Rechazan propuesta de Piñera para liberar a los genocidas de la ditadura
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| Los principales genocidas en Punt Peuco |
Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Chile alegaron ayer lunes contra la “impunidad” impulsada por senadores oficialistas, que intentan que el Tribunal Constitucional (TC) beneficie a criminales de lesa humanidad en una ley que busca descongestionar las cárceles de presos comunes ante el avance del coronavirus.
La ley, impulsada por el presidente Sebastián Piñera, fue aprobada el miércoles pasado con la mayoría de los votos de la oposición de centroizquierda en el Congreso, pero no se puede aplicar hasta que el TC resuelva si es constitucional o no por no incluir a los violadores de derechos humanos en dictadura (1973-1990).
No hay plazo para el pronunciamiento del tribunal.
Mientras tanto, el nuevo virus sigue expandiéndose en una sobrepoblada comunidad penal de una cárcel de la barriada pobre de Puente Alto, donde hay 59 custodios y 24 presos contagiados, según cifras oficiales, en un país que acumula 7.525 infectados y 82 fallecidos.
En su alegato, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se cuestionó si se puede “canjear oportunistamente la vida de 1.300 presos comunes” por la de los violadores a los derechos humanos.
A 46 años del retorno a la democracia en Chile, se sigue buscando a cerca de un millar de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.
La dictadura militar dejó más de 40.000 víctimas, incluidos más de tres mil asesinados, la mayoría desaparecidos, en cuya búsqueda no colaboraron los criminales condenados y recluidos en amplios recintos.
El proyecto de ley, que busca sacar a unos 1.300 presos, ingresó al Congreso el 25 de marzo y tardó dos semanas en ser aprobado. Catorce senadores de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), incluso antes de que fuera aprobada, presentaron un requerimiento al TC para que la declara inconstitucional porque, alega, no respeta los derechos de igualdad ante la ley ni la de protección de la vida.
Piñera llamó el fin de semana a los senadores oficialistas a retirar su requerimiento del TC. Sin embargo, el lunes se sumó otro respaldado por 40 diputados afines al gobierno, lo que podría implicar mayor retraso en el pronunciamiento del tribunal, que antes de unir en una sola causa las presentaciones de los legisladores, debe pronunciarse si es o no admisible.
“¿Cuánto más tenemos que seguir esperando para que esta ley entre en vigencia?”, clamó Sergio Mico, director del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En los alegatos participaron más de una veintena de personas, entre ellas la diputada opositora Natalia Castillo, quien dijo que hay 22 mujeres con hijos menores de dos años que no pueden seguir cumpliendo sus condenas en sus viviendas porque fue frenada por parte del oficialismo para favorecer a los criminales de lesa humanidad.
Los favorecidos por la ley son los mayores de 65 años con la mitad de su condena cumplida, todos los mayores de 75 años, las mujeres embarazadas y las que viven en la cárcel con sus hijos pequeños.
Unos 200 condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet viven en un anexo de una cárcel común donde no ven a los presos y en Punta Peuco, un recinto construido especialmente para ellos en el que no existe hacinamiento, se dispone de agua, ventilación y espacio suficiente para mantener la distancia que busca prevenir el contagio con el coronavirus.
Ante las presiones de su sector político, Piñera reactivó un proyecto de indulto humanitario, rechazado por la mayoría opositora, que busca liberar a violadores de derechos humanos de avanzada edad y con problemas de salud terminales, pero no tuvo efecto en el oficialismo.
Fuente: tucumanhoy.com