en connivencia para hacer prevalecer el poder de los
terratenientes por encima de nuestros derechos humanos y ancestrales como
pueblos originarios.
A casi dos años de la sentencia, la Corte
Suprema tucumana aún no ha dictado sentencia firme, por lo cuál los asesinos
fueron liberados y lxs Chuschagastas nos vemos sumidos en un profundo pánico,
temor e incertidumbre de vida nuevamente. Los responsables de esta aberración
de la justicia tienen nombre y apellido, son las juezas María Fernanda Bahler,
Wendy Kassar, el juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez
Rivadeneira.
La justicia racista no hace más que acentuar
las desigualdades y violencia que desde hace más de 500 años venimos sufriendo
y resistiendo los pueblos originarios. Nos preguntamos ¿cuándo los pueblos
originarios dejaremos de ser ciudadanos de segunda para el Estado y la Justicia
en Argentina?. Resulta urgente la democratización de la justicia y la
aplicación del Derecho Indígena vigente a nivel nacional e internacional y la
creación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para el resguardo físico,
jurídico y territorial de nuestros pueblos.
Para nosotrxs, no existen los Derechos
Indígenas ni los Derechos Humanos mientras los asesinos y genocidas de Javier
Chocobar estén libres y siga en peligro la vida de nuestra Comunidad.
No vamos a renunciar al pedido de Justicia
para nuestra Autoridad Tradicional y nuestro Pueblo. Exigimos a la Corte
Suprema de Justicia de Tucumán que de una vez por todas deje de dilatar los
plazos y haga firme la sentencia condenatoria a los asesinos Dario Amín, Luis
Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, de 22, 18 y 10 años de prisión
respectivamente, en cárcel común.
Exigimos el resguardo urgente de la vida de
toda nuestra Comunidad en su conjunto y hacemos responsables a las juezas María
Fernanda Bahler, Wendy Kassar, al juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal
Marta Jerez Rivadeneira, a la Corte Suprema de Justicia Tucumana y al Poder
Judicial, ante cualquier hecho de violencia que puedan sufrir las y los
Chuschagasta.
¡JAVIER CHOCOBAR PRESENTE!
¡BASTA DE DESPOJO TERRITORIAL!
¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡MEMORIA,VERDAD,JUSTICIA Y TERRITORIO!
El
caso:
Javier
Chocobar era un comunero que luchó por lo que consideraba su derecho ancestral sobre
la tierra que habitaba que era una fuente de recursos naturales también para algunos
intereses privados interesados en explotar esa cantera de lajas.
Producto
de esa disputa, Javier Chocobar fue a manos de quien se consideraba un empresario, Darío
Amin, el ex policía Luis “el niño” Gómez y Juan Valdivieso,
Darío
Amín fue condenado por un tribunal integrado por los jueces Wendy Kassar,
Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, acusado de los delitos de
"homicidio agravado" en el caso de Chocobar y de "tentativa de
homicidio" en los casos de Emilio y Andrés Mamaní, los otros dos miembros de
la comunidad, heridos en el ataque.
Tambien fueron
condenados dos ex policías tucumanos: Luis Gómez, que recibió 18 años de
prisión, y Eduardo Valdivieso, a quien le dieron 10 años de cárcel. Ambos como
partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación de
armas.
La
razón de la inminente salida de los tres condenados es que vencieron los
términos de la prisión preventiva y se superó el plazo previsto para que la
condena quede firme. La Corte Suprema adeuda el fallo que defina el proceso y
por eso Amín, junto a los otros condenados, deberá presentar una caución de 1
millón de pesos para poder salir del penal donde está alojado. Los tres habían
sido condenados hace más de un año y en su momento el fallo del tribunal
representó una forma de reparación histórica y fue tomado como símbolo del
reclamo de los pueblos originarios por el acceso a la tierra.