PIDEN URGENTES MEDIDAS PARA SANEAR LA FUERZA POLICIAL TUCUMANA

PIDEN URGENTES MEDIDAS PARA SANEAR LA FUERZA POLICIAL TUCUMANA



El Colegio de Abogados de Tucumán se pronunció con un fuerte documento en relación a la muerte y posterior desaparición de Luis Espinoza, perpetrado por efectivos policiales. Sostiene que el ministro de Seguridad, Claudio Maley, incurrió en  “una innegable mala praxis en el cumplimiento de su función”. 

El comunicado lleva la firma de las máximas autoridades del Colegio, los abogados Marcelos Billone, presidente, y Carlos Casal, vice. La nota sostiene que fuerzas policiales de Tucumán ”exhiben una seria degradación en su calidad de garantes de la seguridad pública, siendo esta circunstancia una constante histórica”.

También expresa la preocupación del Colegio ante lo que considera "verdadera descomposición del Estado que en no pocas oportunidades ha tenido conexión con sectores civiles dirigenciales de la política tucumana y se traduce en una baja calidad institucional en el manejo de la cosa pública"

Luego advierte sobre la capacitación que recibe la policía, acerca de los cual no se sabe en qué consiste, especialmente en “materia de derechos humanos (tanto en la Escuela de Policía como cuando se incorporan efectivos de bajo rango), tema éste crucial para poder diseñar un cambio de paradigmas en el accionar de la fuerza policial”.  En este contexto, el Colegio de Abogados exige “que se den a conocer los programas analíticos sobre qué tipo de cursos se han implementado al respecto para erradicar estos hechos (caso Espinoza) que se repiten con lamentable frecuencia y que resultan inaceptables, máxime en el marco de un estado de derecho republicano y democrático”.

Texto del comunicado:


El Colegio de Abogados de Tucumán en su carácter de organismo de la administración de justicia asiste alarmado a la grave situación existente en relación a las fuerzas policiales de la Provincia que exhiben una seria degradación en su calidad de garantes de la seguridad pública, siendo esta circunstancia una constante histórica cuyo último suceso se aprecia claramente en el caso del asesinato de Luis Espinoza que ha tomado estado público y demuestra acabadamente la existencia de bolsones de corrupción en los cuadros policiales. En tal sentido, cabe expresar la preocupación de este Colegio ante esta verdadera descomposición del Estado que en no pocas oportunidades ha tenido conexión con sectores civiles dirigenciales de la política tucumana y se traduce en una baja calidad institucional en el manejo de la cosa pública.

Debemos señalar y advertir enfáticamente la manifiesta incapacidad del Poder Ejecutivo, de quien depende la fuerza policial, para implementar políticas concretas que desarticulen en forma efectiva a estos delincuentes enquistados en el sistema y a los dirigentes civiles vinculados a los graves hechos denunciados desde largo tiempo atrás. En la actualidad la lamentable actuación del ministro del área en la coyuntura, ha expuesto una innegable mala praxis en el cumplimiento de su función sin que ello haya sido corregido por la cabeza de la administración.

Asumiendo el compromiso que como institución nos cabe desde lo legal, indicamos que no se sabe en absoluto cuál es el nivel de capacitación de los efectivos policiales en materia de derechos humanos (tanto en la Escuela de Policía como cuando se incorporan efectivos de bajo rango), tema éste crucial para poder diseñar un cambio de paradigmas en el accionar de la fuerza policial. Cabe exigir que se den a conocer los programas analíticos sobre qué tipo de cursos se han implementado al respecto para erradicar estos hechos que se repiten con lamentable frecuencia y que resultan inaceptables, máxime en el marco de un estado de derecho republicano y democrático.

En razón de lo apuntado, exhortamos al Sr. Gobernador de la Provincia en su carácter de jefe de la administración pública, a adoptar de manera urgente y efectiva medidas que permitan sanear a la fuerza policial excluyendo a los integrantes de la misma que no se ajustan en sus procederes con apego irrestricto a la ley e implementar, haciéndolo conocer a la sociedad, políticas concretas de capacitación en derechos humanos en todos los niveles a fin de generar a la brevedad el cambio que la sociedad tucumana necesita en forma urgente en aquellos que están encargados de preservarla y cuidar el imperio de la ley.


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